San José Tenemos solo 260 viviendas para jubilados de bajos recursos y muchas están deshabitadas

Por Darío Camilo Perdomo Responsable Político del 26M–UP en San José

La vivienda es un derecho humano y no debería ser una mercancía que regulada por el mercado inmobiliario. Hoy es de muy difícil acceso para la gran mayoría de los trabajadores que en nuestro país ganan menos de $ 20.000. El Estado es quien debería garantizar ese derecho de acceso a la vivienda digna y de calidad para todos los habitantes independientemente de sus ingresos. En la actualidad en Uruguay se estima que hay un déficit habitacional de por lo menos 80.000 viviendas. El partido de gobierno sigue sin atacar el problema de raíz y sin construir viviendas para los trabajadores. Las propuestas de los organismos gubernamentales que tienen que ver con este tema tienen requisitos que siguen siendo inalcanzables para los trabajadores. Muchas de las viviendas que salen al mercado tienen costos elevados, producto de la especulación de las grandes constructoras que muchas veces construyen exoneradas de impuestos como vivienda de interés social, pero resulta que el precio final de venta de un pequeño apartamento alcanza cifras siderales que muchas veces superan los cien mil dólares. El problema de la vivienda en nuestro país tiene dimensión nacional, por lo tanto es necesario que el gobierno deje de seguir beneficiando a las grandes empresas de la construcción asegurando su ganancia e impulse un Plan Nacional de Vivienda Popular que garantice el acceso a la vivienda para los más humildes. La Unidad Popular presentó al Parlamento un Plan Nacional de Vivienda Popular por construcción pública que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que está siendo estudiado en el Senado. Este proyecto implica la inversión del Estado en viviendas destinadas a trabajadores que tienen ingresos mínimos a $ 76.000 que pagarían con cuotas mensuales equivalentes al 10 % del total que percibe el núcleo familiar, sin exigencia de ahorro previo, sin importar la edad o si están en el clearing. Este proyecto que tiene varias aristas: tendería a abatir el déficit habitacional existente, reactivaría las economías locales en una cantidad de rubros -no sólo en la construcción y ramas afines-, y generaría miles de puestos de trabajo en todo el país de forma duradera y estable. Es claro que se necesitan recursos materiales, pero sobre todo se necesita voluntad política para comenzar a dar solución real a quienes menos tienen, los trabajadores más humildes. A nivel local una noticia que está relacionada con el tema vivienda da cuenta de que en San José de Mayo hay varias viviendas para jubilados que presentan problemas en su estructura, algunas llevan varios meses deshabitadas, por lo tanto no pueden ser re-adjudicadas. Particularmente se hace referencia al núcleo de viviendas que se encuentran en la zona de Nicolás Guerra y Treinta y Tres, aunque puede haber otros. Se estima que para todo el departamento hay un total de 260 viviendas que forman parte del plan de viviendas para personas jubiladas con bajos recursos. Las re-asignaciones se producen cuando la persona que está haciendo usufructo de esta vivienda fallece y entonces la misma pasa a formar parte de la cartera de viviendas disponible; supuestamente esta parte burocrática es relativamente rápida, pero este proceso se detiene cuando se constata que la vivienda no está en las mejores condiciones. Es ahí que intercede una dependencia especial, el área de Soluciones Habitacionales del Banco de Previsión Social, que es la parte encargada de poner la vivienda en condiciones para una nueva entrega. Parecería ser que esta área del BPS no funciona con la velocidad y la eficacia que debería hacerlo y por tal motivo se da el hecho de que hay viviendas que llevan años sin ser re-adjudicadas. En este caso puntual se constata que la propia burocracia estatal va a una velocidad de tortuga con reumatismo, algo realmente preocupante, justamente cuando el tiempo es lo fundamental y lo que más debería contar en la consideración y atención a una franja etaria como la vejez, ya de por sí vulnerable. Por otra parte el transcurso del tiempo y la falta de soluciones conspiran en definitiva para que una buena cantidad de aspirantes sigan siendo postergados en sus posibilidades y derechos; esto además de los daños materiales de los inmuebles que también se acrecientan con el paso del tiempo, debiendo por tal motivo el Estado pagar mayores costos para su reparación. Realmente una situación lamentable. Desde el punto de vista formal el artículo 45 de la Constitución establece que “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión para este fin.”... Desde el punto de vista práctico, más allá de la existencia de organismos como la ANV, Banco Hipotecario, MVOTMA... sigue siendo un gran debe con la mayoría del pueblo. Porque en definitiva, a partir de la posibilidad del acceso real a una vivienda digna comienza a dignificarse el ser humano, y este es un aspecto primordial.