Sin agua y sin voz

7 jul 2018
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Ya es de público conocimiento los objetivos que tiene este Gobierno con respecto a las privatización de los bienes naturales, sin ir más lejos la Ley de Riego, que tan poco difundida fue y tan rápidamente se decretó, pura y exclusivamente con intereses personales y beneficio de unos pocos, ahora nos encontramos luchando para poder derogarla organizándonos y juntando firmas. Claramente el interés por el agua es muy grande por parte de las multinacionales, que además de querer hacerse de ella, ya han provocado una gran contaminación en la misma, perjudicando directamente a cada ciudadano y al medio ambiente. Hace unos días, del mismo modo que la ley anterior, sin difusión y rápidamente, se emitió un decreto del poder ejecutivo, el 24 de abril último (115/018) el cual establece una subordinación, es decir, plantea que la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) perteneciente al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) pase a tener una especie de control sobre las autorizaciones y estudios que se hacen sobre la calidad del agua. Ante esta situación un grupo de investigadores universitarios pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la UdelaR está pidiendo la anulación del mismo, en primera instancia porque es inconstitucional, ya que afecta la Ley Orgánica de la Universidad, la cual establece que los investigadores universitarios tienen la obligación de investigar y dar a conocer los temas de interés nacional, como por ejemplo la calidad del agua. Actualmente dichas tareas de investigación son libres, pero ante esta situación solamente podrán ser realizadas con previa autorización y bajo el control de DINARA. No solamente perjudica a las investigaciones de la UdelaR, sino también a DINAMA, ya que no podrá realizar ninguna investigación sin que esta dirección les de la autorización correspondiente. Es lógico que el MGAP quiera tener un control sobre las investigaciones ya que la agricultura y el uso y abuso de los agrotóxicos es uno de los factores principales del mal estado del agua. Entre los puntos planteados también debemos destacar algunos de los requisitos adicionales del Decreto Reglamentario: compromiso de no dar a publicidad cualquier tipo de información, especialmente de los datos obtenidos, sin autorización expresa de la DINARA, compromiso de embarcar a su costo los técnicos que la DINARA determine durante el desarrollo del programa a fin de controlar las actividades previstas del mismo, indicar objetivos generales y específicos que persigue el proyecto de investigación, identificación de las especies hidrobiológicas que se pretende extraer, indicación de las actividades ambientales a desarrollar, entre otros. La DINARA ya cuenta con antecedente en materia de acceso a la información pública; tiempo atrás se negó a entregar datos de su área a una investigadora que preparaba su tesis de doctorado, ignorando resoluciones de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP). En ninguna parte del mundo y mucho menos en nuestro país se ha establecido un decreto mordaza. La calidad del agua es de interés nacional, nuestro mayor bien natural, y aquí se nos está quitando el derecho de conocer e investigar su estado. Debemos luchar para revocar Este decreto inconstitucional que impide a nuestros investigadores informar al pueblo sobre la calidad del agua. La impunidad sobre el uso y abuso de nuestros recursos naturales por parte de las multinacionales y latifundistas se consolida, ya que esta barrera impide el acceso al conocimiento. El progresismo es el cómplice de los contaminantes nacionales y extranjeros, el decreto presidencial es el cumplimiento de los deberes internacionales. Es de esperar que vengan por más, que las próximas acciones de las plantas de celulosa y demás emprendimientos de este modelo agrave la alarmante situación de nuestro medio ambiente.