Instituto Nacional de Rehabilitación al MEC: Unidad Popular analiza cambios al proyecto del Poder E

Si bien la Unidad Popular apoya que se pase al INR a la órbita del MEC, cuestiona la forma en que el Poder Ejecutivo pretende instrumentar este proyecto y analiza presentar cambios cuando se estudie en el Parlamento.

En el mes de julio, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley de organización del sistema penitenciario nacional por el cual el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se transformará, a partir del 1º de febrero de 2021, en un ente descentralizado que funcionará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En el momento de promover este proyecto, Presidencia anunció que el nuevo marco para rehabilitar personas privadas de libertad tiene como base el respeto a los derechos humanos. El tema se está tratando en la Comisión de Constitución, códigos, legislación general y administración de la Cámara de Diputados, la cual recibió este miércoles a representantes de la Institución Nacional del Derechos Humanos. Según lo establece la ley, el INR tiene como fin desarrollar programas que fortalezcan las actitudes y responsabilidades individuales y sociales de las personas privadas de libertad, que les permitan su reinserción en la sociedad, de acuerdo a las pautas institucionales que promuevan su involucramiento en las distintas etapas de la ejecución de la pena. Muchas veces el Gobierno realiza propuestas que, más allá de buenas o malas intenciones, no cuentan con la instrumentación y los recursos necesarios para ser implementadas. En este caso, se pasa el Instituto Nacional de Rehabilitación a la órbita del Ministerio de Cultura, separándolo del Ministerio del Interior. Este planteo puede ser pertinente, de hecho ha sido propuesto desde la Unidad Popular como un paso hacia otra concepción en cuanto a la rehabilitación, pero necesita de algunos cambios para que su implementación sea correcta. Por ejemplo, Wilder Tayler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, señaló esta semana que, más allá de estar de acuerdo con el planteo, hay algunos reparos, como la ausencia del Ministerio de Salud Pública y de Desarrollo Social por las condiciones en que viven los presos.

La visión de la Unidad Popular

La Juventud consultó sobre este tema a Milton Rodríguez, dirigente del Partido Comunista Revolucionario (PCR) e integrante de la bancada de la Unidad Popular, quien explicó que en las mesas de seguridad convocadas por el presidente Vázquez en el año 2016, la Unidad Popular había propuesto que se pasara la rehabilitación de la población carcelaria a la órbita del MEC. Explicó que hasta la dictadura, las cárceles estaban en la órbita del Ministerio de Instrucción Pública. “En este tema, lo que nos diferencia de todos los demás partidos es que nosotros pensamos que el hecho de estar en prisión es una instancia que debemos trabajar con la persona que está privada de libertad para incluirla en el mundo de la educación y el trabajo. Para eso hay que pensar en procesos socioeducativos más que de rehabilitación, hablar de rehabilitación es hablar de algo que es como redundante, es como que la persona tenía una especie de habilitación para algo, la perdió y tú se la das de vuelta. Nosotros pensamos que hay que trabajar en lo socioeducativo y en la inclusión”, relató. La propuesta de la UP tiene como centro a la persona. El trabajo y el vínculo con la familia son centrales para la coalición de izquierda. Rodríguez dijo que es central que las personas que trabajen con la población carcelaria estén vinculadas a la educación, ya sean maestros, educadores sociales o talleristas. “Hay que armar una estructura donde la base sea lo socioeducativo. Después va a haber cosas inherentes a la seguridad que va a seguir estando en manos de quienes se encargan de la seguridad, pero el aspecto principal del proyecto para una prisión tiene que ser justamente pensar en la persona esos años que esté ahí en base a proyectos educativos y de trabajo, trabajo con la familia”, apuntó. Rodríguez dijo que al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo “hay cosas que le faltan”. Agregó que tiene una “pata muy débil” debido a que no innova en la atención socioeducativa de las personas privadas de libertad. “Hay que superar la etapa de recordarle a la persona privada de libertad que es el preso, el delincuente”, resumió. “Si bien nuestra idea es que pasara a la órbita del MEC, el rol de los trabajadores vinculados a la educación no está claro”, indicó, y agregó que tampoco se establece el pago de un salario para las personas privadas de libertad que trabajen. Rodríguez cuestionó además la existencia de las prisiones privadas, cuyo funcionamiento y gestión está a cargo de empresas privadas, como la Unidad 1 de la cárcel de Punta de Rieles. Otro de los planteos de la UP es que se dividan las prisiones en unidades más pequeñas con un máximo de 500 personas, un número más manejable para desarrollar proyectos educativos y de trabajo. Explicó que, actualmente, solo el 30% de las personas privadas de libertad trabajan, según datos proporcionados por el Comisionado parlamentario para el sistema carcelario. “En la mayoría de las cárceles, el estudio y el trabajo no son la regla”, señala. Rodríguez recordó que Uruguay posee un 70% de reincidencia entre la población carcelaria. Afirmó que la solución a la inseguridad no pasa por colocar más policías sino en atacar la “escuela del crimen” que actualmente son las cárceles de nuestro país. “El pase al MEC puede ser un gran avance, depende cómo se realice la propuesta”, resumió.