Columna Colocan placas pero sigue la impunidad

Por: Darío Camilo Perdomo Departamental 26M San José

Días pasados la Cámara de Diputados terminó de aprobar por mayoría un proyecto de ley que reconoce a las víctimas de terrorismo de Estado que generó violaciones a los Derechos Humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales desde el año 1968 cuando se instauran las Medidas Prontas de Seguridad hasta febrero de 1985. Este acto, que pretende recuperar la memoria histórica reciente, significa un paso pequeño en ese sentido ya que el mejor acto de memoria histórica que podría realizarse, el más grande posible sería conquistar definitivamente la verdad y la justicia y terminar de una vez por todas con la impunidad. Esta semana, en las cercanías de la ciudad de Libertad, se inauguró un Memorial en homenaje a los presos políticos que estuvieron recluidos en ese centro de detención de máxima seguridad, entre el 1° de octubre de 1972 y el 10 de marzo de 1985. Un portal entreabierto de 15 metros de altura, obra de Lejtreger y Olascoaga, recuerda a los 2.872 presos políticos que pasaron por ese establecimiento en la dictadura. En el presente, en general se tiende a lamentar el desconocimiento sobre todo de las nuevas generaciones sobre el pasado reciente de los últimos 45-50 años cuando comenzaba la muerte de estudiantes, cuando se militarizaron algunos gremios y cuando comenzaba el accionar del Escuadrón de la Muerte, surgido de las entrañas del propio Estado. El mes de mayo es particularmente sensible en referencia a los Derechos Humanos, se sigue realizando todos los 20 la marcha del silencio y podremos poner placas y levantar monumentos pero en definitiva mientras sigan libres los que usaron el poder del Estado para secuestrar, torturar y violar, la memoria histórica estará renga porque estará faltando la verdad y la justicia, responsabilidad al fin y al cabo de todos los gobiernos democráticos hasta la actualidad.

En otro orden de cosas, las declaraciones a un medio capitalino del Director Nacional de Policía, Mario Layera alborotaron el avispero. A propósito del aumento de la violencia social que ha sido en este último tiempo tema de conversación en prácticamente todos lados y el aumento del número de homicidios y de la violencia en ciertos asaltos, que a su vez ha sido destacado en los distintos medios de comunicación, estas declaraciones de Layera revelan la incapacidad del Estado para atender el control territorial de ciertas bandas de narcotráfico y desde ya avizora muy pronto, según su criterio, un escenario parecido al de El Salvador o Guatemala.

Más allá de que estas declaraciones contribuyan o se intente sembrar el miedo para justificar un aumento de la escalada represiva, hay ejemplos cercanos en la región como ha ocurrido con la militarización de las “favelas” en Brasil que nos indican que el desarrollo represivo para intentar resolver los complejos problemas de violencia social no resultaría ser el camino más adecuado.

En nuestro país ya hay barrios privados y zonas categorizadas con índices del primer mundo, que en algunos casos no distan más de media hora en auto de otras zonas de alta fragmentación social y extrema pobreza, hecho que contrasta y refleja la desigualdad social en carne viva, como ocurre en la mayor parte de América Latina y partiendo de la base de que las sociedades más desiguales resultan ser las más violentas, en la medida en que no se direccionen decisiones políticas en el sentido de atender estas desigualdades propias del sistema capitalista, la violencia social continuará en aumento. El único camino posible estará dado por el binomio estudio-trabajo como eje estructurante que parte de la base de un cambio de modelo. En definitiva la seguridad más allá de la ausencia del delito estará dada en la posibilidad de tener un trabajo estable con salario digno, poder tener acceso a la educación, a la salud y a una perspectiva de desarrollo que involucre la cobertura de las necesidades básicas del ser humano, aspectos que están en la base de la pirámide.

Con cada crisis económica que ha atravesado el país, los hurtos, los daños, la violencia, la desintegración y descomposición de las capas más bajas y medias de la sociedad han aumentado, la opinión general por tanto discurre en torno a crisis de valores, degradación moral, falta de respeto, ausencia de límites, aumento del consumismo y en general se tiende a pedir más policías, más control, más represión, más medidas punitivas, justamente contra los sujetos que han sido incapaces de hacer ejercer sus derechos más elementales desde la infancia, condenados a vivir en un mundo de marginalidad y necesidades básicas insatisfechas.

Cuando la infantilización de la pobreza tiende a ser mayor, se genera un proceso de concentración de las situaciones sociales más desfavorables en las generaciones más jóvenes, por lo cual es necesario poner el planteo y la discusión en las causas más profundas de esta violencia social, más que en las consecuencias.

Cuando se pauperizan las condiciones básicas para el desarrollo humano, como la educación, la vivienda, el trabajo y por tanto se degradan los valores del individuo en relación al colectivo, se está promoviendo entonces la perversa equivalencia entre el ser y el tener, cuando esto ocurre es cuando los niveles de inseguridad aumentan exponencialmente.

En los últimos años, la población carcelaria del Uruguay, que ha ido en aumento, está enfrentando una situación problemática; el número de personas privadas de libertad supera hoy las 11.000 personas. Con características donde se destaca el hacinamiento, producto del acelerado crecimiento poblacional, además de otras marcadas ineficiencias, una población carcelaria mayoritariamente joven ocupa hoy los lugares destinados para tales fines, incluyendo el Penal de Libertad, aquel que fue centro de detención de máxima seguridad y que albergó presos políticos, allí muy cerquita del Memorial recién inaugurado.