Problemas Privaciones y Privatizaciones: Huelga de hambre en la cárcel PPP de Punta de Rieles

Internos reclaman más horario de visitas para ver a sus familiares, que les permitan nuevamente el ingreso de alimentos y denuncian que los precios que ofrece la empresa privada para el abastecimiento de los privados de libertad son demasiado altos para las posibilidades económicas de las familias.

“El pasado lunes (23 de julio de 2018) dio comienzo...” en la nueva cárcel de Punta de Rieles una huelga de hambre con paro de actividades por parte de las personas privadas de libertad de dicho centro penitenciario. La cárcel público privada impulsada por el gobierno progresista, en la que el Estado invirtió más de 90 millones de dólares, sigue generando dudas en cuanto a su funcionamiento y sus futuros resultados. La cárcel lleva varios meses funcionando y al día de hoy alberga aproximadamente 750 internos, pero aún no ha sido oficialmente inaugurada. La mitad de los módulos de la cárcel se encuentran vacíos, debido a la falta de personal de operadores penitenciarios, situación que no fue debidamente prevista por parte del Ministerio del Interior. Sin embargo, la empresa privada se garantiza el cobro por todas y cada una de las plazas disponibles. La otra mitad funciona con recurrentes problemas debido a la falta de personal. El centro penitenciario “modelo” del gobierno ya lleva dos muertes en su haber, en apenas seis meses que lleva abierta, y los problemas parecen acrecentarse. En las últimas horas los internos han comenzado una huelga pacífica, en la que demandan mejoras en el régimen de visitas. Piden más horas para ver a sus seres queridos, ya que solo pueden hacerlo una vez a la semana apenas por dos horas. El ingreso de alimentos por parte de los familiares también es motivo de reclamo, ya que fue prohibido recientemente por las autoridades del centro. Por otro lado, la empresa privada es la encargada de proveer todo lo que se puede comprar, y de ahí radica otra de las demandas: los productos son escasos y demasiado caros para las familias que asisten con gran sacrificio en su mayoría. Por más que el Estado eroga más de 20 millones de dólares anuales al privado durante más de 2 décadas, según se argumenta para garantizar la permanencia de la empresa directamente involucrada, al parecer ni la empresa ETAREY ni el Ministerio del Interior logran percibir que más del 80% de la población carcelaria es proveniente de hogares de bajo poder adquisitivo, por lo que se les hace muy difícil costear, principalmente, los alimentos elaborados que ofrece la empresa.