Declaración jurada: El arma del MSP contra la intermediación lucrativa

La suspensión de la apertura del corralito mutual y la exigencia de presentar una carta que debe aprobar la JUNASA exclusivamente por motivos económicos, de probada mala atención o de cambio de domicilio, no eran suficientes para que los usuarios de la salud pudieran cambiar de prestador, sin estimular la intermediación lucrativa. Ahora la clave está en que la nota tenga forma de declaración jurada.

Tras constatarse la megaestafa al Fonasa, con decenas de procesados y un capítulo de la denuncia por la que se conformó la Investigadora de ASSE dedicado exclusivamente al tema, las autoridades sanitarias llegaron a las fechas de apertura del corralito mutual sin haber resuelto ese oscuro capítulo, y peor aún, sin saber qué hacer para adelante. Por tanto, el Ministerio de Salud Pública no tuvo mejor idea que disponer que los usuarios que deseen cambiarse de mutualista deberán presentar una declaración jurada ante la Junta Nacional de Salud en la que estarán obligados a explicar los motivos por los que pretenden abandonar su prestador actual, informó ayer El Observador. La semana pasada el MSP promulgó el decreto que deja en suspenso la apertura del corralito mutual que previsto para los meses de febrero. Como había adelantado el ministro Jorge Basso en diciembre, solo podrán cambiarse de prestador aquellos que acrediten problemas de atención en su actual mutualista, los que se hayan mudado y quienes por motivos económicos deseen afiliarse a ASSE. La declaración jurada que pide el MSP es un documento legal en el que los interesados deberán manifestar “su libre e informada elección del prestador”, afirma el decreto. El objetivo de las autoridades es evitar la intermediación lucrativa, que ocurre cuando las personas cambian de mutualista porque les ofrecieron dinero para hacerlo, explica el matutino.

Jubilados

Según la información, este decreto también modifica las condiciones para los pasivos que están afiliados a ASSE. Todos los que se hayan jubilado antes de diciembre de 2010 -y hayan ingresado al Fonasa entre 2011 y 2016- deberán cumplir al menos 5años en el prestador público antes de poder cambiarse. Esta nueva regla afecta sobre todo a los jubilados y pensionistas que fueron afiliados a ASSE entre 2014 y 2016. Cuando estos usuarios ingresaron al Fonasa tuvieron 90 días para seleccionar una mutualista y, como no lo hicieron, quedaron en el prestador público de forma provisoria. Quizá se pretende que ya no se vayan de ASSE nunca más.

¿Se puede?

Según el mismo matutino, el abogado constitucionalista Martín Risso sostiene que el decreto es inconstitucional. Esta solución a la intermediación lucrativa, dijo Risso, director del Departamento de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Católica, viola dos principios establecidos en la carta magna: la legalidad y la proporcionalidad. Con la obligación de presentar una declaración jurada para manifestar la voluntad del cambio de una mutualista, “solo se hace más evidente” todo lo expuesto, consideró.