Esta boca es de todos Instalando temas en la agenda

Por Liggia Giordano Carbone

SALTO

El jueves de noche, se conoció la noticia de que un almacenero de Salto fue asesinado por un delincuente que intentó robar el dinero de la caja. Este episodio fue la gota que rebasó el vaso para los pobladores de esa zona, y al domingo siguiente, a la tarde, un grupo de vecinos del departamento norteño, cortó la Ruta 3 durante más de tres horas en reclamo de más medidas de seguridad. El incidente trascendió en los medios por el cruce de palabras que tuvieron los vecinos con el jefe de policía de Salto, Oldemar Avero, cuando se intentaba que desalojaran la carretera. “¡No nos están cuidando, nos están matando! No se dan cuenta de que nos están matando de a uno”- se escuchó decir a un vecino salteño. La ciudad asiste a un incremento desmedido de rapiñas y atracos que han costado ya dos vidas de comerciantes en lo que va del año. A eso se suma la muerte de un rapiñero que fue sorprendido en un galpón por el dueño del negocio. A su vez, el jefe de policía dijo que “la situación en Salto es difícil como en todo el país. Salto no escapa a la ola de violencia y aún no está bien ensamblado el nuevo Código del Proceso Penal en las actuaciones de los fiscales con nosotros (...). Han cambiado las reglas de juego y debemos tener otros comportamientos”. También expresó que este código es “mucho más benévolo” que el anterior, y mucho más garantista. En diciembre pasado, el jerarca había declarado que en Salto “hay varios barrios considerados de contexto crítico”, de los cuales cinco están “feudalizados”. “Eso quiere decir que no ingresan ambulancias, ni taxis, ómnibus, ni ningún otro servicio público”, aseguró. El cuestionamiento al gobierno por la creciente ola de violencia se escucha desde diversos sectores de la población. Los trabajadores, los empresarios, los dirigentes políticos de la oposición y los propios dirigentes frenteamplistas hablan de la “seguridad” a diario. Pero no es casualidad que este tema esté tan ampliamente insertado en la opinión pública. De la mano de la instalación del tema, viene el pedido de más represión y “mano dura”, favoreciendo la idea de que la manera de combatir la violencia es atacando sólo sus consecuencias y naturalizando los paulatinos recortes de las libertades y derechos individuales.

RUSIA

Miguel Zuluaga, encargado de la seguridad de la selección uruguaya de fútbol, ha sido vinculado con delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar en nuestro país. Zuluaga había realizado actividades como subcomisario en diversas reparticiones de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) de la época. Varias organizaciones sociales que nuclean a las víctimas y familiares del terrorismo de Estado, se manifestaron públicamente y solicitaron la desvinculación de Zuluaga de la selección. Finalmente la Asociación Uruguaya de Fútbol comunicó que se había llegado a un acuerdo con el ex subcomisario de la DNII y no sería enviado a Rusia. El abogado de Zuluaga, manifestó que en este caso hay “un manejo de escrache social”. También apuntó que “acá hay intereses particulares para obtener una venganza, pero esa venganza no puede ser contra una persona que, en su trabajo, fue correcto”. Es frecuente escuchar que con respecto a la última dictadura, hay temas que no están saldados y que la población uruguaya se debe una conversación profunda al respecto. Sin embargo, cuando escuchamos ciertos discursos nos damos cuenta que todavía hay personas que quieren negar lo que sucedió en esos oscuros años. Este negacionismo tiene su origen en que aún esperamos verdad y justicia. La única manera de saldar este tema es derogando la Ley de Caducidad y yendo a fondo con las investigaciones sobre el papel de todos y cada uno de los militares y civiles involucrados en esa época.