Editorial: Aumenta la movilización por firmas Silenc

En estos días la campaña por la derogación de la ley de riego a través, de la recolección de firmas, que habilite posteriormente un plebiscito, ha entrado en una etapa definitoria, aunque el silencio desde las filas oficiales en el tema es más que evidente, más cuando en el tema el gobierno es ampliamente coincidente con la oposición tradicional. No es ninguna novedad que las iniciativas privatizadoras en lo que tiene que ver con el agua, no son nuevas, pues tenemos ante nuestro país, una de las mayores estrategias globales de apropiación de los recursos naturales para marchar en los nuevos negocios que imponen los monopolios extranjeros, afectando la soberanía nacional. El silencio oficial reside que lo que se ha llevado adelante es una impresionante privatización encubierta por un gobierno que se autoproclama como perteneciente a la izquierda, aunque en el tema borra con el codo lo que fue parte de un enorme esfuerzo alcanzar a impedir la privatización del agua en años anteriores. Una de las características que ha tenido la política global del gobierno, es que rápidamente olvida lo que ha sucedido durante estos tiempos con la lucha popular y sus objetivos profundizando la crisis que tiene nuestro país, donde siempre los pobres y los trabajadores son lo que más sufren. También es cierto que en el tema se puede observar una alianza muy amplia entre los capitales provenientes de la inversión extranjera, el gobierno nacional y buena parte del sistema político, que en el tema de la soja, y la forestación con destino a la producción de celulosa, los beneficios para el país son inexistentes. Sin embargo, la ley de riego aprobada por el parlamento nacional evidencia muy claramente objetivos muy claros desde el punto de vista de la inversión y la afectación que se produce para la producción agrícola en general poniéndole un costo alto al agua que pasará, a convertirse en una nueva mercancía para hacer voluminosos negocios. El otro problema que no es menor en estos días es el tratamiento al medioambiente, por lo que significa, no solamente por la afectación a cursos importantes de agua, sino también a sus orillas donde la liquidación de montes nativos, produce una erosión sistemática que no puede repararse en forma inmediata. Sin duda que la ley de riego votada en el parlamento, es un paso más que favorece a la política económica que favorece al actual modelo del agro negocio, que barre a la pequeña producción agrícola, y la somete a un empobrecimiento creciente pues obliga a miles de productores a caer en el endeudamiento con los bancos, a elevar los costos de la producción y a quitarle progresivamente capacidad de sustentabilidad económica y social en el país. El otro gran tema es que la recolección de firmas que llega en estos días a su fin, es un elemento más de la creciente inestabilidad de la política de gobierno y sea cual sea el resultado de esta primera fase de recolección de firmas, ello ya está mostrando un mapa claro de rechazo de los uruguayos a un tipo de acción legislativa que por otra parte ya se habían pronunciado años atrás. Esta privatización expresada en la ley de riego es inconstitucional por donde se la mire, y seguirá afectando en la conciencia cívica nacional, en el futuro inmediato.