Esta boca es de todos El país de papel

Por Liggia Giordano Carbone

LAVADO

A raíz de la orden de extradición que pesa sobre el “sindicalista y empresario” argentino Marcelo Balcedo y todo lo que se ha generado alrededor de éste, se pone sobre la mesa una vez más el tema del lavado de dinero. La gravedad de este tipo de delito es principalmente sus precedentes como el tráfico de drogas y armas. Según la página web de la presidencia el lavado de activos “afecta la soberanía nacional, la integridad del sistema democrático, el orden público, la transparencia del sistema económico, financiero” e inclusive la “paz y la seguridad de los países”. De acuerdo con ciertas figuras del ámbito financiero y económico, en Uruguay existen férreos controles y es prácticamente imposible burlar las normas. El Banco Central observa toda transacción e inclusive se ha creado la Unidad de Información y Análisis Financiero. Sin embargo, los últimos acontecimientos dicen otra cosa. A pesar de los rimbombantes nombres y declaraciones, tanto el pasado caso Sanabria como el reciente de Balcedo nos da una cabal cuenta de la situación real que existe en Uruguay al respecto. El sistema jurídico termina protegiendo este tipo de manejos, respaldando al sistema financiero y los intercambios poco transparentes. Ni que hablar de los vínculos políticos y derivaciones que existen a todo nivel. En nuestro país el gran capital se mueve impunemente y recién nos enteramos de lo que sucede cuando la magnitud del delito es tal y tan evidente que sale a la luz.

TARIFAS

Como ya es costumbre en los primeros meses del año, el gobierno del FA anunció una nueva suba de tarifas. Varios dirigentes del partido de gobierno salieron a defender estas medidas frente al gran descontento de la población y la crítica de la oposición. Argumentan que la suba no es tal, que el salario real ha aumentado y que las tarifas pesan menos en el salario de los trabajadores. Sin embargo los 600 mil trabajadores que ganan menos de 18 mil pesos, seguro piensan lo contrario. Y ni que hablar de los jubilados. También hay que tomar en cuenta que en cuanto a la eficiencia de las empresas públicas y la administración de los recursos, la gestión frenteamplista deja mucho que desear. Como ejemplo, el costo de la energía eléctrica. Según datos del sindicato de UTE, la generación eólica es seis veces más cara que la hidráulica. Eso sí, los parques eólicos están en manos de privados y el Estado uruguayo está obligado por contrato a comprar la energía generada allí aunque no la necesite. Alejandro “Pacha” Sánchez consultado al respecto, afirmó que había que hacer la inversión pero el Estado no tenía los recursos y por eso privatizó este sector. Una perla más en el collar del beneficio al sector privado en detrimento de los intereses de los trabajadores.

THC

El cannabis le ha traído varios dolores de cabeza al gobierno. En la última semana salió a la luz la sospecha de que en las bocas de venta ilegal podría haber trazas de marihuana estatal. O sea que el Estado uruguayo se ha convertido prácticamente en un socio del mercado ilegal. Todo esto a pesar de los argumentos que afirmaban que la legalización era una medida en contra del narcotráfico. Es así que en los hechos podemos comprobar entonces que los organismos especialmente creados como el Instituto de Regulación y Control del Cannabis no funcionan, a pesar de lo que pregonan los dirigentes frenteamplistas. Como ya es frecuente, tenemos un país en los papeles y otro en la realidad.