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Tren de UPM: El gobierno apura los trámites para cumplir con la multinacional

  • Foto del escritor: La Juventud Diario
    La Juventud Diario
  • 14 jul 2018
  • 2 Min. de lectura

Según informa Radio Uruguay, el gobierno estableció una cláusula en el proceso licitatorio para que la empresa adjudicataria de la obra Ferrocarril Central -el tren de UPM- deba fijar el inicio de la construcción en el mismo momento que se defina la licitación. Con esta decisión, el gobierno busca evitar los inconvenientes que se han generado en otras obras de adjudicadas por la modalidad de Participación Público-Privada (PPP) donde los privados demoran el inicio de obra en sus negociaciones con los bancos o fondos de inversiones que los financian. Solo uno de los proyectos por PPP se ha puesto en funcionamiento, la cárcel de Punta de Rieles. “Debería adjudicarse la obra a la empresa, y cuando la empresa va a hacer esa negociación necesaria para lograr el financiamiento que en algunos casos es por 20 y más años, a la vez tendría que comprometer la fecha de inicio de la obra. Como la ley no tiene previsto esto entonces, la empresa adjudicataria con el organismo financiador muchas veces demoran el acuerdo”, dijo Rossi. Está previsto que las obras del tren para la empresa finlandesa comiencen en enero de 2019 porque, un año después, UPM debe responder si se instala o no y el avance en las obras en el Ferrocarril Central será clave para la respuesta afirmativa. Debido a que el gobierno está apostando desesperadamente a la instalación de la fábrica de celulosa como el único proyecto salvador, necesita que el Ferrocarril Central salga lo antes posible y sin contratiempos. El costo de la obra ronda los 1000 millones de dólares. ¿De dónde saldrá esa plata cuando el gobierno dice que no hay recursos para educación, salud y vivienda? Rossi confirmó hace algunas semanas que se pagará a través de “partidas por disponibilidad”, es decir, lo que cada ministerio no “ejecuta”. También se utilizará el dinero del excedente del Fondo de Estabilización Energética –unos 180 millones de dólares–, dinero que podría servir para bajar las tarifas de UTE del pueblo uruguayo.


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