Plan de Vivienda Popular: Hay recursos, falta la voluntad política para que el Estado construya viv

Cuando el martes 13 de este mes de marzo en la Cámara de Diputados se aprobaba el Proyecto de Ley para un Plan Nacional de Vivienda Popular, ingresado al Parlamento en el año 2015 por los representantes de Unidad Popular, se concretaba un paso importante en el objetivo de resolver uno de los problemas más acuciantes -e histórico- de miles y miles de familias con pocos recursos económicos.

Extensa fue la polémica en esa jornada entre los Diputados; mucho esfuerzo incluyó la difusión de los alcances del plan, creciente es el respaldo que el mismo recibe en todo el país desde sectores populares hasta representantes políticos en los 19 departamentos. Uno de los argumentos que se ha manejado entre quienes rechazan el Plan -en su gran mayoría representantes de la fuerza política en el gobierno- es que el mismo no cuenta con financiamiento. Inicialmente se planteó que el 1% del PBI se destinara para la construcción de las viviendas mediante construcción pública, cosa que fue retirada a sugerencia del oficialismo en la Comisión, y que el propio Diputado Eduardo Rubio se encargó de aclarar durante su intervención en el Parlamento. Pero ya se conocen propuestas para poner en marcha la iniciativa, que ahora se encuentra en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores hasta que pase al pleno de la Cámara Alta para su tratamiento. Los recursos no faltan, falta que se tenga voluntad política para destinarlos con el objetivo de construir viviendas para los sectores populares. Y el tema del empleo de los recursos con que cuenta el país y las prioridades que las autoridades de turno fijan para ello, es tema antiguo. En julio de 1992, desde la portada de La Juventud, en las primeras ediciones como diario, se planteaba el tema. Desde el Frente Amplio se denunciaba que una importante suma de dinero destinada a la construcción de viviendas pasaba a rentas generales. “Para mí habrían 3 ó 4 lugares de donde se puede sacar recursos”, señaló el Contador y Docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UdelaR, Luis Freda. “En el 2002 la sociedad tuvo que hacer el gesto de rescatar a los bancos y en ese momento se gastó mucho en ese rescate; es el momento que luego de haber dado todo a los bancos devuelvan aquello que le dimos y paguen un buen impuesto”. El Contador Luis Freda recordó que antes que comenzaran los gobiernos del Frente Amplio “existía un impuesto que se llamaba Impuesto a los activos de las empresas bancarias, el IMABA; el primer gobierno del Frente Amplio derogó ese impuesto”, señaló Freda. “A través de ese impuesto entre el año 1996 y el 2000 en promedio se recaudaba 90 millones de dólares por año y era un sector bancario menor”, agregó el entrevistado. “Hoy se podría restablecer ese impuesto”, señaló Freda. “Le escuché argumentar a un diputado del Frente Amplio que votó en contra del Plan Nacional de Vivienda Popular, que la Agencia Nacional de Vivienda no administra fondos sino que ejecuta política de vivienda pero vamos a informarle a ese legislador que entre el 2012 y el 2016 hay fideicomisos en la Agencia y esos fideicomiso están recaudando en promedio unos 87 millones de dólares por año. Son las antiguas carteras del BHU que a todos nos convencieron que qué estaban fundidas porque la gente no paga. Eso es un esfuerzo que hizo la sociedad para que se construyeran viviendas y entonces eso perfectamente se puede canalizar para financiera el Plan Nacional de Vivienda Popular.

Y lo último que quiero señalar es que el Estado cuando tiene excedentes los coloca en el Banco Central y este le paga tasas importantes que se llaman Tasas de Regulación Monetaria; por ejemplo el Fondo de Garantía para préstamos hipotecarios que administra la ANV, coloca esos excedentes en el Banco Central. Una de las cosas que podríamos proponer es que todas las colocaciones que se hagan en Tasas de Regulación Monetaria de Entes descentralizados y Entes Públicos, un 50% de eso vaya a un fideicomiso y eso se destine al Plan Nacional de Vivienda. ¿Por qué?, porque UTE, OSE , Antel, la ANV , etc, no las tenemos para que coloquen en el Banco Central, sino para que hagan lo que tienen que hacer y si colocan sus excedentes que el 50%, que es plata nuestra, vaya para el fideicomiso”.