Esta boca es de todos Acciones concretas

Por Liggia Giordano Carbone

GÉNERO

A fines del año pasado se aprobó la ley integral contra la violencia de género. Sin embargo, una propuesta presentada en el Parlamento indica que debería postergarse su aplicación, o al menos la de su capítulo 5, que regula los aspectos vinculados con los procesos judiciales, procesos de protección y medidas cautelares que benefician a las mujeres que sufren ese tipo de violencia. El motivo para este pedido de postergación es la falta de financiación. Desde las organizaciones feministas se apunta que efectivamente se asignen recursos necesarios para pueda ser correctamente implementada en todo el país. A su vez, desde el oficialismo se afirma que se debe analizar la Rendición de Cuentas y definir hacia dónde se deben redireccionar recursos. Inclusive se propone hablar con el Ejecutivo, para ver cómo se puede hacer al menos para comenzar a financiar. Hacen falta por lo menos diez millones de dólares para que funcione el servicio previsto de atención a víctimas las 24 horas del día y los 365 días del año en todas las capitales. La cifra reclamada es un tercio de lo que había pedido el Poder Judicial en su mensaje presupuestal para implementar la norma: 950 millones de pesos. Mientras tanto, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Charles Carrera, planteó que el reglamento del Senado una iniciativa para continuar profundizando en la igualdad de género. Su reclamo es que las leyes se redacten en un lenguaje inclusivo “en honor a nuestra vicepresidenta y a las compañeras senadoras que tenemos”, según indicó. El senador afirma que para lograr un cambio cultural profundo en lo que tiene que ver con la igualdad entre los varones y las mujeres, hay que desarrollar acciones positivas en ese sentido. Sin embargo para lograrlo con la sola modificación del lenguaje no alcanza. Las acciones que hacen a la igualdad y la defensa de los derechos son las políticas concretas que se aplican y la asignación de presupuesto. Es allí donde se reflejan las prioridades de un gobierno.

TRATA

Esta semana en el Parlamento se aprobó un proyecto de prevención y combate a la trata de personas. Hace tiempo que desde diferentes organismos internacionales se criticaba que el gobierno no informaba que se hubiera condenado a ningún tratante y que el trabajo para brindar servicios especializados para las víctimas siguió siendo inadecuado y las medidas de prevención habían disminuido. Esta ley viene a cubrir un vacío legal. La iniciativa sancionada recientemente define la trata como la captación, transporte, traslado y acogida de personas por medio de la amenaza y el uso de la fuerza, así como los pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tiene autoridad sobre otra con fines de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, servidumbre o extracción de órganos. Establece mecanismos de prevención, de sanción a los culpables y de reparación a las víctimas. Según datos oficiales, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) atendió el último año a 42 víctimas más, lo que implica un crecimiento del 24% respecto al año anterior. En total, fueron 172 las víctimas de trata que pasaron por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Mides el año pasado, 71 de las cuales eran casos nuevos. A estos se les suman los cerca de 500 casos de explotación sexual de menores que registró el INAU, de los cuales se desconoce en cuántos se configuró la trata de personas. La sanción de esta norma se realizó en medio de un fuerte debate de los parlamentarios. Sin embargo, es ampliamente sabido que la profundización de las penas por sí solo no combaten los crímenes. Cuando escuchamos diversos testimonios de personas que han sido víctimas de la trata, podemos verificar que todas tienen puntos en común. La vulnerabilidad social, los bajos ingresos, la marginación y la pobreza son factores que propician estas prácticas. Son un caldo de cultivo perfecto. Y allí es donde hay que apuntar si se quiere terminar con estos delitos.