Corralito mutual y traslados en el litoral: Gobierno confirma que investigadora de ASSE defiende la

En 2018 ASSE se hará cargo de los traslados en ambulancia en el litoral del país, por resultar sensiblemente más económico que las tercerizaciones y cortar con irregularidades y corrupción. Las tercerizaciones y gravísimas denuncias puntuales respecto a traslados, son uno sino el más importante de los 7 capítulos que componen la denuncia del diputado Eduardo Rubio y por lo que se conforma la investigadora.

Por su parte el MSP eliminó la apertura del corralito mutual en el próximo mes de febrero para evitar casos de intermediación lucrativa. Mientras la causa está en la justicia y ya hay decenas de procesados, la mega estafa al Fonasa desde su creación y que se descubrió este año es el 7mo. capítulo de la denuncia de Rubio para la investigadora, para determinar las responsabilidades políticas en esta tremenda operación que tiene su origen en las multimillonarias transferencias que hace el Estado a las mutualistas privadas en forma de cápitas, según la cantidad de afiliados. Legisladores oficialistas han intentado desprestigiar la iniciativa de la investigadora parlamentaria, acusando a quienes la impulsan de esconder por detrás la intención de privatizar la salud pública. Por su parte su impulsor Eduardo Rubio, ha manifestado públicamente que su iniciativa es en defensa de la Salud Pública, para que se corrijan las cosas que están mal y se establezcan las responsabilidades políticas que corresponde en serios hechos de irregularidad y corrupción que son generalizados a lo largo del tiempo y en toda la administración. El legislador, quien encabeza la bancada de la Unidad Popular trabajó durante meses con su equipo recopilando, seleccionando y ordenando material surgido de denuncias, auditorías y pedidos de informe, y de entrevistarse y visitar delegaciones de médicos, funcionarios y usuarios de distintos hospitales públicos de todo el país. Aunque el cometido de la Investigadora que fue apoyada por todos los partidos políticos no lo establece, Rubio asegura que confirmándose todo lo denunciado y estableciendo responsabilidades, surge el debate de fondo de a quién favorece el Sistema Nacional Integrado de Salud y el contraste para empezar a trabajar por un sistema único estatal y público de salud. El Frente Amplio impulsó la reforma de la salud en su primer período de gobierno instalando un Sistema Nacional Integrado de Salud, intentando complementar los servicios que brindan los prestadores privados que persiguen el lucro, con los del prestador público, que tiene como cometido garantizar la universalización de la atención sanitaria a la población. De este precepto de complementación entre lo público y lo privado, es que el miembro denunciante de la Comisión Investigadora de la gestión de ASSE, el diputado por la lista 326 de la Unidad Popular, Eduardo Rubio asegura que se habilita una realidad de irregularidades, ilicitudes y algunas de ellas con fuerte apariencia de corrupción de la que está plagada la Administración de los Servicios de Salud del Estado. La mayoría de ellas se expresan en las tercerizaciones, y en los altísimos dineros provenientes de las arcas públicas que son transferidos hacia el sistema privado. Con la última rendición de cuentas, se registra una inversión del Estado en salud de más de 3.000 millones de dólares, de los cuales 2/3 van directamente a la caja de los privados. De los 1.150 millones de dólares restantes que significan el presupuesto de ASSE (aunque atiende a 1.200.000 afiliados), más del 20% se desvía al bolsillo de los privados en forma de tercerizaciones y privatizaciones, tanto por licitaciones como por compras directas.

Traslados

En particular respecto a las ambulancias, hay casos como el del Hospital de Bella Unión, que observado por el Tribunal de Cuentas el servicio de traslados tuvo obligado que ser asumido por ASSE (el llamado SAME 105) y la tercerización está en crimen organizado y en la investigadora ha quedado en evidencia la gravedad de la conjunción del interés público con el privado; y otros casos que aun no han sido abordados en la investigadora pero que están en la lista de casos denunciados, que recién está abordándose en profundidad el segundo. Tras constatarse irregularidades y corrupción, las autoridades de ASSE pidieron en la última rendición de cuentas los recursos necesarios para tomar en sus manos los traslados en el litoral del país. Para ello, tuvieron que demostrarle al Ministerio de Economía que sería más barato hacerse cargo que mantener la tercerización. De los recursos obtenidos, un tercio será destinado a la contratación de funcionarios y un monto similar será destinado en primera instancia para comprar las ambulancias necesarias. Salto, Paysandú, Fray Bentos y Mercedes; serán las bases donde se establecerán las ambulancias, sumándose a Bella Unión que ya está cubierto por SAME 105, como se explicó anteriormente. Pero las mismas también darán cobertura a las localidades cercanas.

Se trancó el corralito

El Ministro de Salud Pública anunció el miércoles un cambio en la normativa que permite a los usuarios cambiar de prestador de Salud. Con la reforma de la salud, desde 2009 se limitó el flujo de afiliados de una mutualista a otra, restringiendo el pasaje a realizarlo dentro del mes de febrero de cada año, para garantizarle estabilidad anual a los privados. Con el propósito de eliminar la intermediación lucrativa que se produce para la captación de afiliados por parte de las mutualistas, el titular de la cartera, Jorge Basso anunció que el próximo año no será abierto el corralito, instalando otro mecanismo para cambiarse de prestador. De esta forma, se siguen cuidando los intereses económicos de los privados, y limitando aun más el alcance del sistema en beneficio de la población. Este cambio implica mayores restricciones para que el usuario decida libremente con quién atenderse. Según el anuncio del Ministro de Salud, ahora sólo podrá cambiarse de prestador por 3 motivos: de carácter económico, por cambio de domicilio o por disconformidad con la atención recibida. El mecanismo será que el usuario soliciten a través de una carta dirigida a la Junta Nacional de Salud (JUNASA) argumentando uno de los 3 motivos, para que el organismo posteriormente evalúe y lo autorice expresamente.