Deudores del BHU: Piden que se suspendan las ejecuciones y que no se reajuste la UR en setiembre

Se sienten discriminados y piden soluciones concretas ante los remates de sus viviendas. Atraviesan una situación desesperante.

Los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) buscan justicia ante lo que consideran un trato discriminatorio y una situación desesperante. Es que algunos de ellos fueron pasados a la ANV y pagarán sus deudas en Unidades Indexadas (UI) y no en Unidades Reajustables (UR) como lo hacían hasta ahora. La Unidad Reajustable, creada en el año 1968, se reajusta o calcula en base al Índice Medio de Salarios (IMS), según lo establecen los artículos 38 y 39 de la ley 13.728, parámetro que también creó la misma ley. En tanto, la Unidad Indexada, creada en el año 2004, se reajusta en base a lo que aumenta el Índice de Precios al Consumo (IPC). Los deudores desconocen los motivos por los cuales una parte de la cartera sigue pagando en UR en el BHU y otra parte pasó a la recientemente creada ANV, pasando a algunos de ellos a UI. Entonces, la problemática es que, desde el año 2004 hasta ahora, la Unidad Reajustable (UR) ha subido muchísimo más de lo que ha subido el IPC. Entre otros motivos por la fuerte suba del Salario Real en el Uruguay. Y esto es una muy buena noticia para todos los trabajadores del país pero no para los deudores en Unidades Reajustables. En esa situación de deudores en UR del BHU y ANV hay más de 26 mil familias. En general se trata de la población más añosa, la de menores ingresos, la que ya le dio todo al país; es la que paga más caro el reintegro de la deuda. Es la población que acudió al BHU buscando concretar el sueño del techo propio dado que era la única Institución que ofrecía préstamos hipotecarios. Y la única opción era aceptar sus condiciones: la UR. Pero ese BHU que era un banco social, que atendía las necesidades de la población, que cumplía lo establecido en el Artículo 45 de la Constitución de la República facilitando la adquisición de la vivienda decorosa a todo aquél que cumpliera con los requisitos, redefinió sus roles con la nueva Carta Orgánica del BHU (2007) y dejó de ser un banco social. Estos deudores señalan que hoy son rehenes de la Unidad Reajustable y señalan que se sienten discriminados de aquellos deudores hipotecarios cuyas deudas fueron pasadas a Unidades Indexadas. “Discriminación es violación de la igualdad de derechos, discriminación es un trato desventajoso. Toda discriminación es injusta”, señalan. Afirman que los créditos en UR “han perdido visos de realidad”. “A nadie escapa que las transacciones referidas a las compraventas de los inmuebles en este país se comercializan en dólares americanos. Y aquí se pierde totalmente contacto con la realidad”. La gran mayoría de los deudores en UR no está de acuerdo con la retasación. La base de la discrepancia es que el valor actual de la propiedad seguramente ha variado en tantos años, en función de diversos factores como, por ejemplo, la valorización de la zona, refacciones a la vivienda, servicios (agua potable, supermercados y farmacias, líneas de ómnibus, seguridad, etc). Muchos deudores, debido a la grave crisis económica entre los años 1999 y 2005, debieron refinanciar su deuda (demostrando voluntad de pago) y por ellos se les bajó la cuota, se les aumentó la cantidad de años a pagar y se les modificó la tasa de interés, sumado a multas, moras y recargos. “Sería justo eliminar las multas, moras y recargos generados por dicha refinanciación, reconociendo solamente las cuotas ‘puras’. Asimismo, se podría recalcular la deuda a tasa de buen pagador (4.5%) a quienes en este período perdieron dicha calidad”, reclaman. En el orden internacional, hay varios ejemplos en que se habilitan situaciones especiales que posibilitan la protección y amparo ante lo imprevisto (por ejemplo, suba excesiva del tipo de cambio). En mayo de 2017, España aprobó recientemente una ley que blinda a deudores en situación de vulnerabilidad, con el solo fin de evitar que la gente quede en la calle. Se preguntan si no se piensa reconocer lo recomendado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, ya que ese organismo, en el año 2013, propuso que se propicien mecanismos que permitan restituir la ecuación económica de los contratos, evitando así un enriquecimiento injusto del acreedor, sea Banco Hipotecario del Uruguay o Agencia Nacional de Vivienda. “Es el propio sistema el que debe buscar la forma de reparar el daño causado a esta irritante injusticia”, sentencian.

Los reclamos

En un petitorio que han difundido entre varios gobernantes, piden la suspensión de remates hasta encontrar un nuevo marco regulatorio, argumentando que “todos sabemos que nadie se atrasa con la cuota de su vivienda por gusto. Creemos que quien hoy en día está en mora (son los menos, pero los más complicados) debería tener un plazo de ‘x’ meses para ponerse al día (actualmente no es posible hacer entregas a cuenta para ponerse al día) y poder acogerse así a los beneficios que esta ley les pueda otorgar”. También piden la eliminación de colgamentos 1 y 2 entre los años 1985-1989, explicando que “eliminar los colgamentos 1 y 2, conocidos como “colgamentos Sanguinetti”, generados por decisión unilateral, habiendo dos Proyectos de Ley (2001 y 2011) que tratan específicamente la anulación de los mismos. Asimismo, eliminar los intereses de todos los colgamentos”. Para este punto proponen recalcular la deuda total (incluyendo colgamentos) al 2007, crear una nueva unidad de cobro y un fideicomiso que compre la cartera de deudores en UR del BHU y lo pase a la ANV. Piden también que se revisen las políticas en torno al reintegro del IRPF por pago de cuotas hipotecarias, haciéndolas extensivas a la devolución del IASS. Así como los activos descuentan IRPF por ser promitentes compradores, los pasivos deben tener la misma posibilidad con el IASS. Proponen que hay estímulos al buen pagador. Afirman que quienes se mantuvieron sin atraso deben recibir algún estímulo, por ejemplo, baja en la tasa de interés, rebaja en los gastos administrativos y de escrituración. Se oponen a la retasación debido a que las viviendas seguramente han modificado su valor debido a diferentes factores: refacciones, ampliaciones, revalorización de la zona, mejora en los servicios del barrio. Por último, se oponen al reajuste que se producirá en setiembre de 2018. Como medida inmediata y como muestra de buena voluntad, solicitan que no se aplique el aumento del próximo mes de setiembre (mes en el que reajustan las cuotas en BHU); anular ese ajuste sin que ello implique un colgamento ni un aumento de la deuda.

Poca vivienda

Uruguay es un país que destina solamente un 0.4% del PBI a vivienda. El diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, propuso que el Fondo de Estabilización Energética se destine a vivienda y no al tren de UPM como lo establece el artículo 310 de la Rendición de Cuentas presentada por el Poder Ejecutivo.