Los compañeros en nuestra memoria

GARCIA de GELMAN, María Claudia. Det.-Desap. 24/8/76. María Claudia era de nacionalidad argentina. Había nacido el 6 de enero de 1957. Estudiante de Filosofía y Letras en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, estaba casada con Marcelo Ariel Gelman y estaba en avanzado estado de gravidez, cuando el 24 de agosto de 1976 ambos son secuestrados en Buenos Aires por agentes de la SIDE (Secretaría de Informaciones del Estado) y -según testimonios de otros detenidos- fueron trasladados al Centro clandestino de detención Automotores Orletti. Según pudo conocerse posteriormente, Marcelo fue asesinado y el 14 de octubre de 1976 su cadáver arrojado al Canal San Fernando oculto en tanques de cemento, junto con otras siete personas. Una vez descubiertos los cadáveres, fueron enterrados como NN el 21/10/76 y recién pudo ser identificado en 1989. En cambio María Claudia fue trasladada ilegalmente a Uruguay, siendo alojada en el SID (Servicio de Información de Defensa), en la calle Boulevard Artigas y Palmar, en Montevideo. Diversos testimonios coinciden en que a fines de octubre fue trasladada al Hospital Militar donde luego de dar a luz una niña, fueron retornadas las dos al SID. Hacia fines de noviembre las dos son trasladadas con destino desconocido, presumiéndose que la niña se entregó en adopción y María Claudia fue ejecutada. En el libro “A Todos Ellos” publicado por la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos, al final del capítulo referente a María Claudia García de Gelman, figura el dictamen de la Comisión para la Paz: “1. La Comisión para la Paz considera parcialmente confirmada la denuncia sobre desaparición forzada de la ciudadana argentina María Claudia García Iruretagoyena ó Irureta Goyena Casinelli (C.I. 7.808.422 de la República Argentina) porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que: a) Fue detenida en la madrugada del 24 de agosto de 1976 junto con su esposo, Marcelo Ariel Gelman (también desaparecido y cuyos restos fueron luego ubicados en la Argentina), en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires y trasladada al centro clandestino de detención “Automotores Orletti”. b) A pesar de que no tenía ninguna militancia política que la relacionara con Uruguay, fue trasladada en la segunda semana de octubre de 1976, cursando un avanzado estado de gravidez, al Uruguay, siendo alojada en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID), ubicado en la Avenida Bulevard Artigas esquina Palmar. c) Se mantuvo en la sede del SID, separada de los demás detenidos que se hallaban en ese centro clandestino de detención, en la planta baja del edificio. d) A fines del mes de octubre o principios de noviembre fue sacada del centro clandestino de detención y llevada al Hospital Militar para el parto, donde dio a luz una niña. e) Después de dar a luz, fue reintegrada junto con su bebé al SID, donde volvió a permanecer separada del resto de los detenidos allí alojados. f) A fines de diciembre de 1976 fue sacada del SID, junto con la niña, que le fue sustraída y entregada a un policía, quien la inscribió como hija legítima.

MORRONI, Fernando y FACAL, Roberto. Asesinados el 24/8/94 en el Hospital Filtro. En 1994 bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle, Uruguay comienza a vestirse de vergüenza prestándose a una burda farsa para dejar de lado la histórica posición sobre asilo político que distinguiera al país durante largo tiempo, a la vez que suscribe un “tratado de cooperación” con España, consistente en el trueque de ambulancias, coches patrulla y préstamos por varios cientos de miles de dólares a cambio de ocho presos vascos. La justicia uruguaya aprobó la extradición de tres de ellos y negó las cinco restantes. El conocerse la resolución, Jesús Goitía, Luis Lizarralde y Mikel Ibáñez, presos en Cárcel Central, inician una huelga de hambre. A los nueve días dejan de ingerir líquidos y su estado de salud se deterioró hasta que el 19 de agosto se los traslada al Hospital Filtro. Al día siguiente unas cien personas comienzan una vigilia frente al hospital. Para el 22 de agosto una importante marcha se encamina hacia el Filtro, sumándose a las miles de personas que a diario recorrían las inmediaciones. El 23 de agosto se realiza un paro general con concentración y marcha desde el Obelisco hasta el Filtro. Simultáneamente se conocía que más de 52 legisladores respaldaban el asilo, mientras el SERPAJ y varias organizaciones de Derechos Humanos realizaban intensas negociaciones con el objetivo de detener la extradición. El miércoles 24 de agosto poco antes del amanecer, se comienza a desatar la represión contra las personas que hacían la vigilia. El clima se fue enrareciendo cada vez más hasta que alrededor de las 17 horas hacen su aparición el plantel de perros y la policía montada, que embiste con los caballos a los manifestantes a la vez que arremeten sable en mano contra todo aquel que encontraban a su paso. Durante varias horas se produce una verdadera batalla campal en las calles de Jacinto Vera. Los manifestantes se refugiaban en los jardines de las casas pero no podían evitar sufrir los efectos de los gases lacrimógenos. En medio de ese clima llegan ambulancias, motos y patrulleros, éstos ya disparando armas de fuego. Al enfermero Esteban Massa le asestan cuatro balazos en la espalda; a las 8 de la noche Fernando Morroni es alcanzado por tres disparos en hombro, tórax y corazón, cayendo muerto en la esquina de Campisteguy y Bvar. Artigas. Carlos Font recibe una herida de bala que le provoca pérdida de masa encefálica. A las 21 horas se apaga el alumbrado público en lo que sería el comienzo del operativo para sacar a los vascos del hospital. La represión continuó por varias horas. En la madrugada Roberto Facal es sacado de su casa, torturado en la calle y rematado de 12 puñaladas. La muerte de Roberto se intentó presentar como un hecho totalmente desvinculado de los acontecimientos del Filtro. El Ministerio del Interior da cuenta de más de 100 civiles heridos graves y varios heridos leves, entre ellos 44 policías, mientras que en el Parlamento el Ministro del Interior, Angel María Gianola, se mostraba compungido porque había sido necesario sacrificar un caballo. Intervino la justicia y en agosto de 1997 a casi tres años de los hechos denominados “La masacre de Jacinto Vera”, el Juez Imas dicta sentencia condenatoria contra el Capitán Jacinto Omar Ojeda, el Teniente Coronel Juan Miguel Rolán (con poder de mando sobre los Coraceros) y los Mayores Héctor Darío Domínguez y Miguel Nery Moura (con poder de mando sobre los Granaderos) como autores responsables de reiterados delitos de lesiones personales graves y gravísimas, fijándoles penas que van desde los doce a los veinticuatro meses de prisión. Como es norma en nuestro país, los militares jamás se hacen cargo de sus acciones y para justificarse o evadir, son capaces de inventar las más burdas mentiras que no resisten el menor análisis. Esta vez no fue la excepción, lo que llevó a que en un aparte de su extenso dictamen el Dr. Imas se preguntara si: “a nadie se le ocurrió que si todos los heridos y el muerto fueron con postas de escopeta de las que usan los grupos policiales, el informe de que las armas no fueron disparadas podía haber sido falso”. Ninguna fuerza policial se hizo responsable tampoco del asesinato de Roberto Facal. Años después recordando los hechos del 24 de agosto de 1994, Josu señala: “El pueblo uruguayo tenía muy asumido lo del derecho de asilo, y no creía que nos expulsarían. La gente se volcó porque creía en ese derecho, aunque la política sea otra cosa distinta. Vieron claramente la injusticia, y la represión por movilizarse contra ello fue verdaderamente dura. Aunque lo agradezcamos mil veces, nunca será suficiente”.