El por qué del Plan Nacional de Vivienda Popular: El problema endémico del acceso a la vivienda para

El problema del acceso a la vivienda en nuestro país es endémico; cientos de miles de compatriotas no tienen posibilidad de tener la casa propia, y más allá de que es un derecho consagrado en la Constitución bajo la responsabilidad del Estado de facilitar las condiciones que lo garanticen, amplios sectores de la población han visto vulnerado este derecho. Diversos legisladores y actores del gobierno han señalado que se hace mucho desde sus programas, pero que por el momento es completamente insuficiente.

El problema de la vivienda

Una alternativa al techo propio es el arrendamiento; el alquiler de la casa es una de las soluciones habitacionales para quienes no tienen resuelto el techo. El precio de los alquileres en nuestro país es altísimo, su peso relativo sobre los salarios es totalmente desproporcionado. Hoy día el valor medio del alquiler de una vivienda pequeña y defectuosa es similar a un salario mínimo nacional; e incluso para quienes tienen salarios un poco mejores, que la porción del sueldo destinada a la vivienda sea del 50%, 40% o hasta 25% es algo impensado en otras partes del mundo. Promedialmente los precios de los alquileres aumentan un 10% anualmente, disparándose aún más luego de los períodos electorales. Con la reforma tributaria que realizó el Frente Amplio, los alquileres comenzaron a ser gravados además con el impuesto a la renta (IRPF) en el orden del 11,5%, y que si bien son sobre el arrendatario, es fácil inferir y comprobar que ello es trasladado al precio, es decir -como en tantos otros impuestos- al consumidor final, o sea a quien no tiene mejor alternativa que salir al mercado a alquilar. Además de que muchos no pueden hacer frente a estos precios, muchos otros ni siquiera cumplen con los requisitos para poder alquilar bajo estos montos abusivos; lo que lleva al hacinamiento en algunos casos, con 2, 3 ó más familias viviendo bajo el mismo techo, o la solución precaria de asentarse irregularmente en los terrenos que puedan, en este caso ya en la precariedad absoluta edilicia y de servicios. Como ha trascendido en las últimas semanas, las cifras de uruguayos que directamente se encuentran en situación de calle abarca a uruguayos por miles, y muchos de ellos por diversos motivos ni siquiera son alcanzados por las políticas sociales del Estado, quienes efectiva y literalmente duermen en las calles.

Iniciativas del gobierno

En un país donde el acceso a la vivienda no está esencialmente en manos del Estado -más allá que tenga sus políticas concretas- sino librado al antojo del mercado –inmobiliario-, el problema de la vivienda tiene varias facetas. Una de ellas es el mencionado precio de los alquileres, donde el Partido Comunista impulsa desde hace años una iniciativa legislativa que intenta regular mínimamente el descontrol total de los precios pero mediante reglamentaciones, sin meterse con la propiedad de los especuladores, donde se originan las desigualdades de condiciones en las reglas del mercado. Otras son la gran cantidad de viviendas abandonadas que son usadas para modificar la relación de oferta y demanda incidiendo directamente en los precios de mercado, donde también hay intenciones desde la fuerza política de gobierno de revertir la situación. Aquí también se enfrentan grandes dificultades si no se aborda el problema de manera integral desde la raíz, pues existe un sinfín de vericuetos legales, y relativos a la refacción, remodelación y reciclaje que entorpecerían la posibilidad de lograr soluciones masivas que reviertan la situación actual, que se arrastra desde hace décadas. A parte, las deficiencias de las viviendas ocupadas existentes, tienen la necesidad también de ser remodeladas o refaccionadas para que puedan ser consideradas realmente como una solución, y no acrecienten el déficit existente.

Déficit habitacional

El déficit habitacional en nuestro país se ubica en el entorno de las 80 mil viviendas, y -según los especialistas en la materia- es necesaria la construcción anual de unas 15 mil solamente para evitar que el déficit se empeore. Los gobiernos desarrollan planes quinquenales de vivienda proyectando las políticas para el período. Tratándose de un problema histórico y endémico, para abordarlo correctamente se debe atender en perspectivas y evaluaciones de plazos al menos medianos. Desde la oposición se ha señalado -por ejemplo- que durante el gobierno del Dr. Lacalle se construyeron más viviendas que en los últimos períodos a cargo del progresismo.

Quinquenio anterior

En el quinquenio anterior (2010-2014), las cifras oficiales indican que el gobierno finalizó durante el lustro un total de 33.151 soluciones habitacionales. Desglosando esta cifras, dentro de las más de 30 mil soluciones se encuentran 11.208 contratos de garantía de alquiler facilitados por el Estado; 7.577 acciones sobre el stock, es decir préstamos para mejoras o ampliaciones; por lo que la construcción de viviendas alcanza a menos de la mitad de la cifra vociferada: 14.366 construidas y finalizadas bajo múltiples modalidades, dentro de las que se incluyen las viviendas terminadas y promovidas en el marco de las exoneraciones previstas por la Ley 18.795, conocida inicialmente como viviendas de interés social, que las propias autoridades gubernamentales han reconocido que no ha resultado como solución para los sectores objetivos a ser beneficiados, sino simplemente un instrumento más para subsidiar a las grandes constructoras y abaratar los precios a sectores que de todos modos ya accedían a la compra de viviendas nuevas. Estas poco más de 14 mil viviendas en el quinquenio pasado lejos de ir en camino a solucionar el problema instalado de vivienda, estuvieron al triste nivel de apenas mantener el déficit existente. Dentro de estas 14.366 viviendas construidas, 1.239 resultaron construidas con inversión privada en viviendas de interés social (247 por año9; 3.707 se materializaron bajo el modelo cooperativo (es decir, un poco más de 740 por año); 2.558 a instancias de empresas constructoras (aproximadamente 500 por año); 795 viviendas por uso y goce para pasivos (unas 159 por año); 90 por autoconstrucción en terreno privado (18 viviendas por año), en las cuales se otorga un préstamos de hasta 230.000 Unidades Indexadas (más o menos 30 mil dólares) a pagara hasta en 15 años con un interés mínimo y la posibilidad de subsidio a la cuota; 4.322 por el programa MEVIR (aproximadamente 864 viviendas nuevas por año); 303 gracias a convenios con intendencias departamentales para la construcción de viviendas nuevas (60 por año, a razón de 3 por departamento); y se completa con la cifra de 1.055 familias relocalizadas, dentro de las cuales implicó en algunos casos obra nueva y en otros la compra de vivienda usada.

Quinquenio actual

En este quinquenio, el plan no está finalizado y las cifras dependerán de la ejecución real de lo proyectado. Sabemos que la mitad gira en torno a las cooperativas de vivienda; pero las cifras de obra nueva finalizada que se obtienen de las rendiciones de cuentas hasta la última que se dispone (año 2016, conocida en 2017) no son muy alentadoras. Las cifras finales del quinquenio -que no hay dudas que se puedan ejecutar-, dependen -además de la gestión- de la asignación presupuestal, lo cual lo deja en una situación incierta, ya que el gobierno no ha proyectado presupuesto para el quinquenio, sino que lo ha hecho anualmente, por lo que las certezas de la concreción para este período son nulas.