Editorial- Ley de riego: El agua para las empresas extranjeras y el agro negocio

Lo que está sucediendo con el agua en nuestro país tiene sin duda connotaciones muy amplias, en la economía y en la política nacional, no apreciarlas o hacer silencio sobre ello implica en forma cada vez más notoria, apoyar la política de privatizaciones en curso con la ley de riego o ser cómplice vergonzante de una política, que está trampeando la decisión democrática de una amplia mayoría de los uruguayos que así lo definió en una consulta popular que impidió hace más de una década que el agua fuera privatizada. Hoy no es nada nuevo pero el “relato” de la política oficial para intentar justificar lo que sucede, se torna cada vez más ineficaz, en la medida que la política de gobierno no puede resolver los problemas crónicos de la ciudad y el campo. El paso que ha dado el gobierno hace apenas unos meses y que le ha puesto en evidencia una vez más a quién defiende es la ley de riego que fue aprobada en el parlamento, con el voto contrario de la Unidad Popular por parte del diputado Carlos Pérez que hizo un importante fundamento del voto y de los efectos nefastos de la ley para uno de los principales recursos que tiene nuestro país que es el agua y hoy se ve afectado por la política de privatizaciones y de optimización de los recursos económicos en manos de grandes compañías que pretenden manejar el riego para controlar financieramente la producción de la tierra. No es una novedad que si en el país existe una crisis de enormes proporciones en un gobierno que se ha caracterizado por no ser de izquierda en los hechos, y ha tenido una política social errática, los efectos del deterioro aparezcan como en una gran cascada, que se torna muy difícil de darles contención a lo que sucede. Las políticas extractivas sin cuidado ni criterio utilizadas por los capitalistas enamorados del progresismo están afectando duramente al agua dulce, en forma irreparable pues no solo tiene efectos sobre el clima, sino en la población, el problema largamente anunciado se torna más preocupante pues las medidas hasta el momento son de la más absoluta indiferencia en cuanto a sus efectos. Llama bastante la atención que en el tema que le ha costado un ministro al oficialismo y singulares dolores de cabeza en los últimos tiempos y con repercusiones políticas y sociales de todo tipo, los sindicatos más representativos aun no se han expedido prácticamente en el tema por más que su base social observa y sufre estos problemas observando como el país se va desintegrando socialmente en toda la vida nacional. Con una industria golpeada sin capacidad de recuperación y la producción de alimentos en crisis, y agua privatizada y contaminada seriamente, por los nuevos emprendimientos de industria de celulosa, de forestación y de uso sin freno de contaminantes. Sin embargo el pueblo uruguayo definió hace ya más de una década que el agua es un recurso que no debe ser una mercancía más, ni debe entregarse al capital privado o extranjero como lo ha propuesto actualmente el gobierno nacional. Nuevamente el camino de la defensa del agua está sobre la mesa por las inconsistencias de la política económica gubernamental que ha caído en fuertes contradicciones en el tema, pues las actuales definiciones están muy lejos de las políticas sostenidas algunos años atrás. La defensa del agua es parte de la soberanía nacional.