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Paraguay: Caso Messer corroboró ineficiente control y “complicidad”

  • Foto del escritor: La Juventud Diario
    La Juventud Diario
  • 23 dic 2018
  • 2 Min. de lectura

La confirmación de que el brasileño Dario Messer movía sus negocios de lavado de dinero a su libre albedrío puso hoy al descubierto el ineficiente trabajo de algunas instituciones de control paraguayas. Del informe preliminar del trabajo realizado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Lavado de dinero y su relación con Darío Messer, presentado ante el Senado, se conoció que el empresario brasileño operó en Paraguay con certera libertad y bajo el manto de la complicidad o la omisión. Según fuentes oficiales, un cuadro estadístico de la CBI demuestra como Messer se paseó por cada uno de los entes sin que los mismos actuaran conforme a la ley ni activaran alguna alarma. Por su parte, el miembro de la CBI, el senador del Frente Guasu, Jorge Querey, ofreció un panorama enjundioso del esquema de trabajo que lideró Messer en el país poniendo énfasis en todas las instituciones que debieron intervenir pero no lo hicieron. Querey recordó que las operaciones del cambista brasileño en suelo paraguayo datan desde su incorporación a la firma Cambios Amambay como socio fundador en 1989, de la que participó también Telmo Cartes, padre del ex presidente de la República, Horacio Cartes. Antes, Messer ya contaba con investigaciones en Brasil y Uruguay por lavado de dinero, lo que no le impidió desarrollar actividades comerciales y financieras en Paraguay. Se calcula que movió vía el sistema financiero entre 50 y 60 millones de dólares, dijeron las fuentes. La entidad bicameral del Congreso Nacional criticó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes por la omisión de dar a conocer a los órganos de control las operaciones de Messer. ‘Hay muchas dificultades para creer que se hizo el debido cumplimiento del combate al lavado de dinero’, señaló Querey. Se pudo conocer que tras el receso parlamentario de fin de año, el Senado debe remitir a la Fiscalía toda la documentación de modo a que se juzgue si las instituciones y las personas actuaron por ‘omisión o complicidad’. Asunción, 21 dic (PL)


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