Docentes de la nueva central sindical: La inclusión del gobierno en la educación es a los capitale

En pleno conflicto de maestros y estudiantes de magisterio por una expresión concreta de la política de recortes en la educación que alcanza a las prácticas docentes, la semana previa al 1° de Mayo comenzó con la confirmación de Lucía Topolansky confirmó públicamente que el gobierno no otorgará el 6% del PBI prometido en la campaña electoral. “Nos vamos a acercar lo más posible. El cumplimiento de lo prometido va a estar, porque tender al 6% es eso”, dijo la vicepresidenta de la República.

Al respecto, en un documento elaborado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación, integrante de la nueva central sindical CSGU, manifiestan “una vez más nuestro compromiso con la denuncia de las promesas incumplidas desde las autoridades de la educación y el reconocimiento de los problemas estructurales del sistema que se siguen reproduciendo década tras década”. En ese sentido señalan que “en este 2018 se exigió en muchos centros educativos el incremento de la matrícula con la promesa de crear cargos de adscripción, horas de apoyo y apertura de nuevos grupos, pero después nada de esto se cumplió”. “Por el contrario, se dio una salvaje y alevosa reducción de cargos y de grupos tanto en Secundaria como en UTU, la eliminación de varios miles de horas de Espacio Curricular Abierto en ciclo básico de secundaria, medidas que contaron en algunos casos con la flexibilidad de criterios (sino con la anuencia) de los sindicatos mayoritarios de la educación, entre otra serie de medidas de reducción presupuestal”, agregan. Por eso, “alcanzar el 6 % del PBI que todos los trabajadores de la educación hemos reclamado, sigue siendo una aspiración lejana”. La política de recortes del gobierno que hoy se expresa en todos ámbitos de la administración pública, no viene sola; la falta de presupuesto y los recortes implican vacíos y desmantelamientos que traen de la mano la injerencia de privados, de cuyo lucro se impone la mercantilización de los servicios públicos, y de la lisa y llana privatización. Esto, en la enseñanza reviste de mayor gravedad. En el sindicato afiliado a la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay “vemos con preocupación la proliferación de la injerencia de capitales privados en el sistema educativo público, no solo en la forma de participación público privada (PPP) sino por diversas vías. Se constata que diferentes ONG’s han sido habilitadas por las direcciones de forma inconsulta a ingresar a las instituciones educativas para implementar proyectos”. Por ejemplo, “en esa misma línea injerencista, se ha extendido el sistema de uso de la libreta digital que, por más práctico que sea, aún no cuenta con la debida accesibilidad y representa un alarmante avance de las grandes empresas de software en el manejo y control de la información personal de la población, sin garantías de que esta no se utilice por ejemplo para la venta de publicidad, entre otras formas de explotación comercial”. Agregan que “en esta misma línea privatizadora, ganan terreno en todo el país los liceos gratuitos sustentados económicamente por empresas. Como trabajadores de la educación críticos y reflexivos, estamos lejos de considerar que el sistema educativo en su conjunto funcione correctamente”, se definen desde el STE. Si bien “son muchos los vicios estructurales que existen y es mucho lo que debe cambiar”, los trabajadores de la educación vinculados a la nueva central desconfían “profundamente de todas las iniciativas de reforma que desvíen el foco de la asignación de presupuesto genuino para la educación, como las iniciativas ya mencionadas y la más reciente, llamada “EDUY 21”, con la que se vulneran nuestros derechos como docentes cambiando las modalidades de contratación, convirtiendo a los profesores directores en gestores y recurriendo a supervisores y evaluadores externos para el control de calidad y eficiencia de las instituciones”. Manifiestan que “la educación no es un producto comercial para dejarlo en manos de empresas que lucran con la necesidad de bienestar de la mayor parte de la población. Es un derecho que tiene que llegar a todos por igual. Por eso rechazamos tantos planes y plancitos localizados, la llamada “contextualización curricular” que cada vez se impone más tanto en Secundaria como en UTU. No porque consideremos que los estudiantes sean recipientes vacíos en los que verter conocimientos en la misma cantidad en todos los casos, sino porque nos topamos día a día con un discurso inclusivo falacioso”. Denuncian “que el concepto de inclusión promovido desde las autoridades que llevan adelante las políticas educativas es falaz, porque se le da continuidad en la trayectoria educativa a todos los estudiantes, adaptando los contenidos y los criterios de evaluación a cada población, incluso en algunos planes eliminando la repetición, pero es falso que los estudiantes terminen de esta manera adquiriendo las herramientas aptitudinales y actitudinales necesarias para seguir aprendiendo o trabajar luego de terminado un ciclo. La supuesta inclusión es allí donde se transforma en frustración”, y agregan que “no aceptamos ninguno de los falsos criterios de inclusión educativa que se promuevan desde actores vinculados directa o indirectamente a empresas o vinculados directa o indirectamente a las autoridades de gobierno”. Reivindican que “los actores más genuinos del sistema educativo somos los docentes, los que estamos día a día involucrados con las necesidades de los estudiantes y sus familias, necesidades que también son las nuestras”. “Desde el Sindicato de Trabajadores de la Educación seguimos sosteniendo que las medidas de lucha que estamos dispuestos a apoyar son las más auténticas, las luchas que surjan de las necesidades y problemas de cada centro, con independencia de que las promuevan docentes sindicalizados, no sindicalizados o que pertenezcan a un sindicato o a otro. Decimos una vez más que no nos sumaremos a iniciativas que busquen atraer afiliados a los sindicatos mayoritarios, sino que respondan a verdaderos problemas visualizados y vividos por estudiantes, familias y cuerpos docentes”.