Esta boca es de todos Pobres, policías y militares

Por Liggia Giordano Carbone

MALARIA

Marcelo Peña era un soldado que concurrió a la “Misión de Paz” de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo y murió a fines del 2015 en ese lugar. Su familia sospecha que su muerte fue producto de una malaria no diagnosticada a tiempo. En el Congo, la malaria es la principal causa de muerte: 200.000 habitantes por año. Por ser una enfermedad endémica, el médico tratante debía tener en cuenta ese dato en sus diagnósticos. El soldado fue diagnosticado recién al tercer día de presentar síntomas y falleció dos días más tarde. Por este motivo, la familia de Peña demanda al Estado y sostienen que el médico del Ejército incurrió en mala praxis. A raíz de este incidente, nos vienen a la memoria varios casos de accidentes con graves derivaciones donde el resultado es la discapacidad e inclusive la muerte de los soldados. Esto deja en evidencia las carencias de las fuerzas armadas y sobre todo, que los más desfavorecidos siempre son los pobres, ya que son quienes terminan siendo rehenes de los intereses económicos de las grandes potencias. Por una parte, la población de los países ocupados, víctimas del atropello a sus derechos y soberanía. Y los soldados, porque forman parte de tropas de ocupación en países extranjeros, en busca de tener algún ingreso extra a sus menguados sueldos.

ANTECEDENTES

El Frente Amplio aprobó en su VII Congreso la propuesta de derogar el registro de antecedentes penales para los adolescentes que han sido condenados por determinados delitos graves. La derogación del registro fue defendida por la directora de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo y militante de Casa Grande, Fabiana Goyeneche. “Tenemos que ser coherentes con lo que impulsamos en el No a la Baja y derogar esa ley,” afirmó la que fue la cara visible de esa campaña en 2014. También sostuvo que “conservar este tipo de leyes va por un camino de retroceso y este programa tiene que tratar de profundizar derechos”. Lamentablemente este tipo de medidas están muy lejos de ser un avance real en los derechos de los jóvenes. Estos serían si en estos 13 años de gobierno frenteamplista, se hubiera avanzado en las oportunidades, en brindarle opciones de desarrollo a futuro, de estudio y trabajo digno y de calidad.

GATILLO FÁCIL

Un decreto dota a la Policía argentina de más libertad para disparar sin dar la voz de alto y sin agresión directa previa. Muchos ven en la decisión de la ministra de seguridad Patricia Bullrich una decisión de avalar el “gatillo fácil”, dando más libertades a los agentes federales para usar armas de fuego. La Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía Aeronáutica pueden dispararles a los sospechosos cuando huyen: “El arma es la última instancia, pero todos los miembros de las fuerzas federales van a poder usar el arma cuando su vida o la vida de terceros está en riesgo”. La normativa considera “peligro inminente” cuando “se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas”, o en caso de que “el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal”. El mismo principio se aplicará “cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”. En este último caso podrá ser “cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas”. Esta resolución del Ejecutivo argentino aparece como una manera de dar garantías a la policía pero es claramente en detrimento de las garantías de la población. También se menciona que es una manera de reprimir a la delincuencia, pero no olvidemos que las fuerzas policiales vecinas tienen una larga historia de represión a los pueblos originarios y diversas manifestaciones pacíficas. En definitiva, este decreto oficializa una práctica muy usual.