Columna Sindicalismo sin ética

Escribe: Prof. Andrés Freire

El movimiento sindical debe ser una herramienta para lograr la emancipación de toda la sociedad, no un instrumento corporativo que termine amparando el abuso de poder, la discriminación, o el acoso. Tengo la costumbre cuando me es posible de revisar varios medios de prensa en forma sistemática; pero el día 24 de Junio, Domingo de San Juan un titular muy llamativo del diario El País atrapó mi atención: “Condenan a un dirigente sindical y a otros tres trabajadores por odio racial” (https://www.elpais.com.uy/informacion/policiales/condenan-cuatro-agredir-trabajador-negro.html). La nota da cuenta de una actuación de la Justicia Penal que culminó con la detención, procesamiento y condena de cuatro ciudadanos por maltratar y agredir de diversas formas a un compañero de trabajo por motivos de odio racial y discriminación religiosa, con el agravante de que es una persona con capacidades diferentes. Los acusados confesaron y se realizó un juicio abreviado que zanjó la cuestión. La nota en cuestión tiene una afirmación gravísima, que reproducimos a continuación: “Al verse involucrado uno de sus delegados, la Untmra dijo que la acusación pretendía “desmantelar” el sindicato, informaron a El País fuentes allegadas al Ministerio de Trabajo.” Prontamente en respuesta a los sucesos la Untmra respondió sacando un claro comunicado repudiando los sucesos y solidarizándose con el trabajador agredido. ¿Hubo quienes en un principio pensaron actuar de otra forma respaldando al delegado sindical ahora procesado? ¿La afirmación que el diario señala en es un invento de una fuente mal intencionada para perjudicar al sindicato? Todo es posible, pero el problema de fondo es otro, y es el que plantearemos a continuación. ¿Qué actitud debe tomar el movimiento sindical frente a situaciones de este tipo o similares? ¿Cómo se debe proceder frente a actos de odio racial, discriminación sexual, acoso, mobbing, manifestaciones de violencia de género, etc., etc.? ¿Cómo se debería actuar cuando se dan escándalos a voces de situaciones que son sabidas y por un motivo u otro estalla y se inician acciones disciplinarias por parte del patrón? ¿Corresponde de alguna forma la defensa de un despedido o sancionado o investigado por este tipo de situaciones cuando son especialmente en el último caso reiteradas? No, bajo ningún concepto. Porque lo que está en juego es la propia esencia de las herramientas sindicales, cuando por acción u omisión se defienden situaciones indefendibles, es el propio colectivo el que está avalando no a las víctimas sino a él o los victimarios, se pone a esta altura ética, y deja de transformarse en una herramienta para la emancipación de la sociedad para volverse en un instrumento meramente corporativo que es luego funcional o instrumental al abuso de poder, el racismo, el sexismo, el acoso, la violencia de género, etc., etc. ¡Y ojo! Somos total y absolutamente garantistas, sabemos que puede haber acusaciones falsas, sobredimensionadas, venganzas disfrazadas de pedidos de justicia. Todo es posible, el problema es que debemos tener en cuenta también múltiples relaciones de poder que son de clase y de género también. Días pasados en el diario Público Juan Carlos Monedero realizaba una afirmación contundente al analizar el fallo de La Manada, una violación colectiva catalogada como “abuso” por la justicia penal y con una pena ridículamente baja, cuyos culpables ya han salido en libertad: “Cuando defendemos las garantías procesales las defendemos contra el poder. Estamos en un Estado de derecho capitalista, colonial y patriarcal que, principalmente, garantiza la propiedad privada, a los blancos y a los hombres, pero que también, porque le hemos obligado, tiene que ser garantista. Pero a esas garantías se les han quedado los tiempos viejos y benefician, como hoy, a monstruos”

(http://blogs.publico.es/juan-carlos-monedero/2018/06/22/que-mas-tiene-que-pasar-justicia/).