Productores piden que se deje de fumigar La Armonía: un paraje amenazado por los agrotóxicos y lejo

Lo que pasó en La Armonía, a poco más de 40 kilómetros de Montevideo, es una muestra clara de la contrarreforma agraria que se ha producido durante los gobiernos frentistas. Al gran aumento de extranjerización de la tierra, debe sumarse la falta de controles a las empresas sojeras que contaminan chacras, cultivos y familias.

El jueves 19 de enero de 2017, hace apenas un año y unos pocos días, un productor de la zona de La Armonía, sobre el kilómetro 42 de la Ruta 33, descubrió que sus plantaciones de invernáculo se estaban achicharrando. Tras la realización de estudios técnicos, se pudo comprobar que el agua con que había regado estaba contaminada con altas cantidades de agrotóxicos. Siete productores familiares fueron afectados de la misma manera. Es que un productor sojero argentino lavaba su maquinaria en una cañada de la zona de donde estos granjeros regaban. A partir de ese episodio, se produjo una larga lista de hechos. Recibieron apoyo de diferentes organizaciones sociales y medioambientales, se acercaron políticos, organizaciones gubernamentales y medios de prensa; recibieron una “ayuda” de la intendencia de Canelones que les permitió hacer poca cosa. Pero su producción se perdió toda. Hasta el día de hoy, un año después, casi no pueden plantar nada en sus campos. La tierra que los alimentaba y les daba trabajo quedó casi inutilizada debido a la alta contaminación. El agua de los pozos que utilizaban para tomar también estaba contaminada con herbicida. La Juventud dialogó con Eduardo Casanova, uno de los productores afectados. Eduardo tiene 36 años, vive con su pareja y tienen un bebé de 2 años. Al momento de la catástrofe –como él la llama– tenía ocho invernáculos, cuatro con tomates y cuatro con morrones. Es que para estas familias es una verdadera catástrofe no poder vivir de lo que aman y donde han estado toda su vida: la tierra. La empresa que los contaminó, una sociedad anónima argentina que planta más de 2000 hectáreas de soja en la zona, “continúa trabajando tranquilamente como si no hubiera pasado nada”. Los enormes tractores denominados “mosquitos”, con los que se aplica el herbicida, continúan transitando por la Ruta 33 a cualquier hora y casi sin control, comenta. En diciembre de 2016, tras una intensa lluvia, la empresa aplicó enormes cantidades de un potente herbicida en sus cultivos de soja. A las pocas horas llovió intensamente y eso produjo un escurrimiento del producto químico hacia los causes de agua de donde los productores tomaban para regar. Desde las autoridades gubernamentales les han ofrecido materiales para realizar nuevos invernáculos: nylon y madera; sin embargo, Eduardo señala que eso no soluciona el problema porque es la tierra la que continúa contaminada. “Planté lechuga para probar y no cosecho nada. La tierra está como el primer día”, indicó. Además, la mano de obra para construir los invernáculos le costaría unos 60 mil pesos, cantidad de dinero con la que no dispone. Durante 3 meses estuvieron recibiendo 25 mil pesos cada productor a manera de subsidio. Además recibieron semillas para cultivar, pero las condiciones climáticas y la tierra contaminada provocaron que casi no pudieran cosechar nada. Actualmente, la familia de Eduardo compra agua embotellada para su consumo diario. El productor pidió que sean ayudados con el endeudamiento que mantienen y que se controle las plantaciones de soja a gran escala.

La conferencia de prensa

El pasado viernes, los productores realizaron una conferencia de prensa para mostrar en qué está la situación actualmente. La actividad se realizó en el Club La Armonía, un antiguo club rural ubicado en el quilómetro 43 de la ruta 33, el cual recibió a más de 130 personas de varias partes de Canelones y Montevideo. Cada uno de los productores que integraban el panel orador habló acerca de su experiencia. “Cada uno habló de su experiencia y de lo que está pasando ahora. En mi caso, hace un año que hubo una catástrofe que nos dejó en la calle de un día para otro, quedamos sin producción y sin nada. Vemos que esta gente sigue trabajando tranquilamente y más que el año pasado, este año están plantando hasta la linda”, sentenció. Canelones está catalogado como productor de hortalizas. Los oradores del viernes hicieron énfasis en que el modelo del agronegocio sojero es incompatible con la producción familiar y pidieron que se paren las fumigaciones. Estas no solo han perjudicado directamente sus cultivos sino también su salud.

El caso de Mangangá

En la localidad de Pedernal, en el cruce de la Ruta 12 y la 40, a unos 17 kilómetros de la ciudad de Tala, el agronegocio también hizo de las suyas. En esa zona se encuentra el Club Mangangá, el cual le da un nombre alternativo a la zona. Allí, el productor familiar Diego De Amores, de 38 años, también sufrió las consecuencias de la aplicación de herbicidas. Diego, quien vive con su pareja en un predio de 3 hectáreas, contó a La Juventud que en noviembre de 2017, una plantación de maíz transgénico cercana a su chacra fue fumigada con agroquímicos que escurrieron hacia la fuente de agua de donde él extrae el vital elemento para regar. Eso quemó todos sus cultivos. Diego consultó a un técnico, quien le indicó que sus cultivos habían sufrido una quema por aplicación de herbicida. Los responsables del establecimiento lindero, quienes aplicaron la carga, declararon que habían usado tres potentes herbicidas: 24-D, Lexus y glifosato. En su chacra, Diego produce tomates, morrones y chauchas. El viernes participó en el encuentro de La Armonía, donde expuso su problema. El productor, como muchos otros, continúa aún esperando respuestas de las autoridades. Lo único que ha recibido son 100 litros de gasoil por parte de la intendencia canaria. Consultado sobre si cree que la producción familiar en Canelones es compatible con el agronegocio, Diego fue claro: “No, realmente no. El problema más grande es que aquí se crean las leyes pero nadie controla”. Los pequeños productores hortícolas deben luchar con altos costos de producción, una caída en las ventas, un clima cambiante y ahora el perjuicio del agronegocio.