Privatizaciones, desmantelamiento, el uso del Estado en beneficio de pocos ¿Renunció Moyal al Direc

Por Cr. Luis Freda Docente efectivo de UdelaR

El sábado pasado se hizo pública la desvinculación de Moyal al Directorio del BROU. Este jerarca había sido denunciado por La Juventud desde 2016, por el sindicato de la banca oficial, y por el diputado Eduardo Rubio en el Parlamento, entre otros. Las denuncias fueron realizadas desde antes que Moyal asumiera como Director en junio de 2016, pese a ello igualmente fue designado.

Todas las denuncias presentadas por distintos medios, en diferentes momentos del tiempo, tienen un factor común: La evidencia de posibles irregularidades, debido al conflicto de intereses entre el beneficio público y el privado. La dirigente sindical del BROU, Lorena Lavecchia, había denunciado públicamente que “tenemos un director cuya empresa también hace la auditoría de uno de los corresponsales a los que les estamos pagando”, y que entre Abitab y RedPagos asciende a más de 1 millón de dólares por mes.

El caso de este Director saliente, es una nueva evidencia o constatación que se está utilizando el proceso de privatizaciones del Estado para su desmantelamiento y para el beneficio de unos pocos. Este proceso desmedido de privatizaciones se hace dando la espalda a las normas legales que protegen y previenen el patrimonio público de estos actos oportunistas.

Concretamente, las normas en materia de función pública establecen que el funcionario público está obligado a distinguir y separar en forma categórica los intereses personales del interés público. Es más, ante la duda de la existencia de un conflicto entre el interés público y el personal, el funcionario público debe informar a su superior. En este caso, que usamos como un nuevo ejemplo, Moyal omitió de informar este conflicto de intereses a sus superiores. En caso de haberlo realizado, respondiendo a las denuncias, el Ec. Polgar o en su defecto el Cr. Astori habrían declarado públicamente que estaban en conocimiento de la situación.

Con menos de 2 años de funciones, presenta renuncia fundamentando que decidió dedicarse a la actividad privada, sus negocios y sus empresas. Difícil de creer; y más difícil de aceptar que no existan respuestas o autocrítica de parte del gobierno, del BROU ni del propio Director saliente frente a los reiterados cuestionamientos.

La normativa anticorrupción, difundida por la JUTEP en sus publicaciones, obliga al funcionario a no usar en beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de la función. Analizando este punto, y conociendo que la empresa Moyal & Asociados audita un corresponsal del BROU que ha incrementado notoriamente sus servicios al Banco, debería ya haber una investigación en curso.

¿Luego de su cese, deberíamos esperar que en el futuro inmediato Moyal no intervenga en actividades vinculadas al negocio bancario? Sí. De lo contrario, no habrá duda que se valió del cargo e información para su beneficio.

La conjunción del interés personal y público está definida como delito en Uruguay. La propia JUTEP en sus publicaciones, de forma ilustrativa, expone este ejemplo: “se trata de un funcionario público que además de su cargo, es propietario de una empresa que contrata con la Administración en la que presta funciones”.

En este caso, que lo muestran como renuncia, era de esperar que el Directorio del BROU ante las denuncias reiteradas, hubiera recabado la opinión de la Junta de Transparencia y Ética Pública, relativa a la aplicación del Decreto 30/003 referido a las Normas de Conducta de la Función Pública. ¿Por qué no se hizo? ¿Quizás se hizo y no se informa? Cualquiera sea la pregunta adecuada a la situación, la respuesta es la misma: el Directorio del BROU y el Ministro de Economía amparan este accionar cuestionado por los ciudadanos.

Es claro que el BROU es un patrimonio de nuestra sociedad; el pilar de nuestra banca nacional del futuro. Desde la asunción de este Directorio se ha desmantelado y privatizado, favoreciendo el negocio de los privados y situaciones de dudosa legalidad. La falta de condena por parte del gobierno con una decisión ejemplarizante, hace pensar que el problema es de raíz.