Industria frigorífica: Hecha la ley, hecha la trampa

Por Anael cardozo

Dirigente sindical del frigorífico Carrasco

El pasado viernes 8 de junio se efectuó un nuevo plenario de la Federación del Cerro (FOICA) en Salto, con una buena participación de los distintos frigoríficos que la integran. La situación actual con respecto al compañero echado del frigorífico Somicar en Salto, planteó la necesidad de profundizar en el entorno laboral y social de ese departamento, buscando llegar e interiorizar a las distintas organizaciones e instituciones que la comprenden. La intervención de los actores políticos que además del contexto actual en Salto, acarrean con esta situación sin elementos contundentes para destrabarlo, más los intereses partidocráticos que siempre deambulan por encima del eterno eslabón más débil, son indefectiblemente caminos para transitar en busca de la mayor difusión del problema. Dos diputados de la bancada del Frente Amplio se acercaron para contribuir en la búsqueda de elementos normativos que proporcionen al trabajador un mayor amparo ante el litigio constante con las empresas. Proyecto de ley que será presentado en el Parlamento para ser homologado, y que consta de una serie de restricciones para las empresas con un pésimo legajo -a pesar de que esta información ya existe en el Ministerio de Trabajo sin repercusión alguna- pero que hoy en día mantienen los diferentes contratos y negocios al margen del mal relacionamiento con los trabajadores o la continua violación de normativas laborales. No vamos a negar que la voluntad de incluir más herramientas legales para proteger el abusivo accionar del aparato empresarial y sus distintos medios de comunicación para tergiversar, sea un elemento sustancial para poder doblegar sus intenciones. Pero es menester plantear algunas cuestiones a raíz de esta propuesta: — Lo primero que no se puede desconocer, es que ya existen elementos legales conquistados por los trabajadores de la industria de la carne en diferentes momentos históricos, hechos que se remiten a la lucha obrera organizada en sus orígenes y que por diferentes circunstancias (primero antidemocráticas) se dejaron de aplicar, estas leyes cayeron en la vacuidad constitucional quedando a la deriva hasta el presente, haciendo caso omiso de su existencia. La ley 10.562 creada el 12 de diciembre de 1944 y la ley 13.552 creada el 15 de octubre de 1966, son leyes de carácter proteccionista que buscaron establecer el compromiso institucional, asumiendo la interdependencia de los actores involucrados para una industria de gran porte y peso para la economía del país. El sentido último aquí descrito fue lo único que perduró, los cambios en el modelo político del Estado supeditados a las nuevas exigencias del mercado fueron desbaratando el sentido precursor de estas iniciativas, entregando el rico patrimonio conquistado en manos de la clase obrera a los grandes capitales extranjeros. Aún hoy hay muchos trabajadores de la industria que desconocen dichas leyes a pesar de la vigencia de sus contenidos. ¿Por qué negar su existencia entonces? — “Hecha la ley hecha la trampa”; el segundo cuestionamiento surge a raíz de esta célebre frase. ¿Cuántos derechos más le hacen falta al trabajador para que la justicia tenga rigor sobre los más poderosos? Por describir alguna, ley 15.530 sobre la ley de huelga, establece parámetros para hacer uso debido de dicha medida, si no se procede -a pesar del cinismo usualmente aplicado por la patronal- como la ley lo manda la medida será un acto de ilegalidad. Los tiempos para cada intervención ministerial sopesan en la espalda del trabajador que intenta doblegar la capacidad que tiene de soportar -a diferencia del asalariado- la patronal. Si se llega a la huelga por las distintas dinámicas que conlleva la relación de pre-conflicto hay elementos normativos que avalan, en caso de no acatar, el uso de la represión policial (hecho que casi se constata el pasado 6 de junio en la planta de Bimbo, ruta 101, por una huelga justificada para el colectivo gremial). — ¿Ahora la ley de derecho a la huelga se contrapone con el artículo 23 de la Constitución? Pareciera haberse puesto en tela de juicio ante el video sobre un hecho aislado que se suscitó en el frigorífico de Salto. Mientras uno goza de un derecho para proteger otro, pareciera que otro derecho, producto de ello, se ve atentado. ¿Por qué se crea la ley de huelga? Por el abuso indiscriminado del patrón que atenta sobre la fuente laboral. La Federación Cerro a evitado volver a recurrir a la justicia, visto que esta última ha dictado siempre a favor del empresario, pero aún así, todos los personajes principales como ser el Ministro de Trabajo, el Intendente de Salto, organizaciones sociales y la fuerza política se han pronunciado en contra del despido al compañero de Somicar. ¿Cómo podemos estar tan errados con un pronunciamiento judicial? ¿Debemos por lo tanto dudar de su jurisprudencia? ¿Es necesario entonces hablar de más herramientas normativas o corregir las ya existentes? Es oportuno aclarar, el gesto de esta fuerza política -más allá de que hace tres gobiernos que con mayoría parlamentaria no han podido cambiar (como era de esperar) los reveses de un sistema pro capitalista- pero que a diferencia de los partidos tradicionales aún se logra amoldar a los reclamos y eso es valorable en su justa medida. Sabemos que hay intereses políticos siempre sobre la mesa que difieren en muchos de los casos con los intereses del trabajador. Y nuestra interna no es la excepción.