Unidad Penitenciaria Punta de Rieles (Cárcel PPP): ¿Cárcel modelo para la rehabilitación o modelo de

Ayer de levantó la huelga de hambre iniciada el lunes, donde unas 750 personas privadas de libertad que se encuentran recluidas en la novedosa cárcel público privada. Representan más del 80% de la población de la unidad penitenciaria, y reclaman mejorar el régimen de visitas, que se revoque la reciente disposición de prohibir que los familiares ingresen alimentos, y reconsiderar la oferta y los precios de los productos que se ofrecen en el almacén allí instalado, única forma ahora de brindarle algo a los internos.

Un día después, el comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, visitó el centro de reclusión para seguir de cerca la situación, y señaló que los reclamos “han sido planteados de manera muy pacífica, masiva y parecen razonables”. “Estos planteos tienen que ser estudiados debidamente y parecen puntos realmente de ajuste” que deben ser considerados por las autoridades, afirmó. Sin embargo, según supo La Juventud, hasta el momento la posición de las autoridades es de no contemplar los reclamos, puesto que hay un contrato con la empresa que hay que cumplir. Intentamos saber un poco más de qué se tratan estas reivindicaciones de los huelguistas, y nos encontramos con medidas que poco aportan a buscar las mejores condiciones de reclusión para la rehabilitación, sino a un mero negocio. Cuando se trasladaron personas privadas de libertad a Punta de Rieles, aun no estaba en funcionamiento el “almacén” que tiene la empresa dentro de las instalaciones. Para paliar esa situación, se le permitía a los familiares traer alimentos. Pero desde que se puso operativo el servicio, se prohibió esa posibilidad, porque naturalmente perjudica el negocio. El negocio del almacén, no contempla la realidad de la población carcelaria y el contexto socioeconómico de sus familias; ni la calidad ni los precios son adecuados. Varias fuentes reconocieron a La Juventud que la comida que ofrece la empresa dentro de sus obligaciones contractuales, “es muy mala” o “desastrosa”, y se le brinda tanto a los internos como a los funcionarios. Por tanto el ingreso de alimentos es una preocupación cotidiana. Compradores del “almacén” aseguraron por ejemplo que al menos en una ocasión, las empanadas tenían un costo aproximado de $65 por unidad, y la fecha de vencimiento que marcaba el envase estaba excedida hace una semana. Otro ejemplo concreto es el azúcar, que únicamente se ofrece en sobres de pequeñas porciones, también a precios desmedidos. Como el régimen de visitas es de apenas 2 horas un solo día a la semana, si se quisiera dar a un familiar privado de libertad 1kg de azúcar, habría que desembolsar unos $300. Lo mismo sucede con la yerba y otros productos. El contrato solo prevé una porción de comida por persona. La realidad en la Cárcel PPP está mucho más lejana aún de lo que presentaba el gobierno en los discursos. La empresa ya está cobrando por cada plaza disponible, y ahora se aprovecha de la necesidad de la gente con el almacén. Las autoridades no pueden hacer nada porque hay un contrato firmado. Mientras tanto, las condiciones educativas no están ni cerca de las anunciadas y recién meses después comenzaron las posibilidades de trabajo para los internos.

Más Negocio

La cárcel modelo, donde se apostaría a un novedoso ámbito favorable a la rehabilitación, carga a cuestas con 2 muertes, a escasos 6 meses de comenzar a funcionar. Lo decimos así porque la cárcel aún no fue inaugurada, puesto que las obras aún no están terminadas; por eso, de las casi 2.000 plazas que estaban previstas, se encuentran recluidos unas 900 personas. Es que la modalidad de Participación Público Privada, establece que la empresa constructora comenzará a cobrar (con creces) su obra, luego de finalizada. Tal es así, que no solo no cuenta con el personal necesario para atender a los potenciales 1.960 reclusos, sino que el que hay para atender a los actuales 900 es insuficiente. La cuota que la empresa privada comenzó a cobrar, se corresponde por la cantidad de plazas que tenga disponible, más allá que estén ocupadas o no. Si no hay personal suficiente y por tanto no hay más ingresos, cobrará igual. Los conceptos principales son por hotelería; la alimentación y las sábanas de las camas. Esto hace pensar, de la mano del aumento de las penas que se procesan en el Parlamento, que para sacarle el jugo a los onerosos pagos que se erogan al privado, habrá que mantener la cárcel llena, a como dé lugar. Incluso en el contrato, está previsto que pueda sobrepasarse la capacidad disponible; en la cárcel modelo no está prohibido el hacinamiento; simplemente el Estado deberá pagar una multa, un precio mayor por esas plazas.

Reproducir el sistema

El negocio está claro que es redondo para el privado, ¿pero las condiciones favorables para la rehabilitación dónde están? La cárcel fue construida de cero con este objetivo, pero la empresa no parece haber previsto que por todos lados hay elementos totalmente accesibles a los internos que pueden ser transformados en “cortes carcelarios”. Claro está además, que hay un riguroso reglamento en el contrato de qué tipo de reparaciones corren por cuenta de la empresa y cuáles no. El único modelo que se ofrece en Punta de Rieles, es el mismo modelo que hay afuera y que lleva a la gente a terminar delinquiendo: un sistema totalmente injusto, que no contempla las necesidades de las familias y que beneficia leoninamente a los privados, haciendo valer que tienen plata, hagan bien o no las cosas. ¿Y qué decir, si agregamos que el costo supera 3, 4 y hasta 5 veces el costo por construcción pública tradicional, y que el 75% de su inversión es financiada con fondos de las AFAP? Los estudios y seguimientos oficiales del sistema penitenciario, arrojan que las mejores experiencias de rehabilitación se expresan en los centros de reclusión más pequeños. Está claro que la cárcel público privada es un gran negocio para el privado, pero cada vez ofrece más dudas si los intereses públicos de invertir en rehabilitación están contemplados.