Construcción: Inversión Pública, Inversión Privada y Participación Público Privada - PPP

Mientras desde la izquierda se entiende a la inversión pública como salida a la alarmante situación que atraviesa nuestro país en materia de empleo (solo en un año se perdieron 23 mil puestos de trabajo, y más de 42 mil en los últimos 2 años) y la recesión que sufre hace por los menos un año y medio la industria de la construcción, el gobierno del Frente Amplio ha apostado a la participación público privada (PPP) como instrumento privatizador de las obras en infraestructura vial, educación, transporte ferroviario, vivienda y salud, todas áreas estratégicas postergadas presupuestalmente y recortadas en los últimos años.

PPP

Si bien el gobierno ha lanzado llamados a diestra y siniestra, en la actualidad hay 17 proyectos PPP. Uno de ellos es la Unidad de Personas Privadas de Libertad N°1 de Montevideo (la Cárcel “modelo” de Punta de Rieles), que si bien no está terminada, ya está en funcionamiento y por tanto ya se le está pagando a la empresa privada. Otros 2 fueron suspendidos en las etapas previas a su concreción: el “Corredor Vial Circuito 4” por razones ajenas a la OPP, y la “Refuncionalización del Hospital de Clínicas” rechazada en última instancia por el propio Consejo Directivo Central de la UdelaR luego de una gran batalla librada por el movimiento “Todos Por El Clínicas” y la bancada de Unidad Popular. Sin embargo, el Uruguay debió incurrir en los onerosos gastos para los estudios depre factibilidad. Los 14 restantes se reparten en 6 proyectos de corredores viales, 4 de infraestructura educativa, 2 vinculados al transporte ferroviario, 1 a vivienda y 1 a salud; los niveles de avance son muy disímiles y los plazos de todo el proceso hasta la adjudicación ninguno baja de un año, llegando el primero de los proyectos ingresados a comenzar su construcción 5 años después.

Ferrocarril

Los proyectos ferroviarios son bien distintos: el Proyecto Ferroviario Algorta – Fray Bentos (por el cual AFE y el gobierno uruguayo fueron premiados a nivel internacional) va para los 4 años sin haber superado la fase de evaluación de ofertas; mientras el Ferrocarril Central (que está condenado a hacerle el tren a UPM) luego de 6 meses ya tuvo la apertura de ofertas.

La construcción

En 2017, la inversión total se acercó a los 6.800 millones de dólares, colocándose como la tercer actividad -en cuanto a importancia- de la economía del país, que representa el 11,6% del Producto Bruto Interno. Este elemento es crucial para entender la gravedad que tiene la caída en los últimos 3 años de su actividad, y en forma sostenida durante los últimos 18 meses, al igual que la industria manufacturera y la actividad agropecuaria. Si bien la economía (el PBI) crece por encima del 2%, no son las telecomunicaciones las actividades que puedan generar empleos y mejoras de salarios sustantivas para la mayoría de la población. La industria de la construcción, como toda la industria nacional corre grandes peligros; y las intenciones del gobierno en materia de las políticas de comercio internacional con su afán de firmar Tratados de Libre Comercio a mansalva, la condena definitivamente. Como vemos, la construcción es un área estratégica para el desarrollo del país y su economía, y los números muestran el escaso papel que juega el gobierno del Frente Amplio para atenderlo: de los 6.800 millones de dólares invertidos en 2017 en el sector, 4.800 millones de dólares (más del 71%) fueron inversiones del sector privado y por tanto, en función a sus intereses.

Vivienda

La ley de vivienda promovida (antes llamada vivienda de interés social) surgió como la política del Frente Amplio para facilitar el acceso a la vivienda a sectores de trabajo, exonerando de impuestos a las constructoras e intentando bajar los costos del valor de la propiedad. En los hechos, no ha cumplido su cometido y así lo ha reconocido el gobierno: mientras pulularon los proyectos, significaron reducción de costos y por tanto incremento en la ganancia de las empresas constructoras, con valores del inmueble inaccesibles para el grueso de los trabajadores. En algún caso, abarató un poco el valor de compra para sectores de la población que de todos modos accederían a dicha vivienda. Cuando se intentó corregir bajando los topes, entonces se desestimularon las inversiones y casi no aparecieron nuevos proyectos. Así, entre 2011 y 2017 se promovieron 15.000 viviendas exonerando por concepto de tributos 8.500 millones de Unidades Indexadas (UI). El gobierno destinó entonces más de 1.000 millones de dólares para exonerar a las grandes constructoras, en el marco de una inversión total en políticas de vivienda que no alcanzan si quiera al 0,5% del PBI. Así se entiende lo necesario de aprobar el Plan Nacional de Vivienda Popular que presentó la Unidad Popular en el Parlamento, y urgencia de ponerlo en práctica para generar miles de puestos de trabajo al año y dar respuesta a decenas de miles de familias trabajadoras con ingresos entre un salario mínimo y una canasta básica, que hasta el día de hoy se les niega la posibilidad de acceder a una vivienda digna y decorosa.

Fuente: “Revista Construcción” de la Cámara de la Construcción del Uruguay.