Columna: Alarmas encendidas

Aníbal Terán Castromán

¿Qué pretende el gobierno uruguayo con la contratación de una empresa privada para monitorear las noticias que publican los medios? Apenas se menciona un control de este tipo, se encienden todas las alarmas relativas a la libertad de expresión, valor fundamental en un sistema democrático y republicano. La resolución del pasado 15 de febrero que modifica levemente una similar del 22 de enero de este año, hace un llamado para la “contratación de servicios de monitoreo de medios y relacionamiento estratégico con medios de prensa relacionados con las acciones e iniciativas que lleva adelante la Presidencia de la República”. Se anuncia que “se valorará que la cobertura se realice a la mayor cantidad de medios y de mayor alcance a nivel nacional (19 departamentos) e internacional”. El documento oficial explica que se pretende un “Monitoreo diario de prensa”, agregando que “la categoría decidida por presidencia para realizar el monitoreo contará con conceptos que abarcan distintos temas tales como gobierno, política, seguridad, salud, medio ambiente, drogas, derechos humanos, etc. Es imprescindible contar con la información de lo que esté sucediendo en el sector público y privado respecto a los temas de la agenda presidencial y los sub temas definidos por las unidades dependientes. La información deberá estar disponible las 24 horas los 365 días del año. La primera actualización deberá estar a más tardar a las 08:00 AM. Es necesario relevar todos los medios de comunicación capitalinos, los principales medios del interior del país, del exterior y de las agencias internacionales”. Un aspecto del llamado que ha despertado mayor atención es el siguiente: “Mensualmente a la empresa se le podrán pedir hasta tres informes con el tema que se indique. Los informes deberán presentar un análisis cuantitativo y cualitativo. Deberán señalar fechas, alcance, temas consultados, voceros, los medios en que se publicó, valoración en la agenda mediática y el tono con que se publicaron dichas noticias”. Eso del “tono” con que se publican las noticias, fue mencionado específicamente en un comunicado de ANDEBU, entidad que nuclea a 150 medios nacionales, en el que “expresa su preocupación ante la decisión de la Presidencia de la República de contratar un servicio de monitoreo de medios de comunicación para conocer, entre otros, “el tono” con que se tratan las noticias que interesan al Gobierno y los medios que las emiten”. Se agrega en este comunicado del 23 de febrero que “el mecanismo de monitoreo propuesto en el llamado a licitación, entendido este como un mecanismo de control sobre periodistas, comunicadores y medios de comunicación, puede afectar la forma en que se realiza la cobertura que los mismos brindan a las noticias, eventos e informaciones en la sociedad uruguaya”. ¿De qué forma el nuevo monitoreo puede afectar la calidad y cantidad de información que difunden los medios? ¿Estamos ante una amenaza para el trabajo periodístico? Veamos: Al acercarse tiempos electorales, es evidente que el gobierno busca con este monitoreo mejorar su capacidad de réplica ante las críticas y demandas de la población, de las que se hacen eco los comunicadores en general. La intención es responder lo antes posible a cada denuncia que se difunda por los medios. Ese deseo de ejercer más eficientemente el derecho de réplica no es en sí mismo ninguna amenaza a la libertad de expresión. Pero claramente malo es el uso de dineros públicos para financiar una estrategia electoral tendiente a combatir las críticas para mejorar la imagen del partido de gobierno. ¿Es correcto que todos los uruguayos paguemos un monitoreo que le permita al FA posicionarse mejor para las próximas elecciones? ¿No debería en todo caso pagar el monitoreo el FA con fondos propios? Pensemos en el uso que se le podría dar al monitoreo de medios. Se podría por ejemplo, llevar un registro del volumen de críticas que hace cierto medio o comunicador en particular, y en función de ello establecer un mecanismo de premios y castigos en la forma de contratación de espacios publicitarios. El mensaje sería que quien quiera más publicidad oficial, que critique menos. Muchos tenemos la sensación de que ese mecanismo ya se utiliza, por lo que con este nuevo monitoreo solo se perfeccionaría. En cuanto a los medios electrónicos, es bueno recordar la discrecionalidad con que el poder ejecutivo está facultado para dejar sin efecto la concesión de una onda de radio o de tv. ¿Cuántos empresarios querrán exponerse a perder su negocio por desagradar al gobierno? Respecto al asunto del “tono” con que se publican las noticias, creo que se refiere a la importancia relativa dentro de cada contexto noticioso. Es diferente que un asunto esté destacado como el principal tema del día a que figure como una noticia secundaria. Además la reiteración de un tema es otra forma de destacarlo. Todos los espacios periodísticos tienen temas centrales y es común que se insista en ellos, cosa que no ocurre con los temas secundarios. Debemos presumir que al gobierno le interesa saber cuáles son esos temas reiterativos y centrales de cada espacio noticioso. Sería de descartar otras acepciones de la palabra “tono” que tienen que ver con la utilización de la voz, pues son demasiado específicas a los medios electrónicos. De nuevo, no hay nada malo en que el gobierno quiera saber con mayor exactitud qué temas se repiten y se abordan con énfasis, si su intención es atender críticas y demandas de la población. Lo malo sería que se utilizara esa información para la elaboración de una lista clasificatoria de medios y comunicadores obsecuentes, opositores o moderadamente críticos, para pretender ejercer algún tipo de presión o condicionamiento que beneficie electoralmente al partido de gobierno. ¿Alguien se atreve a garantizar que eso no va a suceder? Personalmente no me molesta que el gobierno quiera saber qué es lo que publico, cuáles son mis temas centrales y cuál es el tono de mis críticas, si su intención fuera tomar mi trabajo como un insumo más para mejorar su gestión. Quien utiliza fuentes confiables y sigue un estilo de seriedad y honestidad, no debería temer monitoreo alguno. Sin embargo, la creación de un control de contenidos noticiosos en los medios es un asunto que debe seguirse con suma atención, pues es alto el riesgo de que se transforme en un mecanismo de presión al servicio de los intereses del partido de gobierno. Por último, creo que este llamado deja mal conceptuado al elenco de periodistas que conforman el departamento de comunicaciones del poder ejecutivo, en quienes el Presidente no confía un trabajo relativamente sencillo. Con las herramientas informáticas hoy disponibles, creo que nada impediría a esos colegas encargarse de esa tarea. ¿Por qué se opta por privatizar un servicio que perfectamente podría atenderse con personal disponible? ¿Beneficiará la licitación a un empresario amigo o familiar de alguna figura de gobierno? Lamentablemente esas preguntas no son descabelladas a la luz de hechos de público conocimiento.