ASSE pretende fortalecer los traslados con recursos propios

Por más que el Frente Amplio cortó abruptamente el trabajo, la Investigadora de ASSE que impulsó el diputado Eduardo Rubio cumplió los objetivos que el legislador de Unidad Popular se había planteado: se comprobaron las denuncias, se determinaron responsables y todo lo oficiado fue remitido a la justicia penal, una medida respaldada por todos los partidos políticos. Si bien el oficialismo defendió las irregularidades de contratos de traslados en Ambulancias a empresas de los propios directores de ASSE, la Investigadora de ASSE determinó por ejemplo en los casos de Bella Unión y Soriano llegaran a la justicia de crimen organizado. Al tratarse los informes en la Cámara de Diputados el pasado miércoles, Rubio denunció un nuevo caso, relativo a los traslados privatizados en el Pereira Rossell. Un día después, la propia ASSE difundió el siguiente anuncio, que tira por el piso las mentiras del Frente Amplio. “Días atrás el Directorio de ASSE tomó conocimiento de la existencia de una empresa de traslados especializados a cuyo frente se encontraban entre otros, funcionarios de la Red de Atención Primaria del departamento de San José, que vendía sus servicios a la propia Red de Atención Primaria de San José. El tema fue tratado de forma urgente y el Directorio resolvió: Realizar Investigaciones administrativas para esclarecer los hechos y actuar en consecuencia corrigiendo de inmediato cualquier desvío de la normativa vigente y de las buenas prácticas administrativas y técnicas. En segundo lugar, se tomó la decisión de desvincular a la empresa de traslado en Rap San José. A su vez se inició un trabajo en conjunto con los prestadores privados del departamento para aunar esfuerzos y optimizar la capacidad instalada en materia de traslados. Además, se convocará a un grupo técnico para que en un plazo breve proponga al Directorio una respuesta a la problemática de los traslados así como a la coordinación de los mismos a nivel nacional para asumir el servicio como propio”. La Juventud denunció el 31 de octubre de 2017 que “Empresa que le cobra más de U$S 25.000 mensuales a ASSE por servicios de traslados en ambulancia para el Hospital de San José, es propiedad de funcionarios del propio centro de salud y del Pereira Rossell”.