Esta boca es de todos: Los postergados de siempre
- La Juventud Diario
- 14 jul 2018
- 3 Min. de lectura

Por Liggia Giordano Carbone
SALA 11
La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) a principios de junio visitó el Hospital Vilardebó y a partir de allí denunció la preocupación por la sobrepoblación y el hacinamiento en la Sala 11. En esta sala se encuentran los pacientes que están cumpliendo una sanción penal por orden judicial. El 40% de los pacientes judiciales del Hospital Vilardebó no deberían estar internados pero a pesar de ello, continúan en el centro. El juez tendría tres días para tomar la decisión para que egrese del hospital, pero a veces, por distintas causas, eso se demora más de lo adecuado y genera una estadía prolongada. Esto repercute en esa persona ya que se genera un contexto peligroso, dando lugar a posibles conflictos entre los pacientes. Pero también institucionalizando por periodos demasiado extensos a las personas. A eso se le suma la escasez de cupos disponibles y la falta de lugares para otros pacientes. En el informe dado a conocer por la INDDHH, se expresa que junto a las graves condiciones de habitabilidad, preocupa la naturalización del encierro como práctica de control. Al cumplimiento de una sanción penal se le agregan otros factores de vulnerabilidad, como la pobreza estructural, la desvinculación social y familiar y la judicialización de distintas conductas disruptivas o infractoras. La INDDHH recomendó atenderlos desde una perspectiva multidimensional, integral e integradora comprometida con los derechos humanos. A las condiciones vulnerables en las que ya de por sí se encuentran los enfermos mentales en las diferentes instituciones del país, a eso se le agrega la condición de estar cumpliendo una condena penal. Aquí están involucrados dos segmentos capitales del Estado: la salud y la justicia. Dos “Cenicientas”, que viven con harapos, haciendo malabares con los pocos recursos económicos que se les otorgan.
ARTICULO 188
El artículo 188 del proyecto de Rendición de Cuentas, que se encuentra en discusión parlamentaria, establece que todo paciente tiene derecho a acceder a la medicación incluida en el Formulario Terapéutico de Medicamento, lista que es financiada por el Fondo Nacional de Recursos y gestionada por el Ministerio de Salud Pública. Pero también detalla que “el proyecto excluye cualquier acción o atribución de responsabilidad que no se funde en su incumplimiento”. Esto, según interpreta Juan Ceretta, abogado director del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República y principal representante de los pacientes que le realizan juicio al Estado por este tema, limita las acciones judiciales que reclaman acceso a medicamentos caros. Los recursos de amparo se cursan en casos de medicamentos de alto costo pero también en los casos en que la medicación no es de alto costo pero es inaccesible económicamente para los pacientes. Es decir que aquellas personas de bajos recursos son las que más se perjudican. Los tribunales son el último recurso cuando antes no se garantizó el acceso a un tratamiento médico adecuado. Por su parte, Ceretta declaró que el artículo es “una vergüenza”, además de ser inconstitucional, porque genera una espacio de irresponsabilidad del Estado, porque bloquea el acceso a la Justicia. También niega el ámbito de discusión que los tribunales de justicia proporcionan. “En lugar de enfrentar el problema, se trata de prohibir que los pacientes vayan a la Justicia, es exactamente lo mismo que ya intentaron hacer en el año 2015”, insistió el abogado. Es una realidad incontestable que hay un atraso importante en la cobertura de salud. Los espacios de inequidad son muchos y se está muy lejos de la prestación universal. El Frente Amplio insiste con que a partir del Sistema Nacional Integrado de Salud, se persigue la igualdad. Pero como tantos proyectos, luego de tres periodos de gobierno, todo queda en intenciones. Intenciones que se dan de bruces con la realidad y los hechos concretos. Ya que se sigue beneficiando al gran capital trasnacional y recortando el gasto social. Retaceando presupuesto y postergando una vez más a los sectores más vulnerables de la sociedad.
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