Columna: BPS y Gobierno niegan tratamientos a hijxs de docentes

Escribe: Prof. Andrés Freire

Mucho hablar de inclusión, de lenguaje inclusivo, de no dejar a nadie invisible, de ampliación de derechos, pero la realidad es bien diferente. Nosotros ya lo hemos dicho, no nos vamos a oponer a más derechos para nadie, la diferencia sin embargo es que queremos derechos reales para todos, sin verdades a medias, cortapisas y dobles discursos. Días pasados nuestro diario, nuestra radio, y otros medios de prensa, se hicieron eco de una denuncia muy grave realizada por la Sociedad Uruguaya de Pediatría; los hijos de los trabajadores públicos y de los desocupados no tienen derecho a la cobertura de ayudas especiales del BPS. Este es un tema que conozco demasiado bien, por afectarme directamente; sí el BPS brinda por convenio con una red de centros privados que trabajan muy bien en todo el país, una serie de tratamientos para niños, y adolescentes, tratamientos por ejemplo de Foniatría, Psicomotricidad, Psicoterapia, entre otros, los que en forma privada tienen costos que lo hacen inaccesible y que el sistema de salud brinda con costo en forma limitada y concentrada muchas veces en Montevideo. Pero esa cobertura es solamente para los hijos de los trabajadores privados y algunos pequeños grupos como los hijos de los funcionarios del BPS; quedan excluidos todos los hijos de los empleados públicos entre ellos los docentes, y todos los hijos de los desocupados por ejemplo. Aquí hablamos de atención para los niños y jóvenes, que puede ser un diferencial enorme en su calidad de vida y su desarrollo profesional. La Sociedad Uruguaya de Pediatría, en un gesto que enaltece a sus integrantes, luego de diferentes gestiones infructuosas, recurrió ante la Defensoría del Pueblo, Institución Nacional de Derechos Humanos, quien se pronuncio con claridad al respecto, instando al BPS a ampliar la cobertura poniendo fin a lo que se constituye en una discriminación hacia los hijos de los empleados públicos. Y ponemos el foco en los docentes porque somos el mayor número de funcionarios públicos, y supuestamente somos para el gobierno un grupo prioritario en la atención de salud. La respuesta de las autoridades fue o el silencio, o algunas afirmaciones de buena voluntad, y de decir que estaban incorporando a doscientos o trescientos niños de determinados programas especiales. NO, SEÑORXS: ¿USTEDES NO SON EL GOBIERNO DE LA INCLUSIÓN Y LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS? ¿NUESTROS HIJXS NO TIENEN DERECHOS, NO MERECEN SER INCLUIDOS EN LAS AYUDAS ESPECIALES? Sí, son eventualmente miles de niñxs, o quizás sólo unos cientos, pero se trata de derechos y de niños, no es un tema que deba esperar más. ¿Acaso no estamos con las cuentas más o menos bien, con una pequeñísima parte del gasto del tren de UPM se financia por ejemplo? ¿Por qué se castiga de este modo a lxs hijxs de una maestra o un profesor? Volvemos a preguntar: ¿Acaso no es este el gobierno de la inclusión y la ampliación de derechos? ¿O es todo verso? Mucho se habla desde quienes gobiernan de tales tópicos, por eso utilicé en el título el llamado lenguaje inclusivo (que la verdad cada vez que una institución decrépita y sexista como la RAE de un país que es monarquía solo por el triunfo del fascismo en la Guerra Civil lo critica, más simpático me cae), a ver si alguno de nuestros gobernantes o del directorio del BPS, se da cuenta de la situación y establece que por ejemplo a partir del primero de marzo del corriente, todos los hijos de los trabajadores ocupados, desocupados y monotributistas tienen los mismos derechos que el resto. También para ver si algún sindicalista se acuerda de este punto y lo lleva a algún Consejo de Salarios, donde quizás pueda sumarse a alguna de las 20 monedas por la que de una forma u otra terminaran convalidando la misma política de miseria de siempre. Queremos inclusión real, y ampliación de derechos en serio, pero no para 50, 200, o 300, para todes. Somos Izquierda, Somos Patria.