Miembros de la oposición en la Comisión Investigadora: Iniciarán denuncia penal sobre los resultados

Los partidos políticos de la oposición del Parlamento que integraron la Comisión Investigadora, anunciaron junto a sus representantes legales que iniciarán una denuncia penal ante la Justicia tras el material recogido con respecto a la Investigadora de la Regasificadora.

El miércoles los diferentes sectores se reunieron para evaluar qué pasos dar en el tema y resolvieron iniciar un trabajo con juristas para trasladar los antecedentes a la justicia penal. El Diputado Pablo Abdala del Partido Nacional y denunciante del tema, informó que algunos procesos podrán dispararse antes, ya que la justicia pidió al Parlamento los antecedentes de la Comisión, a raíz de una causa abierta relacionada a la Regasificadora que se investiga en el crimen organizado. Abdala manifestó que se constataron irregularidades que pueden llegar a configurarse ilícitos penales: “Nosotros constatamos irregularidades e ilicitudes de distinto tipo y tenor, muchas de las cuales entendemos pueden llegar a configurar ilícitos penales, delitos, básicamente, por más que los juristas van a hilar fino a partir de ahora, pero estamos hablando de los delitos que consagra el código penal contra la administración. Evidentemente se actuó con abuso de autoridad, advertimos que hubo abusos de funciones en distintas decisiones que se tomaron, todo el capítulo relativo a las adjudicaciones que recayeron sobre OAS, que beneficiaron a OAS tanto para la construcción de la planta como para la construcción del gasoducto, la obra conexa que el Estado uruguayo debía construir y que le ha generado pérdidas al país de manera importante”. Abdala agregó que existió abuso de las autoridades debido a que el Poder Ejecutivo pasó por encima de varios organismos que tienen autonomía: “Creemos que hubo abuso de autoridad en cuanto a que el Poder Ejecutivo pasó por encima de la competencia y de la esfera de distintos organismos que tienen autonomía, empezando por UTE y por ANCAP, pero también la Armada Nacional, también la ANP (Administración Nacional de Puertos), y sin dudas hubo abusos de distinto tipo y eventualmente conjunción del interés privado y el público en distintas decisiones que adoptó Gas Sayago, que más allá que fuera una empresa de actividad privada, era una empresa privada cuyos accionistas eran UTE y ANCAP, manejaba recursos públicos y hubo decisiones que claramente dañaron a la administración”. Consultado Abdala sobre si estos hechos pueden afectar a la actual Ministra de Industria, Energía y Minería Carolina Cosse, el diputado respondió: “Nosotros no queremos personalizar los hechos delictivos en cuanto a imputárselo nosotros a tal o cual autoridad. Lo que advertimos son los hechos, y advertimos que esos hechos pueden llegar a configurar delitos. Los responsables son todos los que actuaron, son los directores de UTE y de ANCAP de la época. Es el Ministerio de Energía de la época, el director de energía, los funcionarios Gas Sayago”. Abdala expresó que será la Justicia la que deberá confirmar si se cometieron delitos, aunque entiende que la apariencia delictiva en este caso es muy clara: “Queremos ser muy serios y muy cuidadosos, será la Justicia la que tendrá en primer lugar que corroborar si efectivamente esos delitos se cometieron, nosotros entendemos que la apariencia delictiva es muy clara y muy evidente, tendrá que valorar la prueba y una vez que llegue a la conclusión, si llega a la conclusión de que efectivamente delitos hubo, tendrá que asignárselos a tal o cual funcionario en función de lo que la Justicia entienda”, sentenció el Diputado Pablo Abdala.