Esc. Germán Cítera: “La bancarización obligatoria es inflacionaria por naturaleza”

Desde esta semana comienza a regir en su totalidad la Ley de Inclusión Financiera. El salario pasa a estar completamente bancarizado en forma obligatoria, al incluirse las retribuciones a quienes trabajan en el servicio doméstico. Ya no podrán pagarse en efectivo las compras de bienes inmuebles y vehículos, cuando el precio supere las 40.000 unidades indexadas, es decir cuando la transacción supere los U$S 5.000.

Consultado acerca de las disposiciones que rigen desde el 1° de abril, El Esc. Germán Cítera, asesor de la Cámara Regional de Empresarios e Industriales del Este, dijo a Radio Centenario que desde el lunes “la ley de inclusión financiera, de bancarización obligatoria con un autoritarismo realmente asombroso del Estado, empieza a regir en su totalidad”. “Desde el año 2014 esta ley de a poco comenzó a aplicarse, y desde el domingo 1° de abril se termina de aplicar completamente”; lo que implica que “empiezan a regir las últimas disposiciones que tienen que ver con la prohibición de realizar en efectivo transacciones mayores a 5.000 dólares”. El también miembro de la Asociación de Escribanos recordó que “ya veníamos de disposiciones que prohibían usar efectivo para pagar sueldos y un montón de otras situaciones, y ahora también se prohíbe el efectivo en transacciones mayores a 5.000 dólares sea cual sea el objeto de la operación”, aunque la mayor parte de estas transacciones obviamente son con automotores y con inmuebles. Cítera considera que “más allá de la obligatoriedad de tener que contratar una cuenta de banco y tener bancarizada nuestra economía, lo que a escala individual es sumamente autoritario e imperativo, la Ley tiene unos problemas de redacción gigantes y unas fallas técnicas enormes”. El escribano que ha oficiado de vocero de la campaña pro plebiscito contra la obligatoriedad de la inclusión financiera, explicó que “la ley solamente se limita a decir que está prohibido usar efectivo para lo que es transacciones mayores de ese monto y establece una serie de formas de pago que están autorizadas: letras de cambio, transferencias, cheques diferidos (cruzados, no a la orden) y dinero electrónico”, pero “la problemática es que no queda muy claro cómo enfrentar situaciones que se dan en la práctica y que la ley no resuelve, pero que hacen a la operativa cotidiana”. Como ejemplo concreto, se refirió al caso de los automotores, en el que los escribanos tienen que resolver cómo hacer con las automotoras cuando se entregan autos usados “porque la operativa histórica, la práctica usual es que uno entrega un auto usado y se lleva uno de la automotora, pagando la diferencia”. “¿Cómo hacemos cuando se retira un coche y se entrega otro como parte de pago?”, se preguntó el notario. “Ahí lo tendríamos que documentar de una forma diferente, lo cual no implica mayores problemas”, expresó. Sin embargo, “la automotora va a tener que hacer el título del auto entregado como parte de pago porque hay que documentar el precio del auto con el que se está pagando, y eso genera cambios para la automotora y para la ciudadanía porque esto va a implicar costos, y ya sabemos que los costos no los van a asumir las automotoras ni los grandes empresarios. Los costos se trasladan siempre al usuario final”, afirmó. En líneas generales, esta La ley de inclusión financiera que se termina de implementar “es inflacionaria por naturaleza, porque nos coloca un intermediario, que es el banco, en todas las transacciones que tenemos los uruguayos de forma obligatoria”. Naturalmente, el objetivo de un intermediario es ganar plata, y “por cada intermediación en la que actúe ese banco va a ganar dinero, por lo que va a encarecer toda la operativa monetaria nacional”. Esto genera más costos, genera inflación, y esto lo paga la gente, razona Cítera. Para los comerciantes y empresarios del este, es escandalosa la cantidad de dinero del trabajo de los uruguayos que se le traslada por ley a los bancos. “Si nosotros sabemos que la facturación de ANCAP son 30 millones de dólares mensuales, y toda facturación debe estar bancarizada porque los usuarios debemos pagar el combustible con tarjeta, y la comisión del banco ronda entre un 2% y un 3% según si es tarjeta de crédito o débito. Entonces, ¿cuánto dinero del trabajo de los uruguayos se están llevando los bancos solamente porque el Estado nos obliga, y no porque el usuario lo decida?”. El esc. Cítera no se anima a estimar una cifra, pero asegura que son cientos de millones de dólares Su oposición es contra el carácter obligatorio de la ley. “Claro que queremos un país moderno, claro que queremos un país serio, con un sistema financiero que funcione, pero que sea opcional”. Respecto a este punto de la obligatoriedad, manifestó que “estamos haciendo un experimento a nivel mundial. No solamente el mundo no va hacia la bancarización obligatoria, sino que está volviendo de la bancarización”. Cítera puso el ejemplo de Alemania, “que tiene los índices de uso de efectivo más grande del mundo y la gente no quiere saber nada con los bancos. Ya fue a los bancos, ya supo qué le pasó, ya tuvieron experiencias, y ya están usando efectivo más que ningún otro país en Europa”, aseguró.