Dr. Martín Fernández (Ielsur) Cárcel PPP de Punta de Rieles reproduce la lógica de las peores experi

Desde que existe la figura del comisionado parlamentario los informes anuales sobre la situación carcelaria van en la misma línea, señaló Martín Fernández, abogado integrante de Ielsur; “microprácticas destacables dentro de la política penitenciaria, pero grandes deudas”. Si uno mira hacia atrás “desde la salida de la dictadura la situación, con alguna excepción, viene de mal en peor”, dijo y señaló que “las mejores experiencias casi siempre están vinculadas a lugares pequeños, con poca gente, donde los trabajos se pueden desplegar con mayores herramientas y con más cercanía”. El abogado cuestionó que entonces, y bajo la evidencia de que por el contrario las peores experiencias se dan en los megaestablecimientos, se haya construido un centro de 1900 plazas en Punta de Rieles. “Es significativa” la decisión del Ministerio del Interior de construir esa cárcel, “cuando todo te dice que vayas a lo chico, a lo que se puede gobernar de mejor manera y evita grandes despliegues”. Fernández señaló que “desde la gestión diaria, de rancho, de la comida, hasta las visitas; en todo hay microvulneraciones de derechos de las personas privadas de libertad, que van generando un clima de violencia”. Y señaló el argumento de la necesidad de un cambio cultural como condición para que los políticos realicen las reformas que deben hacer, según las reiteradas recomendaciones y señalamientos internacionales.

Modificaciones al CPP

En esta entrevista con Visión nocturna, Fernández analiza el último informe de Juan Miguel Petit sobre la situación del sistema carcelario en 2017, elevado recientemente a la comisión de seguimiento del tema en el Parlamento. Y señala que las perspectivas son malas si se aprueban las modificaciones propuestas por el Ministerio del Interior sobre el nuevo Código del Proceso Penal, particularmente en relación a la prisión preventiva como medida cautelar obligatoria. “Se desnaturaliza el proceso acusatorio porque el fiscal y el juez pierden autonomía”, afirmó. “El mensaje del legislador es: `usted fiscal, usted juez, no tiene criterio para aplicar la prisión preventiva. Entonces yo le voy a decir cuándo la tiene que dar´”. (tomado de Radio Uruguay)