Las políticas del FA son para las minorías: Los trabajadores son la mayoría

Este fin de semana, en el portal del diario El Observador se publica una nota donde el director nacional de Policía, Mario Layera, afirma que “un día los marginados van a ser mayoría” y se pregunta “¿cómo los vamos a contener?” Las mayorías, señor director, son los trabajadores, quienes no tienen medios de producción y venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario y, ciertamente, las políticas de este gobierno no van a favor de ellos, van a favor de la banca internacional y del capital financiero.

Para el gobierno frenteamplista todo va bien. Los números internacionales están en orden y, según el relato oficial, nunca los uruguayos habíamos estado mejor. Los organismos de crédito y las calificadoras de riesgo le palmean la espalda al gobierno progresista por hacer bien los deberes y por ser un buen pagador de deuda; por eso continúan ofreciéndole préstamos multimillonarios y el endeudamiento aumenta. A más de 13 años de gobiernos frentistas, y con tasas de crecimiento como nunca antes tuvo el país, las políticas sociales no han logrado reducir la marginación y la fragmentación social. Es posible ver cada día más gente viviendo en la calle; también es posible constatar al aumento de viejos asentamientos y el surgimiento de nuevos en zonas del país donde nunca habían existido. Alrededor de 250 mil personas viven en asentamientos irregulares hoy en el Uruguay. Salarios y jubilaciones de hambre calan hondo entre los trabajadores del país. En el Uruguay del progresismo, y tras varios años de bonanza, aún existen más de 400 mil trabajadores que ganan menos de 20 mil pesos y, después de 30 o 40 años de trabajo, más de 300 mil jubilados ganan menos de 15 mil pesos al mes. En materia de vivienda, los altos precios de los alquileres, los elevados costos de construcción y los bajos salarios han llevado a decenas de familias a tener que ocupar terrenos para poder construir su vivienda. Es que la especulación y el “libre mercado inmobiliario” hacen que los precios de los inmuebles sean inalcanzables para gran parte de la masa trabajadora. En cuanto a la educación, la falta de presupuesto acorde y la ausencia de un proyecto transformador, liberador y profundo han puesto a la educación pública en terapia intensiva. Ante el cierre de fábricas y aumento del desempleo, el gobierno apela a más políticas neoliberales y de entrega de soberanía como la instalación de una nueva planta de celulosa y un Tratado de Libre Comercio que puede ser nefasto para varias áreas económicas del país. Por tanto, es posible concluir que las políticas del gobierno son las que generan el incremento de la violencia social. La violencia es padecida por las clases altas pero más aún por las clases bajas, las cuales sufren la falta de servicios, la exclusión y la marginación social. Ciertamente vivimos en un país cada vez más fragmentado, barrios ricos para ricos, barrios pobres para pobre, escuelas ricas para ricos, escuelas pobres para pobres, salud de calidad para los ricos, salud deteriorada para los pobre. Es que quienes toman las decisiones son las clases altas, y las soluciones a la inseguridad no van a estar pensadas para solucionar el problema de las familias trabajadores. No hay respuestas para los sectores populares, solo represión y aumento de penas. Hoy el FA, sin dudas, está gobernando para los ricos.