Avanza plan de la UTE Decretan expropiaciones para elevar nivel de Rincón del Bonete: ¿a Cosse la pa

Al decir de la Ministra Carolina Cosse el 4 de diciembre, el gobierno está tomando decisiones concretas de mucha relevancia en cuanto a los caudales de agua en la zona central del territorio nacional, sin “considerar varios aspectos desde una perspectiva país”. La pregunta entonces es ¿desde qué perspectivas está tomando decisiones el gobierno? ¿Desde una lógica empresarial, como alegan jerarcas de la empresa pública? ¿O bien de entrega de la nación a cualquier costo a una multinacional, como ha sido la constante desde el 7 de diciembre de 2017 cuando se firmó el “contrato” entre ROU y UPM?

El primer lunes del año el Poder Ejecutivo decretó la “urgente toma de posesión” de dos de los 750 padrones que UTE anunció a comienzos de diciembre que expropiaría en forma parcial o total con el fin de subir el nivel del embalse de Rincón del Bonete de 80 a 81 metros, a pesar de que la Ministra de Industria y Energía Carolina Cosse había advertido públicamente que no se autorizarían los “procesos de expropiación” hasta que se realizara “un estudio más profundo que considere varios aspectos desde una perspectiva país”. Según la UTE, esta medida podrá “brindar el servicio de electrificación con mayor eficacia y seguridad, dado que el lago de la represa, por sus características, constituye la herramienta fundamental para la gestión de la energía en los plazos estacional y anual asociados a los importantes cambios operados en la matriz eléctrica en los últimos años”. Uno de los padrones fue valuado para su expropiación en más de 400 mil pesos por 4 hectáreas, y la compra del otro de más de 9 hectáreas supera los 900 mil pesos, según trasciende de una nota del Portal ECOS. Según lo anunciado por jerarcas de UTE oportunamente, el costo de las expropiaciones podría llegar a ascender a 46 millones de dólares, contemplando otros costos y el nuevo fraccionamiento de los predios afectados por la ampliación del lago, consigna por su parte el rotativo El Observador. Productores locales se oponen a la iniciativa, sosteniendo que terminaría anegando zonas productivas de la región, mientras otros colectivos ciudadanos advierten que podría hacer desaparecer la playa de San Gregorio de Polanco. En ese sentido Álvaro García, director de la OPP también mostró sus reparos desde el gabinete presidencial ya que desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se invirtieron 90 millones de pesos junto a la Intendencia para reformar la rambla de la playa de San Gregorio de Polanco. “Subir la cota no sería bueno para esa reforma”, señaló una fuente de la OPP a El Observador. Además, distintos movimientos sociales que se oponen a la instalación de la planta de celulosa a orillas del Río Negro denuncian que este plan de UTE es al servicio de las necesidades de UPM. La secretaria de Estado Carolina Cosse había anunciado subordinar la autorización de las expropiaciones al resultado de “un estudio más profundo” para el que se conformaría un equipo multidisciplinario junto a los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ganadería, Agricultura y Pesca, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las intendencias y la sociedad civil. Sin embargo, dicho equipo de trabajo no fue conformado según confirmaron a El Observador desde UTE, la Intendencia de Tacuarembó y la sociedad civil. “El vocero del grupo de vecinos de San Gregorio de Polanco, Javier Medina, dijo que luego de los mensajes de Cosse, ‘nadie’ se contactó con ellos. Lo mismo repitió Patricio Olivera (vocero del grupo ‘Ribereños del embalse de Rincón del Bonete’) quien incluso solicitó -en más de una ocasión- reunirse con las autoridades del MIEM. Los vecinos juntaron firmas y se las dieron al intendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, quien a su vez las envió al Poder Ejecutivo”. Tanto lo que alega UTE como una necesidad de desarrollo empresarial como las advertencias de jerarcas de gobierno y de la población en general de perjuicio a sectores productivos y turísticos y de beneficio a multinacionales, dejan en evidencia cómo se toman las decisiones de megaemprendimientos e inversiones millonarias con dineros públicos. Según la propia precandidata oficialista a la presidencia de la República, los decretos de expropiaciones que realizó el Poder Ejecutivo que ella integra, se hicieron entonces sin “considerar varios aspectos desde una perspectiva país”.