Columna: Educación y derechos humanos

Por Gonzalo Abella Integrante del Coordinador Nacional de la UP

Montevideo, 2018. Según el diagnóstico docente, una niña que había cursado el cuarto grado escolar debía repetir el curso. Los padres de la niña recurrieron ante un juez, el cual falló decidiendo que la niña debía ser promovida. En realidad, la Justicia falló contra la niña. Aunque los padres no siempre lo entiendan, la repetición de un año escolar no es una sanción sino un recurso pedagógico. Con la repetición se busca fortalecer la base de conocimientos necesaria y la madurez requerida para futuros aprendizajes. ¿Cómo se pudo llegar a esta locura? Hace tres años publiqué un libro (“Educación, resistencia y cambio social”) que hubiera deseado no fuese tan profético como lo es. Allí sostenía que el modelo neoliberal que padecemos apunta a disminuir el papel del docente. Nada es casual. El Estado nos espía y nos controla. Bancarización, celulares, internet, autorización al crédito usurario que termina en el clearing, todo lo que nos controla y nos somete se complementa con los cambios en el Sistema Educativo. Se rebaja el rol del educador y se lo amordaza con papeleo, sombras de sumarios y disposiciones grotescas. Todo debe ser “on line”. Para la concepción neoliberal imperante, las nuevas generaciones deben entrenarse, pero no deben tener capacidad para pensar por sí mismas. Sólo en los colegios de élite los hijos de los ricos (y entre ellos, sólo los que tengan esa capacidad) deben leer y reflexionar sobre textos clásicos y contemporáneos y disminuir las horas ante la laptop. Para los demás, la educación debe ser un entrenamiento básico cuyos objetivos son la resignación, la fragmentación de la realidad, la aptitud para retirar de un cajero automático su magro sueldo y navegar, en el mejor de los casos, en la pecera controlada que es internet creyendo que surcan las aguas de un océano de libertad. El sistema adormecedor de conciencias, proveedor de mano de obra dócil para las trasnacionales saqueadoras, cuenta con un solo escollo: la conciencia de los docentes que resisten. Por eso, rebajar su formación y quitarles pensamiento crítico es un objetivo del Sistema, que hipócritamente habla de conferir al docente “nivel universitario” cuando en realidad se trata de rebajar en nivel universitario para todo los hijos de trabajadores que opten por estudios terciarios humanísticos o jurídicos. En mi libro también afirmaba que los jerarcas no se contentan solamente con rebajar la calidad de la formación docente, desmantelando de paso la Educación Rural. Hay una intencional rebaja de la calidad educativa, que se intenta disimular presionando a los educadores para que no dejen repetidores, y así mejorar los indicadores de eficiencia ante los financiadores internacionales. Ahora estos jerarcas dicen preocuparse porque una resolución didáctica queda en manos de un juez. La llamada “Justicia”, les contesta en forma corporativa y autoritaria, recordándoles que “estamos en un Estado de Derecho”. ¿Derecho de quién? La “Justicia” uruguaya, tan quisquillosa para atentar contra el verdadero derecho a la Educación de esta niña, es la misma que tolera una ley (de “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”) mediante la cual otro Poder del Estado la somete, diciéndole a quién puede juzgar y a quién no. El Sistema Educativo (que en nuestro país es público y privado) no es un sistema ajeno al estado de situación, ni al Modelo Económico y Financiero que en nuestro caso se impone desde arriba y desde afuera. Detrás de palabras compartibles (recuperar valores, mejorar los ámbitos de convivencia, cuidar el Medio Ambiente, educar para la Paz) hay intencionalidades que se perciben más claramente en el Presupuesto y en el Plan de Estudio que en las palabras de los jerarcas. Para los que vivimos alguna vez una Educación mejor, es más fácil percibir todo lo que perdimos. Pero le corresponde a las nuevas generaciones, con todo el apoyo que podamos darles, enfrentar a los jerarcas sumisos y a la soberbia del Poder.