Trabajadores luchan por el agua y la vida: Juntan firmas para derogar la “nefasta” Ley de Riego

Cuestionan la Ley de Riego porque profundiza el actual modelo productivo y vulnera el principio de dar prioridad al consumo humano de agua. “El agua es de todos, por eso entre todos la tenemos que cuidar”, explicó Carlos Sosa.

Ya antes de aprobarse en el Parlamento, la Ley de Riego promovida por el Poder Ejecutivo generó resistencia y cuestionamientos entre varios sectores sociales. El pasado 18 de diciembre, los trabajadores de OSE, nucleados en FFOSE, lanzaron una campaña de recolección de firmas para habilitar un referéndum que permita derogar esta ley. En el año 2004, el 64% de la ciudadanía votó a favor de que el agua sea administrada por el Estado y se considere un recurso vital, sin embargo, el gobierno decidió impulsar esta ley que privatiza el agua y genera una especie de “mercado de aguas”. La Juventud dialogó con Carlos Sosa, secretario de organización de FFOSE e integrante de la Comisión pro referéndum, quien señaló que consideran que esta ley es “nefasta” porque “profundiza el deterioro del agua en nuestro país”. Además la consideran inconstitucional porque atenta contra el artículo 47 de la carta magna. Sosa explicó que desde el año 2002 en adelante, el Uruguay ha sufrido un impacto ambiental producto del cultivo de soja y maíz transgénico y sus correspondientes paquetes tecnológicos de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. La Ley de Riego promueve el aumento de la productividad y reafirma el modelo de producción actual pero, aclara Sosa, no explica cómo se va a proteger la calidad del agua. Preocupa también la tarifa medioambiental que se establece en el cargo fijo del agua. Sosa señala que, al deteriorarse la calidad del agua, los costos para potabilizarla son mayores y eso lo termina pagando toda población. Otro aspecto que cuestionan los impulsores del referéndum es que se vulnera el principio de dar prioridad al consumo humano de agua. La reforma constitucional aprobada en el 2004 establece en el artículo 47 que la gestión, participación y control de las aguas superficiales y subterráneas debe estar en manos de la sociedad civil y los usuarios. Este artículo también establece que “el agua es un recurso natural esencial para la vida” y que “el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”. Desde la Comisión pro referéndum entienden que la ley aprobada con votos del oficialismo, los partidos tradicionales y el Partido Independiente, atenta contra la establecido en dicho artículo. Otro objeto de cuestionamiento es la participación de inversores que no están vinculados al sector productivo en la administración de las Sociedad Agraria de Riego (SAR). También los preocupa el gravamen que van a tener que pagar de por vida los productores que estén en las cuencas de los embalses. Si no pagan no tendrán agua, afirma Sosa. Plantean que esta ley atenta además contra la permanencia de los productores pequeños en el campo.

La campaña

Cuando lanzaron la campaña, los trabajadores de FFOSE invitaron a otros sindicatos y organizaciones sociales. Es que la tarea es grande. Muchas personas ni siquiera saben de la aprobación de la ley o, de conocerla, no están al tanto de los perjuicios que acarrea. Son necesarias unas 700 mil firmas para habilitar el referéndum. Algunos de los sindicatos que se han sumado a la iniciativa hasta el momento son: la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, Adeom Montevideo, Fenapes, Affur, Suat, Sintep, Aute, Sutel, trabajadores de la banca oficial, entre otros. El apoyo en el interior ha sido importante también. Muchas de las organizaciones sociales que apoyan esta iniciativa han tenido participación importante en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, organización que promovió la reforma constitucional de 2004. “Hemos encontrado mucha sensibilidad en la gente con este tema”, explicó Sosa. Durante la votación en el parlamento, el único partido que votó en contra de esta ley fue la Unidad Popular. Hubo algún legislador del Partido Nacional también votó en contra y algunos legisladores del oficialismo argumentaron en contra aunque terminaron votando por disciplina partidaria. Sosa explicó que pretenden contar con el apoyo de esos legisladores que votaron negativamente en Cámara. Ya han salido al interior del país para difundir la campaña en los medios de comunicación y han repartido papeletas en varios locales sindicales. Pretenden hacer un desembarco en cada departamento para concientizar a la gente y recibir apoyos. También distribuirán afiches, pasacalles y volantes para informar a la población acerca de la campaña de recolección de firmas.

Las papeletas

Sosa explicó que en cada mesa que se coloca existe una papeleta donde el ciudadano que quiera dar su apoyo el referéndum deberá colocar su nombre, firma, credencial cívica y su huella dactilar. Explicó que las 700 mil firmas necesarias deben juntarse antes de octubre de 2018, mes en el que se cumplirá un año de la promulgación de la Ley. Una vez presentadas las firmas, la Corte Electoral tiene 150 días para contar las firmas y llamar a referéndum. “Nosotros tenemos buen ánimo. Creemos que dependerá mucho de nuestra organización y de nuestro empuje para conquistar esta cantidad de firmas”, dijo Sosa.