A De León lo salvó la joda de las empresas de derecho privado

“…los ejemplos demuestran un uso claramente indebido de la tarjeta”. El fiscal penal especializado de crimen organizado desestimó pedir a la Jueza el procesamiento del ex presidente de ALUR -actualmente Senador de la lista 711- Leonardo De León, por el uso de las tarjetas corporativas de la empresa subsidiaria de ANCAP, que denunció el Senador Pablo Mieres. El fiscal Luis Pacheco solicita “Se tenga presente que no se formulará requisitoria penal contra el indagado Sr. Leonardo De León, por los hechos relacionados con el uso de las tarjetas corporativas de A.L.U.R. S.A., por lo que puede disponerse el archivo de la denuncia, sin perjuicio”, aunque también que “Se cite a nueva audiencia indagatoria al Sr. Leonardo De León, a efectos de ser interrogado acerca de las denuncias relacionadas con su vinculación con el Sr. Daniel Mercado, formuladas en un medio de prensa (Radio Carve), solicitándose la agregación de las mismas, publicadas en la página web de la mencionada emisora”. Esto último se refiere a las 4 cenas que mantuvo con el blanqueador de dinero sucio del PP español y que pagó con las tarjetas corporativas, que actualmente trabaja para una empresa de energías verdes en América Latina. El fiscal estudió la denuncia, coincide en condenar el uso indebido de las tarjetas por parte de De León, pero entiende que no puede ser sancionado penalmente por no ser funcionario público, y destaca que los propietarios de la Sociedad Anónima (ANCAP en un 90% y dirigida por el Frente Amplio) no denunciaron algo que podría haberlos damnificado. “…la Fiscalía estima que no cabe sino concluir en que el entonces Director y Presidente de ALUR hizo un uso discrecional de la tarjeta, y puede decirse -en consonancia con las conclusiones de la JUTEP- que ha incurrido en conductas contrarias al principio de probidad en la función pública, por una despreocupada administración de los dineros que en un 90,79% se trataba de dineros públicos”. Igual que Sendic, “…tratándose del Presidente de la compañía, y directo beneficiario del uso de las tarjetas, pudo y debió promover la aprobación de un reglamento de uso de las mismas (…) con la finalidad de evitar la discrecionalidad y la autoasignación de “gastos de representación” con la que en la práctica se manejaba en el uso de tales instrumentos de crédito corporativo”.