Entrevista a Carlos Pérez “Uruguay está crisis, el equivocado es Astori”

El diputado suplente de la Unidad Popular, Carlos Pérez, oriundo de Maldonado, conversó con La Juventud sobre la realidad económica de su departamento y el crecimiento de la Unidad Popular allí.

La situación económica en Argentina preocupa a los uruguayos. Pero el ministro Astori dice que está todo bien y que el problema no impactará en nuestro país. Sin embargo, la crisis se sigue agudizando y el cierre de nuevas empresas deja más trabajadores sin empleo. Maldonado es uno de los departamentos que puede verse más afectado por la grave crisis económica y social que vive Argentina. Pérez señaló que los operadores turísticos e inmobiliarios de su departamento no han declarado una “alarma roja” pero “sí están hablando de cautela” y de no aumentar los precios. “Se los nota preocupados”, acota. Los empresarios señalan que no hay ventas ni inversión. “(La ciudad de) Maldonado, de tardecita para adelante, da miedo, porque no anda un alma en la calle. El comercio está siendo muy afectado. Se los escucha quejarse (a los comerciantes) todo el tiempo porque no anda plata en la calle. Nosotros confirmamos lo que hemos venido diciendo últimamente de que sin dudas estamos en un momento de crisis, sobre todo en los sectores de la economía nacional que daban trabajo, que generaban empleo, si le sumamos a esto todo lo que se escucha en el departamento sobre el cierre de empresas y todo lo demás, en este caso el equivocado es Astori y no nosotros que venimos anunciando la crisis”, detalló.

La gira y el crecimiento

La semana pasada, el candidato a la presidencia por la Unidad Popular, Gonzalo Abella, realizó una gira por el departamento junto al diputado Carlos Pérez. Abella recorrió medios de prensa y se reunió con militantes de diferentes puntos de Maldonado. Uno de los puntos destacados fue la visita a la ciudad de Aiguá, a 90 kilómetros de la capital departamental, lugar donde no había presencia organizada de la Unidad Popular. Pérez explicó que allí se reunieron con militantes que ahora planificarán actividades y trabajarán de manera organizada de cara a la campaña electoral. “Las compañeras pusieron su domicilio y aceptaron con mucha alegría las tareas que se fueron planteando. El objetivo de conocer a las compañeras de allí para que quedaran vinculadas se cumplió. Ahora tenemos referencias y apoyos en todo el departamento”, explicó. El diputado suplente de Eduardo Rubio se mostró esperanzado en el crecimiento de su fuerza política. “Si bien la situación es de crisis y complicaciones, y esto que pasa en Argentina preocupa bastante de cara a la temporada próxima, desde el lado del desarrollo político estamos viendo los avances, lo que nos permite seguir dando la pelea con mucha alegría y esperanza. La Unidad Popular avanza, crece, y será el nuevo proyecto político de izquierda que va a echar a este pueblo adelante”. La gira de Abella culminó con una reunión con militantes de la Unidad Popular en el local Ruben Sassano de la capital departamental, actividad de la que participaron nuevos militantes que se han sumado a las tareas con alegría y entusiasmo.

El agua y una nueva forma de precarización laboral

El tema del agua en Maldonado ha sido muy polémico en las últimas décadas. En la década de los ’90, el gobierno de Lacalle adjudicó a la empresa constructora Niver Benencio, propietaria de Aguas de la Costa S.A, los servicios de agua potable y saneamiento en una zona al Este del arroyo Maldonado. Muchos vecinos se resistieron a conectarse a ese servicio porque les implicaba pagar 100 dólares de la época por mes solamente de cargo fijo. El contrato con Aguas de la Costa S.A se vence en febrero de 2019. Pérez explicó que existen 29 trabajadores que pasarán a la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE (UGD-OSE), organismo integrado por OSE y la intendencia de Maldonado creado luego de que cayó el contrato con Uragua en 2004. Existe un proyecto del Poder Ejecutivo para que la UGD pase definitivamente a manos de OSE. Se han realizado diferentes reuniones para discutir esta situación. Los trabajadores son públicos pero se rigen bajo el derecho privado. No se les paga salario vacacional ni se les reconocen los “días en rojo” del almanaque. “Es una nueva forma y más profunda de precarización del empleo”, sentenció Pérez. Esto ha profundizado la grave crisis que vive el Frente Amplio en el departamento de Maldonado. “Se han enfrentado al proyecto del Ejecutivo. Ellos defienden esta forma de gestión de lo que ellos denominan ‘empresas públicas’, han planteado como modelo exitoso la UGD porque según ellos, la gente del Frente Amplio de Maldonado, da ganancias. Nos han preguntado por nuestra opinión y nosotros hemos planteado la defensa de los entes del Estado como entes que tienen que brindar un servicio social a la población. Por supuesto que criticamos la forma de gestión de lo que llaman ‘empresas públicas’ que prácticamente les han puesto la lógica de empresas privadas que tienen que dar ganancias, que se las usa para la recaudación fiscal, que tienen que volcar plata a Rentas Generales todos los años. Eso lo criticamos, pero defendemos la unidad de los entes del Estado y más cuando hablamos del tema agua. Planteamos el agua como un derecho humano fundamental”.

Estafa en el barrio El Cortijo

En las últimas semanas circuló un video en las redes sociales donde se puede ver que los vecinos se dan cuenta de una estafa durante un remate judicial. Un vecino del barrio El Cortijo, en la ciudad de Maldonado, cuya casa está siendo rematada por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), intenta comprarla por un precio base de 22 mil dólares; al mismo tiempo, nota que un funcionario de la propia ANV pujaba por la vivienda haciéndola llegar a 60 mil dólares. “Los vecinos son víctimas de una estafa fruto de una política de privatizaciones del Banco Hipotecario del Uruguay. Cuando se sanea el Banco se lo pasa a la Agencia de Vivienda, se crea un fideicomiso. Los vecinos han demostrado voluntad de pago, han intentado pagar, pagaban y los recibos se daban a nombre de la empresa, en un momento les dijeron que no pagaran más, les llegaban cedulones de morosos y ahora para hacerse de ese dinero que se le prestó a un privado para construir, que estafó, que se declaró en insolvencia, la ANV pasa remate las viviendas de vecinos que han demostrado voluntad de pago y manda a un funcionario para que puje por las viviendas. Para hacerse de recursos se va contra los propios vecinos que fueron estafados por políticas que se siguen desarrollando y por una desastrosa gestión de la Agencia de Vivienda”.