Taller organizado por la Unidad Popular: La vivienda como derecho y no como mercancía

Las políticas del gobierno en materia de vivienda apuntan al lucro y a favorecen sólo a las clases medias y a los especuladores. Por eso, algo que es un derecho no puede ser un lujo. Por eso, un Plan Nacional de Vivienda Popular se hace urgente.

En el marco de la construcción del programa de gobierno de cara a las elecciones de 2019, la Unidad Popular organizó un taller programático sobre vivienda donde los principales expositores fueron Gonzalo Martínez, diputado suplente de la Unidad Popular, y la profesora Mónica Ramírez, integrante de la bancada de la UP, cooperativista y ex dirigente de FUCVAM. Los panelistas realizaron sus exposiciones centrales y luego respondieron preguntas del público que desafió el intenso frío del viernes y aportó calor al debate. Gonzalo Martínez comenzó su exposición remarcando la importancia de que su fuerza política tome posición en los temas importantes del país. Citó los principales datos sobre la situación actual de la vivienda en el Uruguay. Gonzalo cuestionó la actitud mercantilista de las políticas del gobierno en esta materia. Repasó los altos costos de la vivienda y las dificultades que padecen los trabajadores -principalmente los más jóvenes- para acceder a un techo. Según el censo de 2011, existen unas 48 mil viviendas en asentamientos. Gonzalo dijo que hay que relativizar esas cifras debido al criterio que utiliza el Estado para calificar a una zona como asentamiento. “Donde haya un rancho o dos ranchos, para nosotros ya comienza el proceso de asentamiento”, apuntó, y señaló que actualmente existen asentamientos donde antes no los había, como en el departamento de Treinta y Tres. El 5% de la población total del país, según datos oficiales, vive en asentamientos. En tanto, el 2.3% de los hogares tiene algún tipo de hacinamiento y el 10% de los hogares del país no estaría habilitado para ser habitado. El 6.2% de los hogares no tiene un lugar para cocinar y el 14.5% tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Otro problema es la cantidad de hogares que viven bajo el mismo techo. Las cifras muestran que unas 115 mil viviendas están integradas por dos o tres hogares. “Claramente esto es un problema de acceso a la vivienda, porque algunos querrán seguir viviendo con sus padres o sus abuelos, pero claramente la mayoría lo hace por necesidad”, apuntó. En cuanto a los alquileres, los datos marcan que el 20% de la población, unas 600 mil personas, alquila. El déficit habitacional, según maneja el gobierno, se ubica en el entorno de las 80 mil viviendas. Sin embargo, Gonzalo cuestionó este dato porque no se contemplan las casas con varios hogares o las personas que querrían dejar de alquilar. “A este ritmo de construcción, el Estado tardaría 35 años para llegar a las 80 mil viviendas”, aclara. Gonzalo señaló además que el cooperativismo es actualmente la principal modalidad a través de la cual se construyen viviendas: en los años 2015, 2016 y 2017 se construyeron unas 7000, de esa cifra, bajo el cooperativismo se realizaron unas 4000. Por su parte, Mónica Ramírez abordó en detalle la cuestión vinculada al cooperativismo e hizo énfasis en las tasas con intereses abusivos que se les cobra a las cooperativas de vivienda. “La devolución del dinero del fondo aportado por los trabajadores no puede ser motivo de usura”, explicó. La docente criticó la falta de política con viviendas económicas para los trabajadores y pidió que el capital no sea especulador en esta materia. “Un plan nacional de vivienda para este país se hace urgente”, apuntó. Mónica cuestionó la falta de carteras de tierras para la construcción de viviendas y la actitud del Estado de no llevar los servicios básicos a nuevas zonas habitables. “Pensar en que si no hay más terrenos con servicios no construimos más es la locura más grande que se nos puede ocurrir”, sentenció. Sobre los alquileres, Mónica dijo que, debido a un “sistema perverso”, el inquilino es el más desprotegido porque todas las condiciones las pone el arrendatario. “Hay una serie de cláusulas que hacen que el inquilino sea el más desprotegido cuando en realidad es el usuario de la vivienda”. Acerca del tema de las casas deshabitadas, la ex dirigente de FUCVAM dijo que no existe una política de destino para esas viviendas. En el cierre, se enfatizó en la necesidad de que se restablezca el Fondo Nacional de Vivienda con un 1% de aporte de las patronales y un 1% de aporte de los trabajadores.