Esta boca es de todos Imposiciones

Por Liggia Giordano Carbone

CPP

El nuevo Código del Proceso Penal (CPP) vigente desde el 1 de noviembre de 2017 establece que los fiscales pueden acordar con los delincuentes la reducción de hasta un tercio de la pena a cambio de que el imputado asuma su responsabilidad en lo que se le acusa y todo el juicio se resuelva en una sola audiencia, en lo que se llama proceso abreviado. De esta manera, la Fiscalía logra la condena de un delincuente ahorrando tiempo y recursos, y no se arriesga a perder el juicio para el cual la exigencia de pruebas es mucho mayor. Sin embargo, la práctica asumida por los fiscales en este tema llevó a que se realizaran polémicos acuerdos que generaron malestar y que terminaron con violadores cumpliendo una pena muy reducida respecto al delito cometido. Luego de varios controvertidos casos, y con la necesidad de unificar criterios de actuación de los fiscales, se aprobó un instructivo para mejorar la aplicación de la suspensión condicional del proceso. El propio instructivo en sus fundamentos menciona que se intenta dar una respuesta homogénea a la sociedad. También que se busca establecer los estándares mínimos para el mejor funcionamiento del servicio y para garantizar la unidad de acción de los equipos fiscales, brindando de esta forma uniformidad y coherencia al servicio. La instrucción difundida por la Fiscalía, procura lograr un buen funcionamiento del sistema de justicia penal estableciendo directrices en función de garantizar y promover la eficacia de la actuación de los fiscales en el proceso penal y procurando promover la equidad y coherencia de los criterios que se adopten al tomar decisiones en el proceso acusatorio. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que el nuevo CPP fue presentado por la mayoría del sistema político como una solución a la “inseguridad” creciente y una manera de combatir la delincuencia. A su vez se indicó que este tipo de proceso acusatorio ya se estaba implementando en Chile y en EEUU, y en comparación con el anterior, era un gran avance con respecto a las garantías de los acusados. Este sistema de procesamiento penal lleva diez meses de aplicación luego de varias prórrogas e incluso planes de aplicarlo en algunas zonas del territorio y en otras no. Y se sigue con los parches y modificaciones a éste, en un afán del gobierno de aplicarlo a pesar de todo, aunque sea con fórceps.

PISA

Los docentes agremiados en Ades Montevideo ocuparon el Liceo 18 con el objetivo de impedir que se concreten las Pruebas PISA en esa institución educativa, tal como estaba programado. Como es usual, se cuestiona la medida tomada por los docentes. Pablo Cayota, integrante de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) dijo a título personal que resulta peligroso cuestionar las evaluaciones ya que oponerse a la evaluación estandarizada revela lo lejos que estamos respecto a una verdadera cultura de evaluación; lo que, en otras palabras, significa desconocer que esa información es clave para las políticas y estrategias educativas. Pero repasemos: según sus siglas en inglés, las pruebas PISA es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Se trata de un proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), cuyo objetivo es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años. Según su página web, la OCDE reúne a 30 países miembros comprometidos con la democracia y la economía de mercado. La misión de la OCDE consiste en promover políticas destinadas a lograr la máxima expansión posible del crecimiento económico y el empleo, y un mejor nivel de vida de los países, sin dejar de mantener la estabilidad financiera y de esa forma, contribuir al desarrollo de la economía mundial; contribuir a una sana y sólida expansión económica de los países y la expansión del comercio mundial. Entonces aquí podemos confirmar que las razones de los profesores del liceo ocupado son válidas cuando dudan de la capacidad de estas pruebas para medir cuestiones educativas. Ya que se podrían hacer otro tipo de pruebas que evalúen de manera cualitativa la educación y que tengan en cuenta las características específicas de la educación local, con parámetros vinculados a nuestra realidad económica y social. Sumado a esto, existe el cuestionamiento de qué se hace después con los resultados. Que se utilizan para terminar defenestrando a la educación pública y por ende el papel de los docentes.