¿Poder Ejecutivo al Parlamento?: Oficialismo considerará si es prudente que el gobierno defienda o n

Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional e integrante de la Comisión de Constitución Códigos y Legislación, propuso el llamado al secretario de la Presidencia, al prosecretario de la Presidencia y a Planificación de Presidencia de la República por el tema del contrato con UPM II. Los legisladores que integran esa comisión por parte del Frente Amplio (Pablo González, Macarena Gelman y Cecilia Bottino) solicitaron una semana más de plazo, aduciendo que van a consultar a la fuerza política para ver si pueden o no acompañar este llamado, esta citación.

Como una semana más o una semana menos no hace a la cosa, Abdala le otorgó esa semana; pero reiteró que para él es prioritario que vengan a hablar sobre el contrato con UPM II: “planteamos la convocatoria del secretario y prosecretario de la Presidencia de la República y del director de Planeamiento frente al planteamiento que recibimos con relación al contrato que el Estado celebró con UPM, porque hay un planteo ciudadano -a nuestro juicio muy contundente- señalando las claras inconstitucionalidades que ese acuerdo seguramente tiene, planteando la eventual afectación de la soberanía en distintos aspectos, planteando que quienes suscribieron este acuerdo en nombre del Uruguay, estos funcionarios que ni siquiera tienen jerarquía ministerial, no representan ellos por sí solos al Poder Ejecutivo, comprometieron el interés del país durante mucho tiempo, comprometiendo las futuras administraciones también. Y desde ese punto de vista -entendemos nosotros- puede haber nulidad en todo lo actuado. Es menester que el Poder Ejecutivo se expida sobre esto y por eso pedimos la convocatoria de quienes suscribieron el contrato, es decir el secretario y prosecretario de la Presidencia y el director de la OPP. El Frente Amplio estuvo vacilante, en principio se manifestó reticente y al final de cuentas nos pidió una semana de plazo para llevar el tema a su bancada, para hacer un análisis político del asunto y darnos una respuesta. Nosotros como queremos que el tema se procese, concedimos ese tiempo. Entendemos que además por razones de cortesía parlamentaria corresponde, pero anunciamos que mantenemos la moción y que pedimos por lo tanto en los próximos días un pronunciamiento definitivo”.

¿Usted tiene elementos para poder llevar adelante esta convocatoria? Mire, los elementos que tenemos son un escrito muy contundente que fue presentado por varios cientos de ciudadanos que merecen atención.

¿Pero conocen el contrato de estos ciudadanos? Sí, naturalmente, lo hicieron sobre la base de lo que el Poder Ejecutivo ha publicado, de lo que se conoce públicamente, de los términos de ese contrato. Fíjese usted que aquí se dice que podría haber una invasión de la competencia legislativa en cuanto se firman contratos que en condiciones normales debieran ser sometidos a la autorización parlamentaria. Se invadiría la competencia de los gobiernos departamentales en la medida en que se disponen cosas vinculadas con el ordenamiento territorial, con autorizaciones, con permisos, que son de la competencia departamental. Y sin embargo lo estaría disponiendo el Poder Ejecutivo. En materia de solución de controversias se establece que por la sola decisión de UPM la empresa podría sustraerse de la jurisdicción nacional y someter cualquier diferencia con el gobierno uruguayo al arbitraje internacional. Eso podría afectar la separación de poderes. Yo no quiero sacar conclusiones definitorias, pero sí creo que estamos frente a un asunto muy delicado, muy importante, que compromete al país durante mucho tiempo, que eventualmente puede implicar que el Poder Ejecutivo esté asumiendo la aprobación de determinadas leyes sin que el Poder Legislativo se haya pronunciado. Por ejemplo normas en materia de relaciones laborales. Yo creo que tenemos que detenernos a analizar esto, y lo primero es hablar con el Poder Ejecutivo, eso es lo que nosotros pedimos, tratando de aventar cualquier duda o suspicacia. Nosotros no queremos generar problemas por el solo prurito de crearlos, nosotros queremos asumir la responsabilidad de, frente a un tema serio, hacer un análisis serio de un tema importante.

A partir de la información que se pueda poseer, ¿se puede llevar adelante algunos caminos legislativos en caso de así concitarlo? Los caminos están todos abiertos, el planteo de los ciudadanos es el juicio político. Yo creo que ahí tal vez haya una debilidad en lo que tiene que ver con el planteamiento, porque no sé si están dadas las condiciones para que esto termine en una acusación de juicio político. Y porque además ni siquiera se individualiza a qué funcionario, si al presidente de la República, si a los ministros, sobre quién recaería el juicio político. Pero más allá de los procedimientos, más allá de que se trate de un derecho de petición, lo que tenemos que discutir es de la sustancia, de los temas de fondo, de los temas que hacen al contrato que se suscribió. ¿Es meramente una declaración de voluntad o esto obliga indefectiblemente al país de aquí por delante? Creo que los uruguayos no hemos reflexionado lo suficiente sobre esto y debiéramos detenernos a analizarlo con un poquito más de prudencia.