Nuestras prioridades: San José combate la Ley de Riego y va por el Plan de Vivienda Popular

De aquella frase de Artigas, “No venderé el rico patrimonio de los Orientales al bajo precio de la necesidad”, al acuerdo suscrito entre la República Oriental del Uruguay y UPM puede decirse que hay un gran abismo. Los compromisos asumidos por el partido de gobierno a requerimientos de UPM para la construcción condicional de una segunda planta en el país significan una entrega de soberanía demasiado importante.

Por: Darío Camilo Perdomo Departamental 26M San José

Uruguay se compromete a invertir en obras de infraestructura, vías férreas, viaductos, carreteras y puentes. Reformas en el puerto de Montevideo con una terminal a construirse que será de “uso exclusivo” de la transnacional que demandará modificaciones de relevancia en toda el área y que contará además con una “zona franca”. Con compromisos de condicionamiento hasta en los planes de enseñanza, la empresa pidió además, como si todo esto fuera poco, un protocolo de prevención y solución de conflictos laborales o sea flexibilización laboral. Toda esta subordinación al capital extranjero a cambio de migajas, unos pocos miles de puestos de trabajo mientras se ejecuta la obra y un supuesto aumento del PBI, pero en definitiva debemos preguntarnos ¿qué es lo que realmente le queda al pueblo uruguayo después de tanta resignación fiscal en beneficio de la multinacional finlandesa? Sobre todo cuando va a ser el propio pueblo el que terminará pagando los más de mil millones de dólares que el Estado invertirá en la infraestructura de esta nueva planta. ¡Cuánto se podría generar para favorecer la producción y el trabajo nacional que hoy atraviesan dificultades con una cifra de esta magnitud!

El Uruguay productivo y solidario que prometía el partido de gobierno quedó en el olvido, quedan cada vez menos pequeños y medianos productores en el campo y, como contrapartida, cada vez más la tierra se acumula en menos manos y en manos extranjeras. El grupo de productores autoconvocados que nace en Paysandú, si bien no plantea una reforma agraria y no está poniendo en tela de juicio el actual “modelo productivo”, termina reclamando en su plataforma rebajas importantes para el gasoil, para las tarifas de energía eléctrica, rebajas tributarias,marca tener cuidado con el atraso cambiario y establece un pedido de austeridad al gobierno donde el despilfarro ha sido moneda corriente. Las Investigadora de Ancap, la de la Regasificadora y la de Asse, entre otras, dan cuenta de ello. Vale recordar que la posibilidad de rebajas en las tarifas de UTE fueron propiciadas y establecidas como posibilidad cierta por los propios integrantes del equipo de gobierno, desde el presidente Tabaré Vázquez pasando por el Ministro de Industria Energía y Minería y otros actores, pero “casualmente” otra vez, nuevamente y como está sucediendo cada inicio de año, el ajuste fiscal vía incremento de tarifas se descarga sobre el lomo de los mismos de siempre. Hasta ahora la respuesta gubernamental para lo que fue la Plataforma de Durazno ha sido catalogada como insuficiente por parte de los autoconvocados, rebajas temporales, mínimas e insuficientes para el marco crítico que hoy tiene la mayoría de los rubros de la producción nacional. Parece muy poco el margen de maniobra del gobierno que ha venido operando con una suerte de “piloto automático” con una hoja de ruta delineada por el FMI y por el Banco Mundial, estableciendo políticas de neto corte neoliberal jugados a la “inversión extranjera directa”, a la que se le brindan todos los privilegios, la Ley Forestal, la Ley de Inversiones, la Ley de Riego, van en ese sentido, la reestructura o mejor dicho “el achique” del Banco República justamente cuando se promueve la bancarización compulsiva, un cúmulo ascendente de políticas marcadamente privatizadoras y una enorme y asfixiante deuda externa por la cual se prioriza el pago de los intereses por ella generados en detrimento de políticas sociales básicas como salud, vivienda y educación tal como se ve en cada Rendición de Cuentas. En este comienzo de año, para la departamental San José del 26M, hay dos temas prioritarios. Uno es el Plan Nacional de Vivienda Popular por construcción pública que ya está próximo a discutirse en el Parlamento. En ese sentido, asociaciones civiles locales como “Quiero comprar mi casa”, que nuclea a más de 500 familias en el departamento, tienen planteado llevar adelante una serie de gestiones a nivel político y en paralelo preparan una movilización para marzo. A propósito, y en referencia a este tema, la departamental decidió establecer un par de actividades: una en Ciudad del Plata y otra en San José de Mayo. Para esta última ya hay fecha establecida, será el viernes 23 de febrero y estará presente Romy Silva en una nutrida agenda por medios de prensa, contacto con distintas asociaciones civiles y un acto abierto sobre la tardecita en Plaza 4 de Octubre. El otro tema refiere a la recolección de firmas para derogar la nefasta Ley de Riego. Como se sabe, el agua es un bien natural finito y vulnerable esencial para la vida. En el año 2004 el pueblo decidió que el agua no fuera una mercancía sino un derecho humano fundamental que debía estar en la órbita estatal. Esta Ley de Riego recientemente aprobada no respeta el principio constitucional de que el agua debe ser prioritaria para consumo humano. La Ley de Riego privatiza el agua, los productores deberán pagar un gravamen y las Sociedades Agrarias de Riego podrán suspender el servicio en caso de incumplimiento. La propia Academia tiene serias observaciones a lo que será la construcción de nuevos embalses con la continuidad de este modelo forestal, sojero transgénico con gran carga de agrotóxicos que desarrollan condiciones negativas para el ambiente, el suelo y el agua.

Por lo tanto, hay que desarrollar conciencia y que la gente firme para poder derogar esta nefasta Ley de Riego, privatizadora, mercantilista, contaminante e inconstitucional, en ello comprometemos nuestro esfuerzo.