Esta boca es de todos: Extranjeros

Por Liggia Giordano Carbone

VOTO

El Senado aprobó un proyecto de ley para estudiar la habilitación del voto en el exterior a través de de la interpretación de los artículos 77 y 81 de la Constitución, y de la creación de una comisión que evaluará la forma en que este debería implementarse. El voto de los uruguayos en el exterior siempre ha sido un anhelo de la izquierda. El 25 de octubre de 2009, junto a las elecciones nacionales se realizó una consulta popular. En esa instancia los uruguayos tenían dos opciones: poner en la urna la papeleta del Sí o llamarse a silencio. Solo 37% de los votantes apoyó el proyecto que permitía “el voto epistolar (por correspondencia)” y facultaba a la Corte Electoral a “instrumentar otros mecanismos”, según el texto que figuraba en la propuesta. La igualdad es uno de los argumentos centrales entre los que defienden el voto en el exterior. Ya que hoy en día no hay nada que prohíba el voto de los uruguayos que viven fuera de fronteras, siempre y cuando puedan acceder a viajar hasta el territorio nacional. De esta forma se genera una inequidad, ya que el derecho al voto estaría discriminando entre condiciones socioeconómicas. Lamentablemente, dadas las últimas acciones del FA, es posible sospechar que este tipo de acciones llevadas a cabo por los legisladores oficialistas, sea solamente una manera de garantizarse un cuarto gobierno.

ARATIRI

La minera india Aratirí, perteneciente al grupo minero Zamin Ferrous, se radicó en el país en 2007, cuando comenzó a realizar prospecciones. En 2010, Presidencia de la República informó a través de su página web que en la triple frontera de Durazno, Treinta y Tres y Florida la empresa encontró cuatro yacimientos de hierro de entidad suficiente para ser explotados. El texto hablaba de una inversión de U$S 2.000 millones, que luego treparía a U$S 3.000 millones, la más grande de la historia del país. Uruguay, como dueño del mineral, participaría de esas utilidades en un 3% del total. La megaminería a cielo abierto es una actividad altamente contaminante. Diversas organizaciones sociales se movilizaron en contra por el temor a los daños ambientales. A esto se le sumó la intención de construir un puerto de aguas profundas -el primero del Cono Sur, que recibiría barcos de hasta 19 metros de calado- en la costa oceánica de Rocha, primero en el paraje La Angostura y luego cerca de La Paloma, al que el material llegaba tras recorrer un mineroducto de 212 kilómetros de largo. La presión social de la población hizo mella en las reglamentaciones jurídicas. Entonces la promulgación de la ley 19.126, que regula la minería de gran porte, en setiembre de 2013, marcó un antes y un después. En su artículo sexto indicaba que para que un proyecto sea aprobado, debería realizarse un estudio de impacto ambiental completo, una audiencia pública y un análisis del impacto urbano. Y además, el interesado “deberá contratar una auditoría para evaluar el estudio de impacto ambiental, a efectos de su presentación durante la tramitación de la autorización ambiental correspondiente”. Esa auditoría “deberá ser realizada por una empresa con capacidad y experiencia a nivel internacional probada en la materia, según propuesta aceptada previamente por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, aunque su resultado no será vinculante para la Administración”. Finalmente esta reglamentación y la baja del precio del hierro -reconocido por la propia Aratirí- tuvieron incidencia en la viabilidad del proyecto. Pero ahora la minera acusa al gobierno uruguayo de “cambiar las reglas del juego” y demanda al Estado en 3.536 millones de dólares. Esta empresa extranjera tiene su sede en un paraíso fiscal y no tenía antecedentes como minera propiamente dicha. Este caso es una muestra más del manejo poco serio del gobierno frenteamplista con respecto a las inversiones. La irresponsabilidad se hace patente cuando en nombre del país productivo y confiable para los inversores, se abre la puerta a empresas especuladoras. Sin importar si la población termina como rehén del modelo extractivo y la pérdida de soberanía.