Columna Se hace urgente recuperar la soberanía nacional y la soberanía alimentaria

Por Darío Camilo Perdomo

Responsable Político del 26M–UP en San José

El concepto de Seguridad Alimentaria surge por primera vez en 1943 en Virginia, EE.UU, cuando en una reunión en la que intervinieron más de cuarenta países se discutió entre otras cosas sobre el manejo de los excedentes de la producción de alimentos básicos. Para la FAO, organismo que depende de Naciones Unidas y que tiene que ver justamente con este tema, existe seguridad alimentaria cuando las personas tienen en todo momento el acceso físico y económico a suficientes recursos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias. Pero este concepto que habla de garantizar el aprovisionamiento de alimentos y que manejan los poderosos está ligado esencialmente al libre mercado. De tal manera, si las familias no tienen posibilidades económicas de acceder a determinados alimentos, simplemente no comen. A nivel mundial hay en la actualidad casi mil millones de personas que padecen subalimentación crónica, que es como se le llama al hambre. Es altamente comprobable además que con el avance de las políticas neoliberales, el hambre y la malnutrición han crecido. Un concepto más abarcativo surge en 1996 en la Cumbre Mundial de la Alimentación que se desarrolló en Roma y es el de Soberanía Alimentaria; que refiere al derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas alimentarias para que aseguren una alimentación sana, nutritiva y de calidad, y reclama además la alimentación como un derecho. Hoy la Organización Mundial de la Salud nos dice que la alimentación saludable, compartida y placentera es un derecho humano universal y nos brinda distintas claves para evitar productos ultraprocesados o con excesivas cargas de grasas, azúcar o sal. Nos habla además de la importancia de incorporar frutas y verduras en todas las comidas, y que en cualquier país mundo una dieta saludable debería incluir mínimamente 400 gramos de las mismas. Hoy en nuestro país lamentablemente se produce un poco menos de la mitad de las frutas y los alimentos vegetales que la OMS recomienda consumir, justamente un país como el nuestro que tiene las posibilidades y los recursos materiales y humanos para desarrollar una agricultura sana y sustentable en casi todos los rubros. Esto se explica porque no hubo políticas tendientes a frenar la expansión del nefasto modelo de producción que se conoce como “agronegocio”; un modelo impuesto por las grandes transnacionales basado en semillas transgénicas con alta carga de agrotóxicos que persigue esencialmente el lucro y que es contrapuesto a un modelo de producción familiar. Por la acción de este modelo que promueven los grandes grupos económicos, se concentra y extranjeriza la tierra, nuestro principal recurso que está cada vez en menos manos y lo sufren los pequeños productores que siguen abandonando el campo y los consumidores de alimento. El partido de gobierno que cuenta con mayorías parlamentarias, no ha querido topear la extranjerización de la tierra y ni siquiera ha intervenido mínimamente para orientar la producción; el MGAP, INC, Inale, Plan Agropecuario, Inia, son un saludo a la bandera, algo inerte, una suerte de relleno difícil de interpretar porque no hubo en todo este tiempo por parte del gobierno voluntad política para impulsar un verdadero cambio estructural para promover un país productivo y solidario en serio con los productores pero también con sus habitantes, fundamentalmente las grandes capas populares hoy víctimas de la carestía brutal que tienen los alimentos; no hubo interés en promover algún organismo oficial para asegurar y regular el precio de algunos rubros básicos para el pueblo, no tenemos un Frigorífico Nacional y la industria cárnica está cada vez más extranjerizada. Hace dos días el grupo Pérez Companc terminó de comprar el San Jacinto, el oficialismo y algunas gremiales rurales mientras tanto aplauden la exportación de ganado en pie aunque descienda el stock ganadero tanto bovino como ovino y ello signifique exportación de materia prima con cero valor agregado. Lo sufre la industria, los curtidores, pero también los trabajadores que ganan quince o veinte mil Pesos, para quienes acceder a un kilo de carne es una proeza. Acá la pesca existe en el título completo del Ministerio ya que tenemos un Ministerio de Ganadería Agricultura y PESCA, pero no tenemos un Soyp o ILPE ni flota pesquera, y salvo por el turismo seguimos de espaldas al mar, sin darle real importancia a otro rubro fundamental que podría dar más trabajo y sustento alimenticio. Tampoco hay un Molino Nacional y faltan agroindustrias, pero es claro que si el Uruguay no produce ni siquiera la mitad de las frutas o verduras que necesita su población es porque evidentemente uno de los rubros que más ha sufrido con la imposición del “agronegocio” ha sido la granja. La lechería nacional en estado crítico se está desmantelando por falta de soluciones, al tiempo que es difícil entender cómo se importan una cantidad de rubros que con políticas adecuadas podrían producirse y procesarse aquí. El partido de gobierno más que preocupado por la soberanía alimentaria está preocupado por mantener el grado inversor y en contener el Dólar cueste lo que cueste, sigue pagando puntualmente los intereses de una fabulosa deuda externa, tratando de maquillar todo lo que se pueda los números macros y jugado casi únicamente a la concreción de UPM 2 a un costo sideral. Mientras siguen faltando estrategias, recursos y voluntad política para estimular la producción nacional, lo que redundaría en activar a más pequeños productores, más puestos de trabajo en la industria, mayores y mejores posibilidades de alimentación para el pueblo, los beneficios siguen siendo para las transnacionales y el capital financiero. Se hace urgente recuperar la soberanía nacional y la soberanía alimentaria, rechazando el modelo imperante concentrador de la tierra y saqueador de los recursos naturales. ¡En ese camino y en la propuesta de un país distinto está la Unidad Popular!