Treinta y Tres RESPUESTAS QUE DUELEN

Por Aníbal Terán Castromán

¿Por qué el estado uruguayo puede ayudar a ex presos de Guantánamo y a refugiados Sirios, pero no a una familia uruguaya que tiene que irse de Arrozal 33? Esa pregunta surge cuando uno escucha a Julio de los Santos y Susana Silva. Él es un trabajador recién pre-jubilado por problemas de salud que hacen necesario que cambie de domicilio, objetivo que se le hace hasta ahora imposible a pesar de todos sus esfuerzos. Ella está actualmente con licencia médica mientras se somete a estudios para diagnosticar qué tipo de afección neurológica padece. Ambos junto a Martina, una niña de edad escolar, forman parte de la pequeña población de una peculiar localidad llamada “Arrozal 33”, por el nombre de la empresa a la que pertenece.Está ubicada a unos 35 kilómetros de Vergara, segunda ciudad del departamento de Treinta y Tres, que está a su vez a unos 60 kilómetros de la capital olimareña. “Me han visitado un total de ocho asistentes sociales de distintos organismos públicos. Todas me prometieron ayuda, pero ninguna ha cumplido”, me dice Julio con evidente decepción. “Los médicos calculan que puedo vivir tres o cuatro años más, pero si me quedo acá, voy a vivir mucho menos, porque mis pulmones están deshechos y el ambiente éste del Arrozal es lo peor para mi salud”, agrega. De los Santos padece fibrosis pulmonar y micosis pulmonar, afecciones a las que se suman problemas cardíacos y diabetes. Según informes del BSE la enfermedad pulmonar tiene origen laboral por lo que ya el BPS inició trámite jubilatorio a este trabajador que debería estar domiciliado en proximidades de un centro médico, ya que frecuentemente requiere auxilio respiratorio mediante máscara de oxígeno, además de crisis también frecuentes de diabetes que lo llevan a una descompensación que también exige asistencia médica. El problema de este trabajador es que no tiene recursos como para pagar un alquiler ya que percibe muy escasos ingresos y su señora también trabaja en Arrozal 33, por lo que en caso de mudarse se quedaría sin trabajo.Han intentado buscar ayuda en el MIDES pero no ha recibido una respuesta favorable, tampoco de parte de los servicios sociales de la Intendencia Departamental. La intervención del INDDHH tampoco ha tenido resultados favorables. Tanto para Julio como para Susana, moverse para asistir a consultas médicas en Vergara, Treinta y Tres o Montevideo, significa un enorme esfuerzo físico y económico. Cuesta creer que ni el Ministerio de Vivienda, ni el de Desarrollo Social, ni los servicios sociales de la Intendencia Departamental ni la Institución Nacional de Derechos Humanos, puedan encontrar una fórmula para ayudar a esta familia a alquilar una casa cerca de un centro asistencial. “Si la empresa me paga las licencias que me debe, yo podría comprar una casita prefabricada para irnos a un terreno que me cedieron”, me cuenta, “pero mi abogado dice que el juicio va a demorar años porque la empresa va a dejar correr todos los plazos posibles”, agrega. El caso de esta familia de trabajadores uruguayos, es un ejemplo de una realidad que nos interpela. El universo que abarca es tan amplio como para incluir la discusión del daño a la salud que implica el uso de agrotóxicos, la validez del informe médico que recomienda una jubilación anticipada,la demora de los procesos judiciales cuando se trata de los haberes impagos que reclama un trabajador, la sensibilidad humana de los funcionarios a cargo de la burocracia estatal, la prioridad que un tema como éste puede tener para la dirigencia sindical correspondiente, la difusión que la prensa le da a situaciones como ésta, y seguramente muchos otros asuntos igualmente pertinentes. Pero Julio y Susana no pueden esperar a que esa discusión se procese. Están en una emergencia que el estado uruguayo no parece haber previsto y ante la que se muestra impotente. Lo planteado al comienzo de esta nota me parece cada vez más pertinente: ¿Es justo que un grupo de árabes liberados de Guantánamo reciban la ayuda que les negamos a una familia uruguaya? ¿Es aceptable que les demos casa y mesada a familias sirias que escapan de la guerra mientras no tenemos cómo ayudar a nuestros compatriotas? Las respuestas son demasiado obvias. Todos sabemos que recursos hay, lo que falta es voluntad política. Y también sabemos que como Julio y Susana, debe haber unos cuantos uruguayos que andan golpeando puertas para acceder a la ayuda que necesitan, y no la encuentran. (Quien quiera comunicarse con Julio y Susana lo puede hacer a través del teléfono 098 886 889)