Sindicato de impositiva: Rechazan que parte del salario esté asociado a decisiones políticas y no a

Se profundiza conflicto por rebaja salarial para funcionarios y aumento para directores. Este lunes el sindicato de impositiva realizó un paro de actividades en Maldonado, San Carlos, Piriápolis y Colonia y una movilización con concentración a la hora 19 en la Av. Gorlero de Punta del Este.

La Dirección de DGI manifiesta públicamente su voluntad de negociar pero avanza en la política de la imposición sin respetar acuerdos existentes y sin cumplir con la Ley 18.508 de Negociación Colectiva en el Sector Público, dijo ayer a CX36 Aidemar González. El presidente de la Asociación de Funcionarios de Impositiva (AFI) confirmó ayer que la movilización en la principal avenida de Punta del Este sería protagonizada por una importante cantidad de funcionarios que se trasladaría hasta allí, actividad a la cual asistirían también los trabajadores que realizaban paro en otras 3 localidades fernandinas y de Colonia. “Estamos solicitando al Poder Ejecutivo que convoque a negociación colectiva, donde la postura del sindicato en este conflicto esté sobre la mesa”, explicó el sindicalista, quien informó su planteo consiste en “que no se instrumente una rebaja salarial para los funcionarios de DGI”. Según González “Existe una partida desde el año 2005 acordada en negociación colectiva, y reafirmada en negociación colectiva en el año 2011” y sostuvo que “los acuerdos deben respetarse”. Se trata de “una partida de productividad asociada a objetivos y metas de carácter grupal, es decir que depende del esfuerzo de los mismos trabajadores de DGI”, a la que Aidemar González advirtió que ahora “se comenzaría a asociar a esa misma partida, no a una partida adicional, metas de carácter institucional” las que responden a “decisiones políticas que dependen de la decisión de la Administración”. El sindicato no comparte “que parte de nuestro salario esté asociado a decisiones de los mismos funcionarios”, y reclama “una forma adecuada de recibir una partida de productividad que sea medible y cumplible, y que dependa de la voluntad y el esfuerzo directo del funcionario”. Aidemar González dijo que a diferencia de lo que reivindica AFI, esta partida que reciben los trabajadores quedaría “sujeta a decisiones políticas por parte de la Administración”, lo que se trata de una medida unilateral con la que no concuerda el sindicato y que si bien “se generaron instancias de negociación en el mes de diciembre en el Ministerio de Trabajo”, entienden que “fueron instancias donde la Administración solo quería imponer su postura”. “El planteo del sindicato que estos cambios no se incorporen dentro de las partidas salariales existentes no fue tenido en cuenta”, dijo el sindicalista quien aseguró que se hicieron muchos planteos por parte del sindicato, que no fueron tenidas en cuenta: “Que exista un plan piloto de seguimiento con planificación, donde los trabajadores accedan a esa información, y se nos dijo que no; que se asocie a contraprestaciones no salariales, también se nos dijo que no; y el último planteo que realizó COFE en negociación colectiva fue un convenio a 2 años que se asegurara que no existiera pérdida salarial, y también se nos dijo que no”. Respecto a esta última propuesta, el presidente de AFI se preguntó “Si la Administración trasmite que esto no es una rebaja salarial y que no va a haber pérdida salarial, ¿qué problema hay en firmar un convenio colectivo que establezca justamente que no va a haber rebaja salarial?”. Y él mismo sentenció que “el tema es que justamente sí va a haber rebaja, y por eso la Administración no quiere firmar este convenio colectivo”. Aidemar González instó a los jerarcas de gobierno a respetar la negociación colectiva. “Nosotros lo que estamos solicitando al Presidente, al Poder Ejecutivo, es que se convoque a la negociación colectiva”, y dijo que es en ese marco en que se realizó la movilización de ayer en Punta del Este. El sindicalista profundizó en cuanto a la iniciativa del gobierno, que comprende 9 metas institucionales. “Una es la de recaudación, que es la meta que el Ministerio de Economía fija a DGI año a año, y que los últimos 2 años la Administración no ha cumplido”. Otra meta “es reducir el gasto de administrar los impuestos, es decir cada 100 pesos de recaudación cuánto es el gasto de administrar los mismos y cuánto es el gasto que le insume a DGI recaudar esos impuestos”. También “hay otras metas vinculadas a brecha de las empresas que debían presentar declaración jurada con lo que efectivamente se presentó”, y brechas de pagos: “es decir, lo que se pagó de impuestos y lo que se debería haber pago”. Hay metas vinculadas a “fiscalidad internacional”, y otra meta vinculada a “un nuevo modelo de atención que no se negoció con el sindicato y que impacta en la carga administrativa”. “Se planteó y se instrumentó por la Dirección (de la DGI) salvaguarda en 2 de estas metas, solamente en recaudación y reducción del gasto, pero no en el resto, las que representan el 65% de las metas institucionales”, aseguró González. “Es por eso que nosotros entendemos que esto está afectando las condiciones salariales definidas y acordadas en el año 2005, donde cientos de funcionarios optaron por continuar en DGI con una partida de productividad asociada a metas grupales, y también todos los compañeros que ingresaron posteriormente y que cada llamado a concurso establece que estas metas eran definidas en forma grupal”. El sindicato de impositiva denuncia que el Poder Ejecutivo está violando esos acuerdos. “El Presidente firmó un decreto en el mes de diciembre que instrumenta los cambios en forma unilateral, y nosotros resolvimos recurrir ese decreto porque entendemos que afecta las condiciones de trabajo y la elección que hizo cada funcionario, por lo que lesiona derechos”.

Jugarretas de las autoridades

La dirección de DGI (el Ministerio de Economía y Finanzas) el 9 de enero firmó los compromisos de gestión, los que instrumentan el decreto del 20 de diciembre que objetan los trabajadores. “Estos compromisos de gestión la DGI los firmaba en general entre julio y setiembre de cada año; ahora se adelantó y lo firma el 9 de enero, el mismo día que la Dirección de DGI manifestaba públicamente convocando a un diálogo. Ese mismo día se estaban firmando los compromisos de gestión que pretenden instrumentar esto en forma definitiva, y en forma unilateral sin respetar la ley de negociación colectiva del sector público”, denunció el presidente del sindicato. Aidemar González agregó también que “en estos cambios por una parte se incorporan las metas institucionales a los funcionarios de nivel operativo, pero para los Directores de División y el Sub Director General, que son cargos de confianza política, de designación discrecional con salarios de 225 mil pesos, hay una reducción de la incidencia de la meta de recaudación que es la que no se cumple, que pasa de ser un 50% de su meta a un 10%”. “Esto impacta directamente en el salario anual de los cargos discrecionales de DGI, de los Directores, en positivo 175 mil pesos; es decir aumenta el salario anual por metas 175 mil pesos. La meta pasa de 220 mil pesos a 395 mil pesos”. El titular de AFI afirmó que “si a eso le sumamos el sueldo anual, en este mes de marzo los directores estarían cobrando unos 620 mil pesos. A nosotros nos parece que si por una parte hay cambios que para quienes no han llegado a las metas institucionales hay un aumento salarial pero para los funcionarios que han llegado a las metas grupales hay cambios en las condiciones salariales que podrían implicar una rebaja salarial, nosotros entendemos que esto no es adecuado, no lo compartimos, y estamos peleando y convocando a la Administración a una negociación colectiva donde se asegure que no exista pérdida de salario real”.