Esta boca es de todos Encierro

Por Liggia Giordano Carbone

Treinta y tres reclusos del módulo 12 del penal de Santiago Vázquez (ex Comcar) se amotinaron cerca de las 5 de la madrugada del viernes, minutos después de un intento de fuga. En ese momento tomaron como rehenes a tres policías (dos hombres y una mujer) y a otro privado de libertad. En el lugar se hizo presente un negociador y sobre las 9 de la mañana arribó al Comcar la fiscal Diana Salvo. Sobre las 10:30 horas, los amotinados anunciaron que liberarían a la mujer policía. Y hacia las 14.30 liberaron al resto de los rehenes luego del acuerdo al que se llegó con los reclusos. Sobre la negociación, la fiscal a cargo dijo que “salió todo bien”, pues no hubo personas lesionadas, y que a partir de ahora lo que sigue es investigar eventuales responsabilidades legales de los actores. A partir de este hecho, se pone sobre la mesa el tema de que si se debe ceder a los reclamos de quienes toman rehenes. También se cuestiona si este suceso de violencia es la forma más adecuada de denunciar las malas condiciones en que están los privados de libertad. Básicamente el hecho del pasado viernes deja en claro que como declara el Comisionado parlamentario para las cárceles Juan Miguel Petit, no hemos hecho todos los deberes. Petit afirmó que el tema de las cárceles viene de lejos pero también “va lejos”. De estas últimas declaraciones podemos presumir que este es un asunto complejo que tiene muchas aristas. A su vez, tiene origen en políticas que se llevan adelante desde hace años y han continuado sin ningún cambio esencial. Y que tiene consecuencias en el corto, mediano y aún más, en el largo plazo. Los reclamos puntuales de quienes participaron en este último motín, tenían que ver con la posibilidad de comunicarse con sus familias, con las condiciones en que se daban las visitas y con la alimentación. Este último asunto ha sido ampliamente difundido cuando el año pasado se realizaron denuncias con respecto a la situación de desnutrición de varios reclusos. Los amotinados dejaron en claro su disconformidad con el régimen en el que viven. Las afirmaciones de varios actores involucrados en esta problemática confirman que en las cárceles de nuestro país los presos viven una realidad de violencia y abuso. A la violación repetida de sus derechos más fundamentales, se le suma el aislamiento y el encierro veintitrés horas al día. Desde varios ámbitos se ratifica que estas condiciones no favorecen la rehabilitación efectiva de los reclusos. A esto se le suma que siete de cada diez personas que pasan por el sistema carcelario, luego de cumplir su pena y salir en libertad, reincide. Esto denota claramente que la rehabilitación no es tal en nuestro sistema. Y que las políticas públicas han fallado al momento de ofrecer oportunidades de vida reales y efectivas a estas personas. Sin estudio, sin puestos de trabajo y sin proyectos de vida, no hay muchas opciones para elegir al salir de la cárcel. Los análisis posibles de esta situación pueden ser varios, pero el más acertado debe ir más allá de la forma en que estas personas plantearon sus necesidades y hacer foco en el contenido. La única manera que han encontrado estas personas de hacer oír su voz y que el tema esté nuevamente en discusión, fue una toma de rehenes. Es momento de ocuparnos de esta compleja problemática y no tratar a los privados de libertad como males necesarios sino como integrantes de nuestra sociedad.