Esta boca es de todos: Políticas que no dejan lugar a dudas

Por Liggia Giordano Carbone

INISA

La presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Gabriela Fulco, dijo que no tiene esperanzas de lograr la rehabilitación de todos los menores infractores que pasan por el organismo que dirige. Desde que está al frente del Inisa (2015), la jerarca contó que ha recibido adolescentes con un nivel de deterioro sociocultural tan alto que le “impactó mucho”. Narró que, en ocasiones, los jóvenes “no tienen vocabulario o (...) su lenguaje es tan escaso que se mueven con apenas diez o veinte palabras, o con sonidos guturales”. En este sentido, Fulco responsabilizó también al sistema educativo por el abandono y marginalidad de los menores. Dijo que muchos de estos menores, que apenas pueden escribir su nombre, llegan al instituto con sexto año de escuela completo. “¿Cómo es posible? Ahí te vas para atrás y decís: ¿qué está pasando en el sistema educativo? ¿Por qué acreditamos Primaria completa a dos jóvenes que no saben más que escribir su nombre y tienen un lenguaje escaso?”. La presidenta del Instituto menciona que hay un profundo quiebre y que hay muchos jóvenes que no tienen esperanzas. Las declaraciones en este sentido parecen ser una manera de justificarse o de escudarse frente a los resultados que se obtienen con respecto a la rehabilitación y la inserción de estos jóvenes en la sociedad. Tal vez la presidenta del INISA recién se da cuenta que el sistema educativo tiene problemas. Pero quizá esto ayude para que en la próxima Rendición de Cuentas se le otorgue el porcentaje de presupuesto que se reclama hace años. Desde el sindicato del INAU se afirma que Fulco debe renunciar. Pero desde nuestra perspectiva el problema no es Fulco. El problema aquí son las políticas del gobierno que profundizan la brecha social. Inclusive la pregunta que surge es ¿qué estuvieron haciendo hasta ahora? Y aún más importante, ¿qué es lo que proponen? ¿UPM? ¿TLC? Preguntas con una respuesta bastante inquietante.

CASARINO

Un hombre y una mujer llegaron en una moto a una pollería ubicada en el kilómetro 3 de Camino del Andaluz. Apuntaron a los clientes y exigieron la recaudación. Se llevaron $ 1.800. Huyeron por un camino vecinal y en la carrera se dieron contra una zanja. Cayeron al suelo y corrieron hacia una cañada cercana. Medio centenar de vecinos los persiguieron. Cuando lograron detener al rapiñero lo golpearon de forma feroz, según se pudo observar en una serie de tres videos que se hicieron virales. En uno de ellos se puede ver a un grupo de hombres vestidos de civil, junto a un curso de agua, que llevan a un sujeto herido y atado. En el segundo video se observa cómo lo colocan contra la orilla y lo golpean. Le pegan patadas y puñetazos en la cabeza. Un vecino le grita mientras golpea con un zapato al ladrón. Le practican un submarino. Y le siguen pegando. Esta escena de brutal violencia ha sido justificada desde varios ámbitos. Se afirma que este tipo de reacciones se dan porque las personas están hartas de los robos, asaltos y rapiñas y como consecuencia deciden hacer justicia por mano propia. Y que esto se debe a que existe omisión por parte del Estado con respecto a la inseguridad. Sumado a esto, se indica que el gobierno no tiene una política clara a este respecto. Sin embargo creemos que esto no es así. El gobierno viene aplicando políticas muy definidas de represión. Han aumentado el presupuesto para los operativos de saturación, el PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa) y la militarización de las funciones policiales. A su vez, se sigue horadando las bases materiales de la sociedad y se siguen generando las condiciones para que aumente la violencia social. Las medidas llevadas adelante hasta el momento son dignas de derecha. Y no hay dudas de que el Estado tiene que estar presente. Pero tiene que llegar mucho antes, asegurando la dignidad y bienestar de la toda la población.