Señalan que el Estado entorpece datos de intoxicaciones por agrotóxicos: Comisión medioambiental del
- La Juventud Diario
- 12 feb 2018
- 5 Min. de lectura

El agronegocio ha sido la gran apuesta económica de los gobiernos progresistas, lo cual ha provocado una “contrarreforma” agraria donde la cantidad de tierra extranjerizada se ha disparado como nunca en los últimos años. El 26M sale al cruce de estas políticas proponiendo un modelo alternativo e informando a militantes y a la población en general.
La Comisión de Medio Ambiente “Delia Villalba” del Movimiento 26 de Marzo viene trabajando intensamente desde hace varias semanas. En su última reunión, realizada el pasado sábado 3 de febrero en Kiyú, departamento de San José, se avanzó en la elaboración de un material de difusión sobre salud y alimentación donde se plasma la visión del 26M sobre varios temas medioambientales sensibles. También se elaboró un informe donde se fundamenta la posición del 26 ante la recolección de firmas para derogar la Ley de Riego, campaña apoyada por la Unidad Popular. Sobre este tema, se planteó la necesidad de que los propios miembros de la Comisión participen activamente de la campaña preparando reuniones con las agrupaciones del 26M para difundir los argumentos de la recolección de firmas. Algunos militantes serán designados para trabajar en la propia Comisión en Defensa del Agua y la Vida, comisión que impulsa la derogación de la Ley. En la última reunión se comenzó a elaborar un documento (aún no concluido) donde se definen algunos conceptos clave y se marca postura sobre diversas cuestiones medioambientales.
El agronegocio y los transgénicos
La Comisión llama “agronegocio” a la agricultura en gran escala que incorpora tecnología, maquinaria e insumos como semillas y productos químicos como herbicidas, fungicidas, plaguicidas y fertilizantes. El “agronegocio”, explica el documento, “es un invento del imperialismo y del gran capital multinacional que busca, desde mediados del siglo XX, hacerse dueño de todos los pasos de la producción agrícola de materia prima destinada a la alimentación humana o animal, a la fabricación de combustibles de origen vegetal (mal llamados Bio-combustibles) y a la fabricación de otras materias primas (como, por ejemplo, la pasta de celulosa)”. El material explica que los granos genéticamente modificados autorizados en el Uruguay son Soja y Maíz, y aclara que existen transgénicos de tomates, papayas, canola, etc. que se cultivan en otros países. En materia de transgénicos, se menciona a las grandes empresas que dominan ese negocio como Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, Basf y Novartis, las cuales han desarrollado tipos de semillas que no pueden ser cultivadas sin el paquete de productos químicos que ellas mismas proveen.
Los transgénicos
Una semilla transgénica, explican, “es una semilla modificada artificialmente en un laboratorio para cambiar su genética, es decir su naturaleza. De manera artificial se le introducen genes de especies que no son vegetales como, por ejemplo, genes de bacterias, de peces, es decir de seres vivos que no pertenecen al Reino Vegetal”. El documento explica que esto se produce para hacer que esas plantas sean resistentes a determinados venenos como los agrotóxicos, los cuales entienden que son mal llamados como “productos fitosanitarios”. Un transgénico es resistente a los herbicidas y a los insecticidas con los que se mata todo vegetal e insecto en el campo donde se va a sembrar, matan todo menos la planta que saldrá de la semilla transgénica. Esos agro-tóxicos que matan yuyos, malezas, insectos, etc. son fabricados por el mismo laboratorio que fabricó… la semilla. ¿Y por qué? Para vender la semilla y el químico. Para “preparar” la tierra de siembra, para mantenerla “limpia” de otras plantas o insectos, matando toda la diversidad naturalmente presente, todo lo que está vivo, menos la semilla transgénica. ¿Qué es el “paquete tecnológico”?
El documento explica que, en nuestro país, los herbicidas más conocidos son el Glifosato, el 2,4-D, la Atrazina y el Dicamba, entre otros. Al prepararlos, se les añade otros productos químicos llamados “tensoactivos o surfactantes”, los cuales facilitan la retención y penetración del herbicida, combinación que aumenta la toxicidad del producto. Se aclara que “es muy importante saber que contrariamente a la información que dan los fabricantes, estos químicos son considerados como peligrosísimos y tóxicos para la salud humana”. Se señala que “la mayoría de los países NO cultivan transgénicos y los han prohibido en sus territorios”. Se anuncia que “son miles los científicos en nuestro continente que permanentemente denuncian que esos químicos y esos cultivos están matándonos”. Sobre los insecticidas, se aclara que los más utilizados son el Clorpirifos, el Carbofuran y la Cipermetrina. El Endosulfán, que fue usado durante años y prohibido en 2011, fue sustituido por “neonicotinoides” y “piretroides”. Afirman que todos estos insecticidas son los que causan, año a año, la muerte masiva de abejas y la desaparición de la apicultura en el país. Explican que, además, estos insecticidas matan a todos los insectos que son benéficos para otro tipo de cultivos como los insectos que controlan otras plagas dañinas.
Los fertilizantes
El material aclara que el uso intensivo de la tierra en régimen de monocultivo de transgénicos “empobrece a tal punto la tierra que es necesario usar cantidades de fertilizantes como nunca antes”. Se explica que un tipo de cultivo consume determinado nutriente y siempre el mismo. Por tanto, “la aplicación descomunal de fertilizantes fosfatados y nitrogenados, que se escurren de la tierra hacia los cursos de agua con la lluvia, es responsable del crecimiento de algas verdes y algas azules (cianobacterias, extremamente tóxicas)”. Este fenómeno, que afecta a todos los cursos de agua del país, es conocido como “eutrofización”. Desde un punto de vista biológico, los plaguicidas son biocidas, es decir que matan lo que está vivo, pues no solo matan las plagas, sino también a insectos benéficos, tales como depredadores, parasitoides, polinizadores, aves, peces y otros animales. El uso intensivo de plaguicidas, señalan, crea además resistencia en los insectos, plantas y hongos, por lo que sobreviven a dosis que antes les causaban la muerte. En cuanto a los perjuicios para la salud humana después de 20 años de cultivo intensivo de soja y maíz transgénicos, el documento aclara que, desde fines de los 90 y fundamentalmente durante estos tres gobiernos del Frente Amplio, se ha favorecido el ingreso de capital extranjero, se ha profundizado la desregulación del control y planificación de la agricultura y se han minimizado las inspecciones y los controles. Aclaran que “no hay registro ni seguimiento de los daños ocasionados a la salud humana en nuestro país”. Señalan que los datos de las certificaciones médicas por intoxicaciones y los daños crónicos a la salud han sido entorpecidas por el Estado y sus organismos. “Se intenta así negar los graves problemas de salud ya causados. Sin embargo, temporada tras temporada, varias veces al año sabemos de personas gravemente intoxicadas, barrios donde durante las fumigaciones aparecen cuadros alérgicos severos, enfermedades respiratorias, erupciones cutáneas, enfermedades gastrointestinales, etc. En las cercanías de esos cultivos aumenta la cantidad de cáncer, leucemia, cirrosis hepática, abortos espontáneos y nacimiento de criaturas con graves malformaciones”, puntualizará el documento.
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